Ponencia marco, 14º Congreso Regional

SERVICIOS SOCIALES

198. CONSOLIDAR Y AMPLIAR EL 4º PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR.

197. Las y los socialistas madrileños defendemos la consolidación y fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales como el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Estos años de pandemia provocada por la COVID-19 han mostrado más que nunca la necesidad de disponer de unos servicios sociales públicos, fuertes, eficientes y coordinados que garanticen a la ciudadanía condiciones de vida dignas, así como la protección, atención y cuidados necesarios.
     
     
198. Estamos decididos y decididas a luchar contra la pobreza infantil y a centrarnos en las personas, de manera transversal, cuyos ciclos vitales presenten vulnerabilidad
     
     
199. Los Servicios Sociales deben ser públicos, universales, equitativos, justos, transversales, próximos, accesibles y cercanos, con perspectiva feminista.
     
     
200. Es necesaria la consolidación y ampliación del Sistema Público de Servicios Sociales, Cuarto Pilar del Estado de Bienestar, del que forma parte el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD).
     
     
201. Es imprescindible la elaboración de un modelo de servicios sociales de la Comunidad de Madrid, que debe ser recogido en una nueva Ley de Servicios Sociales y su desarrollo reglamentario. Este modelo debe elaborarse y tener en cuenta a todos los actores que intervienen en el Sistema, además de avanzar de manera contundente en la modernización y digitalización de los servicios.
     También deberá reforzar las competencias y dotar suficientemente a los Ayuntamientos para prestar servicios de proximidad, presentes en todo el territorio y con capacidad para atender a las diferentes vulnerabilidades de las personas que lo habitan, con prestaciones propias y definidas, evitando que las mismas se articulen de manera subsidiaria de otros sistemas.
     
     
202. Los Servicios Sociales municipales, dada su proximidad y conocimiento de las realidades, han demostrado ser fundamentales en el objetivo de “no dejar a nadie atrás”.
     

EL DESASTRE DE LA GESTIÓN DEL PP.

204. Madrid, es la Comunidad Autónoma más rica de España y, a la vez, una de las regiones más desiguales del país. El crecimiento económico no se traduce en bienestar ni en inversión en políticas sociales. Y ello a pesar de tener cerca de 1,5 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.
     
     
205. La inexistente gestión presupuestaria del Gobierno del PP, con presupuestos prorrogados, ha dificultado aún más la gestión de la pandemia. Ello ha favorecido que se evidencien con mayor virulencia las carencias del sistema autonómico y del gobierno del Partido Popular que no ha sido capaz de reaccionar ágilmente ante las situaciones de urgencia y de necesidad apremiante de las personas y familias más vulnerables de la región.
     
     
206. No existe un modelo de atención a emergencias sociales en la Comunidad de Madrid, cuestión que ha quedado aún más visible en la pandemia, lo que ha dificultado el afrontamiento de la crisis de la COVID-19.
     
     
207. A diferencia de los Gobiernos del PP, que apuestan por políticas que incrementan las esigualdades, abandonando a las personas ante los riesgos económicos, sociales o sanitarios, los y las socialistas nos comprometemos a trabajar para impulsar un desarrollo económico en nuestra Comunidad que sea para todos y todas, mediante políticas redistributivas que combatan la pobreza, servicios públicos de calidad que garanticen atención y cuidados a las personas mayores y con discapacidad, sistemas de protección adecuados para la infancia, y apoyos suficientes a jóvenes y adolescentes en situación de riesgo. En definitiva, un
     desarrollo económico acompañado de bienestar y cohesión social.
     
     
208. La comunidad de Madrid carece de un propio sistema de información de servicios sociales unificado y de un órgano de coordinación interadministrativa formal.
     
     

209. REFUERZO DE LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES
     PÚBLICAS Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

210. Se necesita una mayor coordinación entre las administraciones públicas. La Comunidad de Madrid ha gestionado todos estos años dejando fuera de la toma de decisiones a los ayuntamientos y mancomunidades. Se deben fomentar espacios de participación y codecisión de las políticas públicas autonómicas que tomen en consideración las necesidades y realidades locales.
     
     
211. Trabajaremos para garantizar la coordinación entre los tres niveles de la administración, estatal, autonómica y local, así como con todos los actores del sistema de servicios sociales, entidades privadas, del tercer sector e interlocutores sociales, con el fin de contribuir a resolver y agilizar la gestión de los servicios y prestaciones, evitando trasladar los problemas burocráticos a las personas.
     
     
212. Se requieren espacios de coordinación estables por lo que se propone la creación de una Comisión u otra estructura interadministrativa que garantice la necesaria coordinación entre las corporaciones locales y la administración autonómica.
     
     
213. Es importante la ordenación de las competencias de cada uno de los actores del sistema público de servicios sociales (administraciones públicas, empresas privadas, tercer sector, actores sociales etc.) y potenciar el enfoque comunitario, relacional y preventiva de los servicios sociales de atención primaria. También sería importante revisar la división entre los servicios sociales de atención primaria y especializada, así como su ubicación en el territorio.
214. Es necesario establecer un mecanismo de forma regular, que facilite la imbricación entre la respuesta de la Administración y las distintas entidades sociales, haciendo realidad el principio que sustenta el Sistema Público de Servicios Sociales, gestión mixta con el Tercer Sector y que debe estar basado en una norma que regule el concierto social para la prestación de servicios sociales.
215. La lucha contra la desigualdad social, la inclusión social, los cuidados, la participación social, la potenciación de la autonomía y la convivencia social, exceden del propio ámbito competencial de los Servicios Sociales, por ello es imprescindible establecer estructuras y planes de interrelación entre los Servicios sociales y otros ámbitos de protección social (empleo, salud,
     vivienda, educación…)

216. La colaboración entre el sistema de servicios sociales y el de salud es fundamental, reforzando la coordinación especialmente en los casos de dependencia, salud mental, adicciones, demencias, atención temprana, cuidados de larga duración, final de la vida y otros.
     
     
217. Iniciaremos los trabajos para que podamos contar con un instrumento que haga realidad la coordinación sociosanitaria basado en un Sistema de Información Integrado que haga más ágil y rápida la respuesta a la ciudadanía.

218. DETERMINAR EL CAMINO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SISTEMA DE
     SERVICIOS SOCIALES: NUEVA LEGISLACIÓN, NUEVOS DERECHOS Y AUMENTO
     INVERSIÓN.

219. La consolidación del Sistema Público de Servicios Sociales presenta diferentes déficits que van desde el presupuestario, personal y de conceptualización. En relación con el último, se valora la pertinencia de avanzar en el objeto del Sistema de Servicios Sociales para dotar de calidad la atención que este realiza. Dicho Sistema ha venido realizando funciones que, por no estar asumidas por otros sistemas, no le son propias desviando el objeto real del mismo. Debemos iniciar el proceso de delimitar las competencias propias.
     
     
220. Las políticas de bienestar son una inversión y no un gasto. Por ello, se debe reforzar la inversión en el sistema público de Servicios Sociales como cuarto pilar del estado de bienestar social, del que forma parte la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia enmarcadas en el ámbito de los cuidados. Madrid se encuentra entre las CCAA con menor inversión en Servicios Sociales. Y en las que han de estar necesariamente incluido el apoyo a los nuevos modelos de familia. Se trata de pensar en políticas sociales para la convivencia.
     
     
221. Además de incrementar la inversión, para fortalecer el Sistema de Servicios Sociales, los y las socialistas introduciremos la referencia expresa a los mismos en el Estatuto de Autonomía
     
     
222. Una mayor inversión no sólo permite atender mejor a las personas para su inclusión social, sino también trabajar en el apoyo y acompañamiento social, así como la prevención comunitaria de manera que se eviten nuevas situaciones de exclusión social y pobreza.

223. Los y las socialistas elaboraremos una nueva Ley de Servicios Sociales Públicos contando con la participación de todos los agentes implicados. La universalidad y la igualdad en el acceso a los recursos y prestaciones serán principios esenciales de esta Ley, así como garantizar las prestaciones de los servicios sociales como derecho subjetivo de la ciudadanía.
     
     
224. Esta ley habrá de reforzar las competencias y dotación de los Ayuntamientos para poder restar los servicios desde el principio de proximidad y que contemple diferentes situaciones de ulnerabilidad en las distantes etapas vitales (infancia, adolescencia, vida adulta y mayores) con perspectiva feminista. Avanzando hacia el desarrollo de nuevos marcos de protección y bienestar, que atiendan las nuevas necesidades emergentes.
     
     
225. Es necesario desarrollar e implementar una Cartera o Catálogo de Servicios, comunes a toda la región, con independencia del lugar de residencia, en consonancia con los principios de igualdad de oportunidades y de acceso a los recursos.
     
     
226. Proponemos la elaboración de un modelo de centros de servicios sociales y reforzar la tención primaria aumentando la ratio de profesionales.
     
     
227. En relación con el personal que presta sus servicios en el Sistema, debemos garantizar contar con los equipos suficientes, ampliando, no sólo profesionales del Trabajo Social, alcanzando una ratio de 1/3000 habitantes sino de todos los profesionales implicados en el Sistema. Para ello, contar con los colegios/asociaciones profesionales que los representen.
     
     
228. Los proyectos y compromisos socialistas siempre han estado dirigidos a la expansión y ampliación de servicios y garantías sociales. Por ello, avanzar en una nueva política de cuidados, de atención y promoción de la autonomía de personas mayores y personas en situación de dependencia debe ser una prioridad.
     
     

229. COGOBERNANZA AUTONOMICA Y LOCAL.

230. Los Ayuntamientos son la administración más cercana y, en consecuencia, es la primera a la que las personas acuden cuando necesitan información, orientación, apoyo, acompañamiento social o ayuda para resolver sus problemas, los servicios sociales poseen una e infraestructura capitalizada en el territorio de la Comunidad que requiere una financiación estable. La actual forma de financiación a través de convenios no define exactamente quién y para qué tiene competencias.
     

231. La dotación presupuestaria, aun habiendo sido incrementada por el Estado a través de los PGE al Plan Concertado resulta insuficiente. Pero, además, en el caso de Madrid, hemos de exigir que la Comunidad de Madrid realice su distribución a las Administraciones Locales según lo previsto.
     
     
232. Hemos de trabajar dicho incremento presupuestario y su distribución, muchas Administraciones Locales dependen únicamente de dicho Plan Concertado para poder mantener los Servicios Sociales en su municipio.
     
     
233. Es necesario que la financiación y la gestión de los recursos se realice a través de la aplicación de criterios de redistribución de la riqueza para dotar a los municipios y mancomunidades de unas transferencias acordes a las diferentes necesidades sociales estableciendo derechos sociales, criterios de justicia social, atendiendo a parámetros socioeconómicos, a los perfiles sociológicos de la población de cada municipio y unos criterios justos y equitativos de adjudicación de diferentes ayudas o servicios.
     
     
234. Necesitamos reforzar el sistema con mayores recursos económicos, pero también delimitando una ratio de profesional/persona usuaria adecuada, consolidando la figura del trabajador social como profesional de referencia y reforzando los equipos con otros perfiles profesionales.
     
     
235. Propondremos la elaboración de una norma que regule los criterios de financiación de los servicios sociales municipales por parte de la Comunidad Autónoma, así como Convenios plurianuales / conciertos entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos/mancomunidades donde se recoja tanto una mayor concreción en la distribución de competencias entre Administraciones, como una mejora de la financiación a través de un instrumento jurídico más estable temporalmente que los actuales convenios.

236. LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN NECESARIAS PARA LA CALIDAD DEL
     SISTEMA.

237. Es necesario extender, ampliar y modernizar los servicios sociales, apostando por la innovación organizativa y digital para lo que se requiere la simplificación de los procedimientos administrativos para la tramitación de las prestaciones, así como para por la formación en competencias de digitalización avanzada a profesionales del sistema y la formación en competencias digitales para las personas usuarias, luchando de esta manera contra los efectos de la brecha digital de las personas usuarias de servicios sociales.
     
     
238. Se implementará un sistema de información común, interoperable entre los tres niveles de la administración y se implantará la historia única electrónica y la tarjeta social. La Historia Social Única permitirá el avance en la metodología de atención centrada en la persona y también en su familia, al permitir su trazabilidad a lo largo de todo el sistema, evitando muchos de los problemas de gestión actuales.
     
     
239. Es imprescindible dotar a los Servicios Sociales de mayor agilidad en la respuesta, fundamentalmente, en respuestas que se puedan considerar de emergencia social. Los mecanismos procedimentales de la Administración no permiten mayor agilidad en las ayudas de emergencia (actualmente, han de superar unos 30 procesos hasta alcanzar la ejecución). Resulta incompatible el cumplimiento de la Ley de Subvenciones y dicha agilidad. Por ello, se hace necesario pensar en un mecanismo nuevo que lo facilite.
     
     
240. El acceso al Sistema de Servicios Sociales es una de sus dificultades. Se produce demasiado tiempo de espera para poder disponer de una cita con el/la profesional de referencia.
     
     
241. La creación de ventanillas ciudadanas en servicios sociales abordando la brecha digital existente facilitará el acceso al Sistema, así como el refuerzo de la figura del “habilitado” para extenderla a la atención en los Servicios Sociales. Al igual que el IMV está automatizado totalmente, las gestiones para las diferentes prestaciones económicas pueden estar también digitalizadas.
     
     
242. Abordar una reforma del acceso a la atención social primaria en caso de urgencia sea hace necesario para dotar de agilidad y calidad a la respuesta. El establecimiento de una figura inicial para la atención de urgencia, Auxiliar de Servicios Sociales de Acogida. Encargada de los trámites administrativos para ayudas económicas de urgencia claramente delimitadas que no se realicen por ventanilla y asignar profesional de referencia, si procede, así como de realizar
     acompañamiento ciudadano.
     
     
243. La Comunidad de Madrid es una de las pocas Comunidades Autónomas sin una herramienta tecnológica que unifique y gestione el sistema público de servicios sociales. Gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno Socialista de España a través de su componente 22 (Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión) se va a financiar a la comunidad de Madrid el proyecto de historia social electrónica, es imprescindible que sea un proceso participativo de todos los actores que integran el sistema de servicios sociales y no se haga de manera unilateral por una consultora con la consejería de turno.
     
     
244. Es importante el fomento de la investigación, la supervisión y la formación en servicios sociales también en los servicios sociales públicos de nivel autonómico y local y el establecimiento de proyectos piloto tanto en la atención primaria como en la especializada. Proponemos la colaboración de las universidades, colegios profesionales y otros agentes sociales con los centros de servicios sociales que se plasme a través de diferentes formas de acuerdo como la
     creación de centros universitarios de servicios sociales u otras formas de concertación.
     
     
245. Proponemos la creación de un órgano autonómico que lidere la innovación en los servicios sociales.

246. LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: DE LA EMERGENCIA A LOS
     SERVICIOS SOCIALES PARA TODOS Y TODAS.

247. La justicia social, valor que siempre hemos defendido los y las socialistas no puede alcanzarse sin garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas. Políticas públicas que corrijan las desigualdades y que garanticen la redistribución de los recursos y la riqueza son imprescindibles en una comunidad como la Comunidad de Madrid que es una de las más ricas y paradójicamente una de las más desiguales. Ello cimienta la cohesión social necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad madrileña.
     
     
248. Las últimas crisis vividas en nuestro país han derivado en nuevos perfiles de ciudadanos y familias que acuden a los servicios sociales. El sistema público debe ser ágil e innovador para poder dar respuesta eficazmente a los nuevos retos planteados, fomentando metodologías de la intervención social que potencien el apoyo y el acompañamiento social y preserven una perspectiva integral y centrada en la persona.
     
     
249. Dada la amplitud del origen de personas que son atendidas en los servicios sociales municipales, se hace necesario articular un servicio de traductores que garantice la adecuada comunicación entre las personas atendidas y profesionales. Es posible acordar la gestión del mismo en el marco de colaboración entre las Administraciones Locales y la Administración Autonómica.
     
     
250. Es necesario generar un nuevo modelo de atención a las emergencias sociales en la Comunidad de Madrid que responda a un sistema universal de servicios sociales. En esta línea plantearemos la elaboración de un Plan de Respuesta a la Emergencia Social, que contemple un Fondeo de Emergencia, en el que estén implicadas las distintas Administraciones y las entidades del Tercer sector.
     

246. LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES: DE LA EMERGENCIA A LOS
     SERVICIOS SOCIALES PARA TODOS Y TODAS.
     
     
247. La justicia social, valor que siempre hemos defendido los y las socialistas no puede alcanzarse sin garantizar igualdad de oportunidades para todos y todas. Políticas públicas que corrijan las desigualdades y que garanticen la redistribución de los recursos y la riqueza son imprescindibles en una comunidad como la Comunidad de Madrid que es una de las más ricas y paradójicamente una de las más desiguales. Ello cimienta la cohesión social necesaria para el desarrollo de nuestra sociedad madrileña.
     
     
248. Las últimas crisis vividas en nuestro país han derivado en nuevos perfiles de ciudadanos y familias que acuden a los servicios sociales. El sistema público debe ser ágil e innovador para poder dar respuesta eficazmente a los nuevos retos planteados, fomentando metodologías de la intervención social que potencien el apoyo y el acompañamiento social y preserven una perspectiva integral y centrada en la persona.
     
     
249. Dada la amplitud del origen de personas que son atendidas en los servicios sociales municipales, se hace necesario articular un servicio de traductores que garantice la adecuada comunicación entre las personas atendidas y profesionales. Es posible acordar la gestión del mismo en el marco de colaboración entre las Administraciones Locales y la Administración Autonómica.
     
     
250. Es necesario generar un nuevo modelo de atención a las emergencias sociales en la comunidad de Madrid que responda a un sistema universal de servicios sociales. En esta línea plantearemos la elaboración de un Plan de Respuesta a la Emergencia Social, que contemple un Fondeo de Emergencia, en el que estén implicadas las distintas Administraciones y las entidades del Tercer sector.
     
     

251.- REFORMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

252. La pobreza en nuestra región se ha visto incrementada en los últimos años, agudizándose por la situación de pandemia, situando a las mujeres y a la infancia en una posición insostenible y vergonzosa, que un Estado de Derecho no puede permitirse, siendo además una de las regiones más rica de este país.
     
     
253. El nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez se configura como una nueva prestación que garantiza unos ingresos mínimos para vivir con dignidad.
     
     
254. Sin embargo, es imprescindible que la Comunidad de Madrid garantice con su Renta Mínima de Inserción (RMI) la complementariedad de recursos y servicios necesaria para alcanzar el objetivo de inclusión social y que ninguna familia se sitúe por debajo del umbral de la pobreza, garantizando la cobertura desde la RMI a las personas que quedan excluidas del IMV, evitando la transferencia de la carga a otras familias, agilizando los plazos y complementando el IMV, no siendo excluyente. Es necesario revisar la compatibilidad de las diferentes ayudas económicas.
     
     
255. La RMI madrileña debe agilizar los procedimientos administrativos de concesión a las personas beneficiarias en su mayoría mujeres y ampliar la cobertura económica a las familias en situación de vulnerabilidad. Es importante que el IMV implantado por el ámbito estatal no suponga un ahorro presupuestario para la administración regional como está sucediendo en la actualidad. Sólo el 9,4% de la población bajo el umbral de la pobreza se beneficia en la CM de la RMI, siendo además la cuantía de la prestación inferior a la media estatal.
     
     
256. Proponemos reorganizar y reformar la RMI madrileña, sin olvidar que la inclusión social es una prestación básica de los servicios sociales, para lo que necesita la actuación conjunta con otros ámbitos, siendo el diagnóstico de la exclusión social una responsabilidad pública del sistema de servicios sociales. Hay que garantizar que los centros de servicios sociales tengan equipos para realizar el acompañamiento social necesario para la inclusión social de personas y
     familias, además de establecer una especial colaboración con el ámbito de empleo.
     
     
257. El Gobierno del PP en Madrid está reduciendo los fondos destinados a la lucha contra la pobreza al derivar a las familias que estaban en la RMI al IMV. Los y las socialistas hemos denunciado esta actuación, puesto que creemos que no debe perderse ni un euro cuando hablamos de luchar contra la pobreza. Es de crucial importancia que esta inversión sea dirigida al ámbito de la inclusión social y sus itinerarios, vertebrando esta acción tanto desde los servicios sociales públicos como desde el tercer sector.

258. REFORMA DEL SISTEMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
     ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA.

259. La situación en la que se encuentra el SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia) en nuestra región requiere que acometamos las reformas necesarias para que este dé la respuesta adecuada a todas las personas que lo requieren con mayor agilidad, eliminando las listas de espera tanto para valoraciones como para prestaciones, así como abordar el necesario incremento de recursos para que los servicios sean prestados con calidad.
     
     
260. En la Comunidad de Madrid en el 2020 el sistema perdió a 10.742 personas dependientes, más de un 7,09 %, situándose a la cabeza de porcentaje negativo que en el conjunto del país aumentó un 0,81% de media.
     
     
261. Es necesario transformar profundamente el sistema de cuidados para ofrecer un trato digno y lugares donde vivir cuando las personas presentan situaciones de dependencia. Exigimos el cumplimiento de la Ley de Dependencia.
     
     
262. Trabajaremos para plantear un nuevo modelo de respuesta para las necesidades de alojamiento de las personas mayores y personas en situación de dependencia, así como para las personas con diversidad funcional que lo requieran: nuevas alternativas residenciales. El actual modelo se ha demostrado ineficiente en muchos órdenes.
     
     
263. En línea con las recomendaciones de la OMS recogidas en su documento “Informe Mundial sobre el Envejecimiento y la Salud” (2015), el partido socialista de Madrid aboga por un Modelo de Atención Comunitaria y Centrada en la Persona para personas mayores frágiles nucleado en torno a unos servicios sanitarios y sociales adaptados a la nueva realidad de la cronicidad. Y, al mismo tiempo, debe suponer un importante proceso de cambio basado en un compromiso político explícito, una adecuada dirección estratégica por parte de los planificadores de servicios, una implicación activa de los profesionales y una apuesta decidida en defensa de las preferencias de las personas mayores que desean seguir participando en la comunidad y envejeciendo en su entorno con dignidad.
     
     
264. Todas las prestaciones del Sistema han de utilizar la metodología comunitaria y centrada en la persona, es la mejor manera de reconocer la singularidad y garantizar mejor servicio.
     
     
265. Elaborar un programa realista de integración sociosanitaria, con itinerarios y recursos residenciales específicos que garanticen una atención de calidad conforme al programa de atención individualizada para grandes dependientes.
     
     
266. Elaboración de un protocolo de atención y coordinación con la red pública sanitaria que dé garantía a la atención continua a personas dependientes, zonificado y jerarquizado con acceso de todos los profesionales a la historia clínica y al programa individual de atención.
     
     
267. Crearemos la unidad de inspección asistencial residencial que garantice la correcta aplicación de los cuidados indicados en el programa de atención
     individualizada.
     
     
268. Unificaremos la gestión de la residencia de propiedad pública y asignaremos a la Agencia Madrileña de Atención Social todas las residencias de
     gestión indirecta.
     
     
269. Ampliar las ratios de personal ajustándolas a las necesidades reales que garanticen una correcta atención a los residentes/personas usuarias.
     
     
270. Los protocolos de atención en residencias serán unificados para todas las residencias de la Comunidad de Madrid.
     
     
271. Reforzaremos los servicios de inspección con equipos multiprofesionales y estableceremos la obligación de crear en los centros residenciales organismos de participación de residentes y/o familiares.
     
     
272. Es necesario garantizar que todos los servicios funcionan adecuadamente y una aportación más a ello, es facilitar la protección de quienes manifiesten el funcionamiento inadecuado y deficiente. Desarrollaremos una normativa que ofrezca garantías de protección a internos que denuncien hechos y circunstancias perjudiciales para residentes.
     
     
273. Se desarrollará una normativa para determinar la asignación de las residencias en el entorno habitual como factor preferente.
     
     
     
274. Para reforzar la autonomía personal aprobaremos una Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad psíquica que articule un sistema de planificación de apoyos a lo largo de la vida, tenga en cuenta sus preferencias y ofrezca una garantía de residencia y de apoyo cuando dejen de contar con la red familiar.

275. COLABORACIÓN CORRESPONSABLE CON EL TERCER SECTOR.

276. La colaboración corresponsable con el Tercer Sector forma parte de los servicios públicos para conseguir la transversalidad, cercanía, accesibilidad y equidad en dichos servicios, sobre todo en los especializados, no sustituyendo, en ningún caso, a lo público. Hemos de sumar a entidades del Tercer Sector al debate para escuchar las dificultades y propuestas que puedan realizar para plantear soluciones posibles.
     
     
277. La participación del Tercer Sector en los Servicios Sociales debe coordinarse en el marco de la Ley de Servicios Sociales, desarrollando espacios específicos y protocolos de coordinación tal y como ya los marcaba la ley de 2003, en los que se planifique, desarrolle y evalúe de manera adecuada los recursos, programas y proyectos, siguiendo la normativa pública vigente.
     
     
278. Un nuevo modelo de financiación es necesario para el Sector, en el que se contemple la figura del concierto social, así como la elaboración de la Ley del Tercer Sector en el que también se reflejen los avances en investigación y colaboración, así como el avance que se refleja directamente en la sociedad, y en la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, para que esta no se cronifique. Ello consolidará los instrumentos de diálogo, gobernanza y participación de la
     iniciativa social en los asuntos públicos.

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274. Para reforzar la autonomía personal aprobaremos una Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad psíquica que articule un sistema de planificación de apoyos a lo largo de la vida, tenga en cuenta sus preferencias y ofrezca una garantía de residencia y de apoyo cuando dejen de contar con la red familiar.
     
     
275. COLABORACIÓN CORRESPONSABLE CON EL TERCER SECTOR.
     
     
276. La colaboración corresponsable con el Tercer Sector forma parte de los servicios públicos para conseguir la transversalidad, cercanía, accesibilidad y equidad en dichos servicios, sobre todo en los especializados, no sustituyendo, en ningún caso, a lo público. Hemos de sumar a entidades del Tercer Sector al debate para escuchar las dificultades y propuestas que puedan realizar para plantear soluciones posibles.
     
     
277. La participación del Tercer Sector en los Servicios Sociales debe coordinarse en el marco de la Ley de Servicios Sociales, desarrollando espacios específicos y protocolos de coordinación tal y como ya los marcaba la ley de 2003, en los que se planifique, desarrolle y evalúe de manera adecuada los recursos, programas y proyectos, siguiendo la normativa pública vigente.
     
     
278. Un nuevo modelo de financiación es necesario para el Sector, en el que se contemple la figura del concierto social, así como la elaboración de la Ley del Tercer Sector en el que también se reflejen los avances en investigación y colaboración, así como el avance que se refleja directamente en la sociedad, y en la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, para que esta no se cronifique. Ello consolidará los instrumentos de diálogo, gobernanza y participación de la
     
     
     
279. NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA
     INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

280. Desde los últimos gobiernos socialistas en la Comunidad de Madrid, cuando se cimentó la implantación de un nuevo sistema de protección a la infancia, dejando atrás viejos e ineficaces modelos, poniendo en marcha una red residencial y un sistema de protección sólido, nos encontramos con el deterioro de los recursos y con la vuelta a modelos obsoletos.
     
     
281. La gestión de las políticas de infancia desde la misma protección hasta la promoción de los derechos de la infancia está siendo manifiestamente insuficientes, cuando no regresivos, por lo que se hace urgente la adaptación, de la normativa autonómica dotándonos de leyes de última
     generación, así como de su desarrollo reglamentario. La Ley de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, la actual Ley vigente en materia de infancia en nuestra región data de 1995 y se ha quedado obsoleta en numerosos aspectos, entre ellos la inclusión del interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la prevención de todo tipo de violencia contra la infancia. Todo el marco normativo no tendría sentido si no se pone a la infancia en el centro, a los niños y niñas como verdaderos protagonistas, como personas con pleno derecho
     que son.
     
     
282. La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia y a la Adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015, las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, marcan las reformas a realizar.
     
     
283. La gran desigualdad afecta especialmente a los niños y niñas. A esto se añaden otros problemas que empiezan a ser estructurales y que como primer efecto tienen la desprotección y el desamparo. El futuro de la lucha contra la desigualdad pasa por invertir en la infancia y adolescencia, el camino para aumentar la igualdad de oportunidades está en trabajar más y mejor con los niños y niñas que se encuentran en situación de exclusión.
     
     
284. El sistema de gestión administrativa de políticas de infancia y adolescencia, lo encontramos en 3 grandes organismos públicos distintos -Dirección General de la Familia, Agencia Madrileña de Atención Social y Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor- e incluso en distintas Consejerías -Servicios Sociales y Justicia.
     
     
285. Esto tiene como consecuencia inmediata una falta de coordinación, de objetivos comunes y la ineficacia a la hora de planificar inversiones. También dificulta al máximo la coordinación con los municipios, servicios de salud y educación, quienes se encuentran con tres, interlocutores, que no siempre tienen los mismos planteamientos, para abordar cada una de las intervenciones. Se hace necesario un mecanismo de coordinación de los diferentes interlocutores que garantice la eficacia y eficiencia de la respuesta, y que sirva también para poder valorar nuevos proyectos a implementar.
     
     
286. En la actualidad, el carácter temporal del internamiento residencial se ha perdido, al igual que la orientación a la salida de niños y niñas. El futuro pasa por, de forma prioritaria, procurarles una familia a través de la adopción y de la acogida familiar permanente, que deben impulsarse con urgencia, y en aquellos casos que sea necesario el acogimiento temporal y acogimiento especializado dando cumplimiento a la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Protección a la Infancia
     y a la Adolescencia.
     
     
287. Hay que sensibilizar a la sociedad sobre esta forma de ser familia y apoyarlas de manera interdisciplinar y también económicamente. El internamiento residencial debe ser residual, pero para las situaciones en las que el sistema no ha sido capaz de encontrar un hogar a estos menores hay que facilitarles formación y habilidades para una vida independiente garantizando recursos residenciales de transición.
     
     
288. Los niños, niñas y adolescentes que han llegado solos a España estarán necesariamente integrados en los distintos recursos del sistema de protección -en los que debe garantizarse la comunicación mediante, si es necesario, la utilización de traductores- haciendo especial esfuerzo por poner en marcha proyectos individuales innovadores, acogimientos con familias de su misma nacionalidad y otras especialmente seleccionadas. Dotarles desde el primer momento de la documentación necesaria, así como de los permisos pertinentes para poder
     formarse y trabajar. No podemos permitirnos perder una generación de valientes que a temprana edad cruzan el mundo para conseguir una vida mejor.
     
     
289. Son objetivos prioritarios cambiar los grandes centros residenciales por pequeños hogares territorializados, poner en marcha distintos recursos de primera acogida para hacer operativa su función de estudio y asignación del recurso adecuado en condiciones idóneas, terminar de forma inmediata con los recursos residenciales que se plantearon como soluciones temporales a situación de emergencia y se han convertido en permanentes. Así como, recuperar la gestión
     directa de todos los recursos de acogida que se han puesto en marcha precipitadamente en los últimos años ante la emergencia.
     
     
290. Tenemos la obligación de dar su sitio a niños y niñas como sujetos de pleno derecho que participen activamente en la vida de su comunidad y por ello es nuestra obligación invertir en la consolidación de los consejos locales de atención a la infancia y adolescencia.
291. Fenómenos como la violencia filio parental ascendente debe ser atendida desde los servicios públicos para así trabajar en la prevención que evite una sanción penal como única solución. Es otra forma de luchar contra las desigualdades donde las familias con más recursos económicos pueden hacer uso de servicios privados para hacer la prevención mientras que la inmensa mayoría de las familias terminan en procesos judiciales sancionadores.
     
     
292. Es necesario desarrollar herramientas, procedimientos y protocolos unificados y coordinados para detectar situaciones de maltrato infantil y abuso sexual que hoy no lo están. Y que deben incluir la necesaria perspectiva feminista pues afecta de manera específica a niñas y adolescentes, así como la prevención de embarazos e intervención con sus familias.
     
     
293. Para atender a las personas más vulnerables es necesario contar con profesionales cuya preparación sea la mejor y para ello contar con la colaboración y participación de las Universidades Públicas, los Colegios Profesionales y los Sindicatos. Sin pasar por alto que el actual sistema de recursos protección a la infancia, y no sólo este, ha favorecido una precarización del empleo, una remuneración insuficiente y la falta de reconocimiento a las y los profesionales. Estos, han de reforzar los programas de actuación fuera de los despachos, sobre
     todo, figuras como educadores y educadoras, mediadores y mediadoras sociales, que flexibilicen los contextos de intervención social para los niños, las niñas y adolescentes, de ellos depende nuestro futuro.

294.- EL VALOR SOCIAL DE VIVIENDA Y EL SINHOGARISMO.

295. Aun no siendo una competencia de los Servicios Sociales, la realidad es que muchas de las personas y familias atendidas desde los servicios sociales municipales carecen de vivienda, viven en condiciones de infravivienda, o se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica que puede hacerles perder su vivienda actual. Es por eso necesario articular las competencias de los servicios sociales en cuanto al apoyo a estas familias.
     
     
296. El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado la primera Ley Estatal que garantiza el Derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible, promoviendo la cooperación y colaboración entre las Administraciones Públicas en la ejecución de las políticas de vivienda.
     
     
297. Las competencias autonómicas en materia de vivienda son fundamentales para garantizar este Derecho a todos los madrileños y madrileñas, por lo que es urgente revertir la política de vivienda seguida por el PP en la Comunidad de Madrid en los últimos años, dedicada a vender y enajenar la vivienda social. Es necesario incrementar el parque público de viviendas sociales en alquiler, sea mediante la construcción de nuevas viviendas o mediante la cesión por las entidades financieras, blindando, en todo caso, su carácter público.
     
     
298. En Madrid viven 3.600 personas sin hogar. El sinhogarismo requiere de una nueva estrategia que tenga en cuenta la invisibilidad de las mujeres dentro de este colectivo y la mayor peligrosidad que enfrentan, además de la falta de recursos específicos para acogerlas, con soluciones innovadoras e implantación y extensión de experiencias que ya están funcionando en otras regiones y países como son el housing first o el housing led, de forma que se garantice una red habitacional con cobertura suficiente para toda la región. La coordinación con las políticas de salud mental es fundamental en este ámbito.
     
     
299. Eliminar las desigualdades crecientes en la región implica abordar tanto de forma reactiva como preventiva la exclusión residencial para lo que es imprescindible elaborar un Plan de Actuación para la Inclusión Residencial que se ocupe tanto de la eliminación de la infravivienda, adaptaciones necesarias para dignificar las condiciones de vida, como incrementar el parque de vivienda social y otras fórmulas de convivencia.
     
     
300. En materia de planeamiento urbanístico se debería introducir el Informe de Impacto Social para garantizar el fomento de la convivencia de las nuevas zonas que se proyecten o reformen.