La primera ley de vivienda de la democracia ya es una realidad. El Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros e inicia ahora su tramitación parlamentaria. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez asegura que el acceso a una vivienda digna pasa a ser el quinto pilar del Estado del Bienestar así como “un derecho y no una mera declaración de intenciones en la Constitución”. 

La titular de Vivienda pide consenso porque “esta ley no va contra nadie, sino que favorece a la mayoría, no va contra el propietario, sino contra la especulación”. Sánchez eleva el texto aprobado este martes al mismo nivel que otras históricas leyes socialistas como la ley del divorcio, el matrimonio igualitario, la eutanasia, dependencia o el aborto. “Estas leyes cuentan siempre con el rechazo de una derecha que al final acaba sumándose a sus beneficios”. Por ello, la ministra ha pedido “responsabilidad al resto de formaciones políticas y el apoyo a esta iniciativa tan necesaria”.

De este modo, el Gobierno cumple con quienes no pueden acceder o mantener su vivienda. Es el caso de la juventud que no se emancipa por no tener un lugar al que llamar hogar. La ley también muestra su preocupación por las miles de familias que “han sentido angustia a la hora de pagar un alquiler o una hipoteca” o que no han podido garantizar a sus hijos entornos dignos donde crecer. “El Gobierno se preocupa por ofrecerles viviendas asequibles”.

Entre las principales medidas aprobadas para conseguir este objetivo destacan el fomento de un parque público de vivienda y la imposibilidad de enajenarla. Con ello se consigue que los más débiles no se vean expuestos a la inseguridad material y jurídica que vivieron en el pasado. También se mejorará la coordinación entre jueces y servicios sociales para ofrecer viviendas alternativas en el caso de desahucios a personas vulnerables. Por otro lado, se facultará a la administración competente a habilitar zonas tensionadas “y a que formulen planes de acción para corregir desequilibrios, contengan o bajen precios abusivos o aumenten la oferta”. Los propietarios que rebajen el alquiler de sus viviendas en estas zonas podrán beneficiarse de incentivos fiscales para incentivar alquiler a precios asequibles.

El mercado ha resultado ineficaz a la hora de responder todas estas demandas de la población española. “Los que pregonaron la liberalización solo consiguieron el lucro de grandes agentes inmobiliarios a costa de generar sufrimiento a miles de familias”. La Constitución pide evitar la especulación en su artículo 47, por tanto, “los poderes públicos tenemos que combatirla” para que no impida el acceso a algo básico como la vivienda.