Ponencia marco, 14º Congreso Regional

EDUCACIÓN

141. La educación es uno de los derechos que debe preservarse y garantizarse siempre. Sus pilares fundamentales deben estar basados en los derechos de la infancia, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989), reconociendo el interés superior del menor y trabajando contra la pobreza infantil hasta erradicarla. En ese sentido se deben aprovechar todas las posibilidades que la legislación actual proporciona, en especial con la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia, en su capítulo IV dedicado a la
     educación, y con la LOE en su redacción actual dada por la LOMLOE.
     
     
142. Mediante la educación: se educa a la ciudadanía a partir de los valores democráticos; se forma profesionales de las diversas ramas del saber; se contribuye al desarrollo económico y territorial, y a la vertebración y cohesión de la sociedad; se fortalece el desarrollo de la personalidad y se genera pensamiento creativo y crítico.
     
     
143. Defendemos, en todas las etapas, una educación: innovadora; emprendedora; de calidad; comprometida con el desarrollo sostenible; inclusiva y accesible para todas las personas; y que contribuya a hacer efectiva la igualdad de oportunidades desde los cero años y a lo largo de la vida, dando acceso equitativo al conocimiento para generar una ciudadanía libre.
     
     
144. Por todo ello, se debe apostar por un programa de enseñanza: personalizada y adaptada a las necesidades del alumnado; presencial y con campos virtuales innovadores; con protagonismo del inglés y otras lenguas extranjeras; adaptada a la formación que precisa la sociedad para lograr un progreso social justo y sostenible; con formación práctica y dual, y a lo largo de la
     vida; favorecedora del emprendimiento y la innovación; abierta a la comunidad internacional; y con programas flexibles y contenidos abiertos a cuestiones transversales como la atención a la diversidad, la solidaridad, el voluntariado, la cooperación al desarrollo, las políticas de igualdad o el compromiso con la sostenibilidad. Esta apuesta incluirá el aprendizaje semanal de conocimientos y práctica de robótica y programación para garantizar la adaptación de niños/as y jóvenes a estas habilidades de alta relevancia.
     

146. Por tanto, se debe impulsar una iniciativa programática legislativa, apoyada en acuerdos consensuados con la comunidad educativa y en la evaluación rigurosa de los programas desarrollados en las últimas décadas – como los programas bilingües, de excelencia y la FP dual -, con el objetivo de incrementar la calidad con equidad de la educación madrileña, que acometa una ambiciosa y urgente actualización normativa para acabar disponiendo de un número reducido de normas de rango adecuado que regulen con detalle la vida educativa y los derechos de todos los sectores involucrados en ella, y donde se elimine cualquier
     disposición dañina para el derecho a la educación.
     
     
147. Debe configurarse e implementarse un nuevo modelo educativo madrileño que integre un plan específico contra la segregación educativa existente en la actualidad, fijando su atención en la diversidad y una adecuada atención temprana, que permita desarrollar los marcos generales de una verdadera educación inclusiva en la Comunidad de Madrid.
     
     
148. En esta región, privilegiada económicamente, se necesitan acciones compensatorias que aseguren a cada niña o niño poder llegar tan alto como quiera sin depender del nivel socioeconómico de su familia, y que luchen expresamente contra la pobreza infantil que afecta, al menos, a uno de cada tres menores en nuestra comunidad. En este sentido, los municipios son una pieza clave para la inclusión, para las alumnas y los alumnos con necesidades ducativas especiales y con dificultades de aprendizaje, y para mantener una barrera contra
     el absentismo escolar; deben recibir la financiación autonómica suficiente para atender estas necesidades. Y debe ponerse especial atención a la educación socioemocional, abordando expresamente cuestiones como los cuidados, y la depresión y la ansiedad del alumnado.

149. La nueva concepción curricular que se establece con la aprobación de la LOMLOE debe aprovecharse para potenciar la formación en valores cívicos y éticos, para fomentar la educación en democracia y abordar el conocimiento de las instituciones democráticas, de la Constitución y de los derechos y deberes de ciudadanía. Así mismo, es inaplazable formar en el desarrollo sostenible, que supone el reconocimiento de la importancia de formar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030.
     
     
150. Este cambio curricular debe conllevar, en la parte autonómica, una revisión y reestructuración del currículo para hacerlo coherente con el marco estatal, fundamentado en: el aprendizaje por ámbitos, especialmente en primero y segundo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en línea con la LOMLOE; un enfoque competencial y activo para el alumnado; la orientación personalizada del aprendizaje en función de las necesidades del alumnado, lo que conlleva una metodología nueva de enseñanza que, entre otras cosas, tienda a la erradicación de la repetición; el incremento de la plantilla de profesorado para rebajar las ratios; la innovación educativa y la puesta en marcha de nuevos proyectos experimentales; y la enseñanza mediante proyectos de investigación.
     
     
151. Es imprescindible garantizar una educación no sexista y en igualdad entre mujeres y hombres, y la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, por medio de programas específicos que establezcan un conjunto de medidas encaminadas a lograrlo.
     
     
152. Vivimos compartiendo espacios, por lo que la coeducación en los centros educativos debe garantizarse en el sistema educativo madrileño, en especial en los centros sostenidos con fondos públicos para cumplir con el mandato legal vigente (LOE-LOMLOE). Además, se deben eliminar barreras que aún existen en la sociedad para el acceso en igualdad de las mujereres, por lo que habrá que potenciar un verdadero y ambicioso plan para impulsar el incremento de alumnas en los estudios de Ciencias, Tecnologías, Ingenierías, Matemáticas (STEM) y en las enseñanzas de F.P. con menor demanda actual de las mujeres.
     
     
153. Con el objetivo de mejorar la convivencia escolar, se debe elaborar un plan específico y reformular las normativas existentes para que primen las políticas de prevención y la creación de climas escolares positivos, colaborativos y participativos frente a aquellas que prefieren la represión y los elementos punitivos. Es preciso trabajar en la corresponsabilidad mediante acuerdos, impulsar la figura de la mediación, realizar encuentros para intercambio de experiencias de éxito en el ámbito de la convivencia, así como en la erradicación del acoso escolar, y diseñar nuevas intervenciones que la favorezcan.
     

154. Los centros madrileños y la comunidad educativa no pueden perder el tren de la transformación digital. Aprovechando todos los fondos económicos posibles, entre ellos, los aportados por el Plan Nacional de Modernización y Digitalización del sistema educativo, apostamos por implementar un Plan de Digitalización Educativa que: incorpore la aplicación de las TIC al servicio del proceso de enseñanza aprendizaje de todo el alumnado para eliminar la brecha digital; esté suficientemente dotado económicamente para garantizar el acceso con rápida conectividad de alumnado y docentes a los recursos tecnológicos; contenga un plan de formación específica para ambos; garantice la participación de las familias en dicho plan; y reserve un tiempo lectivo y/o complementario para que los y las docentes puedan abordarlo con garantías y respeto a sus derechos laborales.
     
     
155. Se deben promover políticas de profesorado que, en aras de la mejora de la calidad de la enseñanza, permitan alcanzar en un breve plazo unas ratios profesorado/alumnado al menos iguales a la media nacional y garantizar la sustitución inmediata desde el momento de la baja de un/a docente, con una adecuada situación laboral de este colectivo, la reducción drástica de su temporalidad y sobrecarga horaria, la ampliación del tiempo de coordinación docente, cobertura de todos los gastos generados por la Administración educativa para ejercer sus funciones, y el reconocimiento a su esfuerzo de adaptación a las nuevas necesidades educativas, contribuyendo con todo ello, además, a aumentar el prestigio de la profesión docente.
     
     
156. Los retos formativos a los que se tiene que enfrentar el alumnado tienen que ir acompañados de la formación del profesorado en esas competencias, de forma que se puedan alcanzar los retos de modernidad que marca la LOMLOE. Es inaplazable, por tanto, poner en marcha un ambicioso programa de formación del profesorado, que éste no deja de solicitar reiteradamente, siempre con componente presencial y prioritariamente en los centros de trabajo, impartido durante el horario de permanencia en el centro como parte de la actividad
     docente, incluyendo estancias en instituciones y centros de referencia, e incrementando la relación con la Universidad. Así mismo, deben reformularse profundamente las actuales plataformas virtuales o, si fuera más eficaz, crear una nueva para fortalecer las redes de escuelas, de centros y de docentes, que ofrezca materiales y recursos compartidos, y que ayude a facilitar el trabajo en red de los diferentes profesionales.
     
     
157. Con relación a la reducción de ratios mencionada, como medida clave de calidad educativa y para impedir el cierre prematuro e injustificado de centros, se debe aprovechar las implementadas con motivo de la pandemia por coronavirus, manteniéndolas y, en lo posible, mejorándolas. Y la incorporación de nuevo profesorado al sistema debe hacerse sin prescindir del actual, para adecuar el número de alumnado por docente en todos los niveles de la educación.
     

158. Es fundamental aumentar y consolidar la red de orientación en su cobertura y en su dotación con personal de distintos perfiles y suficiente para realizar su labor orientadora y de atención a la diversidad, así como para mejorar la presencia del profesorado especialista en los centros de todas las etapas educativas, especialmente orientadores/as y PTSC, con el objetivo de converger en las ratios con las recomendaciones internacionales y reducir aún más la ratio
     efectiva en aquellas aulas que incluyan a alumnado con necesidades educativas especiales.
     
     
159. Con el cambio de modelo curricular vendrá unido un cambio en el modelo de evaluación, puesto que ambas cosas deben estar íntimamente ligadas. Es una oportunidad para reformular el modelo autonómico de evaluación, anclado en métodos de criba y repetición que deben ser superados. La enseñanza competencial encaja mal con la evaluación sumativa y potencia la formativa, que es la que debe ser siempre fomentada.
     
     
160. La inspección educativa es una función fundamental para supervisar el adecuado funcionamiento del sistema educativo. Sin embargo, el papel asignado hasta la fecha en la Comunidad de Madrid a la misma ha desaprovechado el potencial de los y las profesionales que la ejercen, forzándoles a convivir con un enfoque excesivamente burocrático, con abuso de discutibles nombramientos provisionales, y con una dudosa imparcialidad de los tribunales de acceso. Escuchando a quienes trabajan en ella, se debe analizar y reformular el modelo
     para conseguir una inspección más competencial y moderna, con plantillas redimensionadas a las necesidades actuales, y con autonomía e independencia real en el ejercicio de sus funciones, que ayude a cambiar también la visión actual de éstas. Su análisis de la situación en cada momento podría configurar un informe que fuera expuesto anualmente ante la Asamblea de Madrid, para ayudar en la toma de decisiones sobre la evolución del sistema educativo madrileño.
     
     
161. Por todo lo anterior, se deben adecuar en la Comunidad de Madrid el Centro Regional de Innovación y Formación (CRIF Las Acacias) y los Centros Territoriales de Innovación y Formación (CTIF) para constituir un organismo destinado a la innovación y la modernización educativas, el uso de tecnologías en educación, la formación del profesorado, con reconocimiento expreso de los proyectos y profesorado participante, y la evaluación del sistema.
     

162. Para aprovechar las posibilidades del mundo municipal, deben estar clarificadas y debidamente financiadas desde los presupuestos autonómicos las competencias educativas que puedan y deban ser desarrolladas o complementadas desde los ayuntamientos, coordinando intensamente la actuación de estos con la autonómica, en especial para la didáctica fuera del aula y el aprendizaje para la vida, así como para ser más eficientes a la hora de abordar
     obras o tareas de mantenimiento para, entre otras cosas, mejorar la confortabilidad y sostenibilidad de los centros, bajar la huella de carbono y ahorrar costes económicos en iluminación y calefacción.

163. Un elemento clave de integración y cohesión social en el territorio es el uso durante todo el año (tardes, fines de semana y periodos vacacionales) de los centros educativos como espacios abiertos al barrio, asegurando que se combinan con actividades lúdicas y formativas. No hacerlo significa perderse una inversión y unas instalaciones que las niñas,niños y jóvenes de nuestras ciudades no se pueden permitir. Para ello deben recuperarse los convenios de extensión horaria entre la Comunidad de Madrid y los municipios, que garanticen el
     personal necesario para las actividades, así como la financiación para aquellos
     ayuntamientos con limitados recursos económicos.
     
     
164. Debe apostarse por estimular el modelo de aulas tempranas en los centros educativos de la región para mejorar la conciliación familiar y laboral, a la vez que se atiende al alumnado más necesitado. El modelo de comedor escolar debe ser repensado para formar parte del proceso educativo en todas las etapas obligatorias, a la vez que su existencia debe cumplir con criterios de sostenibilidad, elaboración diaria en los centros del menú, utilización de
     productos locales y mejora de la dieta.
     
     
165. En cuanto a las diferentes etapas educativas, la apuesta por la Educación Infantil debe permitir avanzar rápida y definitivamente hacia su universalización desde la red de titularidad pública, para atender progresivamente la demanda de todas las familias que la soliciten, garantizando su carácter educativo para evitar que sean simples guarderías de niños y niñas, así como que los medios económicos no sean un impedimento para cursar este tramo educativo y que éste
     sea compensador de desigualdades y satisfaga el principio de equidad, primando para ello el acceso de familias en situación de vulnerabilidad. Se debe recuperar la gestión pública de las escuelas infantiles de titularidad pública que actualmente la tienen indirecta, es decir privada, y, en todo caso y mientras tanto, deben figurar adscritas a la red pública todas las que tengan esa titularidad, con independencia del tipo de gestión actual que tengan. En esta etapa es importante revisar los perfiles profesionales que deban coexistir en los centros educativos, así como el modelo de Casas de Niños que se ha desarrollado en los últimos años.
     
     
166. La Educación Primaria es la primera etapa obligatoria de nuestro sistema educativo y, por tanto, debe estar configurada para garantizar el progreso educativo con independencia de haber pasado previamente o no por la Educación Infantil. Su identidad debe ser propia y su importancia también es vital para las etapas siguientes. Por tanto, debemos implementar un plan que revise y reformule en la Comunidad de Madrid la enseñanza en esta crucial etapa.

167. La sociedad actual no tiene ya como objetivo educativo mínimo conseguir el título de la ESO, sino que las exigencias son máximas. Sin embargo, es el final de la escolarización obligatoria. Esto implica que sea una etapa que combine una identidad propia con la necesaria apertura de caminos para proseguir formándose. Pero las actuales tasas de abandono educativo de nuestra comunidad deben llevarnos a realizar una revisión del modelo madrileño y adecuarlo a las
     posibilidades abiertas por la LOMLOE. En dicha revisión debe tenerse muy en cuenta que la repetición de curso del alumnado se ha constatado que no sirve para superar las dificultades de aprendizaje. En todo caso, cuando éste deba repetir, no deberá hacer más de lo mismo, ya que eso conduce habitualmente a un nuevo fracaso, sino reforzar los aprendizajes donde tiene mayores dificultades, siguiendo programas de recuperación personalizados.
     
     
168. El Bachillerato, con el enfoque de esta etapa en la Comunidad de Madrid, se ha orientado a considerar estas enseñanzas como un mero paso de criba para el acceso a la universidad. Es un error que estamos pagando caro y debemos repensar nuestro enfoque autonómico, tanto en su planteamiento ordinario como en la promoción del Bachillerato Internacional, con atención expresa a la organización en la práctica de su segundo curso, especialmente desde un punto de vista metodológico, así como a su escasa optatividad real actual.
     
     
169. Una Formación Profesional más flexible y moderna debe desempeñar un papel estratégico en el cambio necesario del modelo productivo que la Comunidad de Madrid necesita, contribuyendo a la empleabilidad de jóvenes y adultos, en una oferta única, integrada y flexible, en el marco de una formación a lo largo de la vida. También es vital poner en marcha, en el ámbito autonómico, convocatorias de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral. Todo ello debería hacerse mediante un plan autonómico específico en el que, además, se asegurara en la FP la enseñanza
     práctica y una adecuada formación dual, así como la puesta en marcha de proyectos para la creación de aulas de tecnología aplicada, teniendo en cuenta en dicho plan la cultura y el tejido empresarial existentes en nuestra comunidad. En este modelo de actuación cobra vital importancia el desarrollo de la red de Centros Integrados de Formación Profesional.

170. Es imprescindible invertir adecuadamente con carácter finalista la parte correspondiente a Madrid del Plan estratégico de Formación Profesional del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para modernizarla y acercarla a las necesidades del marco laboral. Debe mejorarse sustancialmente la oferta pública de FP para que pueda atender toda la
     demanda social y lidere la inserción laboral en todos los sectores, especialmente en campos emergentes y/o muy demandados por la empresas (inteligencia artificial, Big Data, digitalización, emergencias sanitarias, energías renovables,…), asegurando una oferta pública cercana a todos los municipios, estando presente siempre en ellos cuando tengan más de 20.000 habitantes, que garantice la impartición de todas las familias profesionales y ciclos formativos en las diferentes zonas.

171. La Comunidad de Madrid debe potenciar la educación durante toda la vida.
     Para ello debe proceder a desarrollar la red pública de centros de educación de personas adultas (CEPA), ampliando y mejorando sus instalaciones y aumentando los municipios donde se imparten clases, su oferta formativa introduciendo más competencias, y su publicidad, a través de convenios con los Ayuntamientos, a los que se apoyará económicamente cuando tengan bajos recursos. Y se debe potenciar el Bachillerato a distancia o nocturno donde sea
     preciso, especialmente en las zonas rurales más despobladas, así como el cumplimiento del artículo 67.1 de la LOE, en la redacción actual dada por la LOMLOE, para que ningún alumno o alumna quede excluido. Es necesario, además, mejorar su oferta formativa con enseñanzas formales y no formales y la preparación para obtener cualificaciones profesionales y certificados de profesionalidad, así como ampliar la actual precaria función orientadora.
     
     
172. El apoyo a la función educativa de los centros de Educación Especial es incuestionable, los cuales deben ver aumentados sus recursos humanos y materiales para poder atender óptimamente a su alumnado, que requiere una atención especializada. A la vez, debe cambiarse el enfoque autonómico de estos centros, ya que actualmente se utilizan para desviar a una parte de alumnado con necesidades educativas específicas que podría estar perfectamente escolarizado en los centros ordinarios, sin más que dotar a estos de los recursos adecuados, para que pueda volver a ser una opción a elegir basándose solo en el interés
     superior del menor.
     
     
173. Se deben poner en marcha medidas para explotar todo el potencial y calidad de las enseñanzas artísticas en los centros públicos madrileños: aumentar las plazas y su extensión geográfica en la comunidad; revisar el currículo; crear el Consejo de Enseñanzas Artísticas de la Comunidad de Madrid; elaborar un Reglamento Orgánico de Centros (ROC) específico, generar un marco normativo y presupuestario autonómico; mejorar su coordinación tanto con las enseñanzas obligatorias como con las profesionales; renovar sus sedes, mejorando sus instalaciones y servicios; y potenciar su dimensión de educación superior en el tramo correspondiente.
     

174. Es urgente mejorar la enseñanza de idiomas en todos los centros públicos, con el objetivo de que todo el alumnado al terminar la educación obligatoria domine, al menos, un segundo idioma extranjero. Dando especial protagonismo a la red de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), debemos repensar los actuales programas denominados bilingües y cuestiones específicas como: las horas diarias de enseñanza en lengua extranjera y cómo impartirlas; los desdobles y los apoyos; los y las auxiliares de conversación; los grupos mixtos; los intercambios y estancias en el extranjero; las producciones culturales audiovisuales en otras
     lenguas para el sistema educativo; y la inconveniencia de su implantación en la
     educación infantil, especialmente en el primer ciclo de la etapa, tramo 0-3.

175. Por otra parte, las Escuelas Oficiales de Idiomas deben contar con una diversidad en su oferta de cursos para adecuarse a la demanda y necesidades de los ciudadanos, que incluya todos los niveles del Marco Común Europeo de Referencia, contando con los medios técnicos y humanos necesarios, con un sistema de preinscripción, matriculación y solicitud de certificados único por
     medios informáticos.
     
     
176. Con relación al fomento del deporte, se debe poner en marcha un Plan Madrileño de Promoción de la Actividad Física y del Deporte en edad escolar, que suponga: la mejora de las instalaciones deportivas de los centros educativos; el uso educativo de las instalaciones públicas; e incrementar y fijar las horas dedicadas a la práctica deportiva en la vida escolar. Paralelamente se abordará la implantación de un Plan madrileño de Educación para la
     Salud.
     
     
177. La Universidad es una institución que debe liderar el cambio social y económico que necesita España; generando nuevo conocimiento mediante la investigación, transfiriéndolo a la sociedad a través de la docencia y la formación, aportando soluciones en materia tecnológica, científica y de innovación, desde su transversalidad y capacidad de diagnóstico y análisis crítico.
     
     
178. Es necesario contribuir a todo lo anterior en la Comunidad de Madrid con políticas públicas adecuadas y la inversión necesaria, que, respetando la autonomía de cada universidad para desarrollar proyectos propios, no renuncie al carácter universal y prioritario que debe tener la universidad pública. Políticas que, entre otras cosas, apuesten por el incremento sustancial de la oferta de plazas públicas, la estabilidad del Personal Docente e Investigador, y por consolidar y especializar las plantillas del Personal de Administración y Servicios.

179. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es una oportunidad única para relanzar los objetivos fundamentales de las universidades. Es el momento adecuado de aprovecharlo en el impulso de una ley autonómica que regule el Sistema Universitario Madrileño (SUM) con el consenso de la comunidad universitaria y los agentes sociales, capaz de trazar las líneas estratégicas del sistema en su conjunto. Dicha ley debe abarcar, al menos, los siguientes aspectos: refuerzo de los órganos de gestión, asegurando la participación de todos los
     agentes del sistema; establecimiento de criterios claros para la autorización y el régimen de las universidades, incluyendo la necesidad de realizar investigación para poder ser consideradas como tales; regulación adecuada de las prácticas del alumnado; desarrollo de un modelo de financiación plurianual, predecible, suficiente e incentivador para las universidades públicas madrileñas; rendición de cuentas ante la sociedad; y promoción de la vocación internacional de las universidades a través del EEES. El objetivo debe ser llegar hasta una inversión del 3% del PIB regional en I+D+i.
     
     
     
180. Decir socialismo es hablar de: una ciudadanía libre; igualdad de oportunidades y compensación de las desigualdades; una educación a lo largo de la vida que garantice las posibilidades de ascenso social; el aprovechamiento del talento; y la cohesión y vertebración de la sociedad.
     
     
181. Por ello, las y los socialistas hacemos una apuesta clara por la escuela pública, que es la escuela de todas y todos, como garantía de igualdad, vertebración y cohesión social; a través de la cual se puede ejercer el derecho a la educación en cualquier parte del territorio y con independencia de la situación socioeconómica de las familias del alumnado. Una escuela pública de calidad con equidad, características de la escuela inclusiva, que atiende a la diversidad, base de una compensación de desigualdades desde los primeros años de la infancia para que nadie se quede en el camino, para que todo el alumnado progrese en
     igualdad de condiciones.
     
     
182. En la configuración de la red pública, no debemos olvidar en modo alguno a la escuela rural, ya que, sin centros educativos de proximidad para todas las etapas, muchas familias se ven obligadas a ir a núcleos más grandes que cuenten con esos centros educativos. El PSOE, en línea con la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, apuesta siempre por llevar la escuela donde se necesita, no por forzar a la ciudadanía a mudarse de residencia para poder
     ejercer sus derechos.
     
     
183. Es inaplazable realizar una profunda revisión de la red de centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid, para todas las etapas y enseñanzas, incluidas las profesionales, basada en un mapeo actualizado de toda la región con un inventario completo de las infraestructuras y su situación actual, con el objetivo de ampliarla y poner en marcha un ambicioso plan de obras de Reforma, Ampliación y Mejora (RAM) de los mismos, así como para
     asegurar su accesibilidad, sostenibilidad, especialmente en materia ecológica y
     medioambiental, y conexión a internet de alta velocidad. Construidos en el suelo
     público que se dote por parte de los ayuntamientos, dotación que siempre deberá
     ser exclusivamente para centros públicos, y con un compromiso específico de
     acabar con la construcción por fases.
     

184. La construcción de equipamientos educativos ha de alinearse con los Objetivos de
     Desarrollo Sostenible y la Agenda Urbana Española, y generar nuevos modelos de centro educativo público, más imaginativos y adaptados a las necesidades de su entorno (0-12, 0-16, 0-18), con el objetivo de garantizar su mejor aprovechamiento. La puesta en marcha de los nuevos centros deberá poner especial atención a la creación y extensión de los nuevos barrios. En todos los casos se deberá tener en cuenta la demografía actual y previsible futura, y deberá
     respetar lo que se establezca en un Plan regional de Salud Ambiental Escolar, cuya formulación es inaplazable, que incluya, entre otras cosas, la total y urgente eliminación del amianto, así como el cuidado de los entornos escolares.
     
     
185. La enseñanza privada concertada es, con el marco legislativo estatal actual (LODE-LOE-LOMLOE), una realidad. Para lograr que las familias en la Comunidad de Madrid no tengan que pagar cantidad alguna en las etapas obligatorias sujetas a concierto, regresando al cumplimiento de gratuidad absoluta, así como al de no segregación del alumnado, impidiendo su selección por parte de los centros y garantizando que escolaricen a cualquier tipo de alumnado, los centros privados concertados deben actuar en todo ello igual que los centros públicos, ya que son obligaciones vinculadas a estar financiados con fondos públicos.
     
     
186. Con el objetivo de contribuir a reducir los efectos sobre el cambio climático, se debe realizar una revisión de los parámetros de escolarización en cuanto a los criterios de proximidad, de forma que se potencie ir andando al centro educativo.
     
     
187. Respetando, como es lógico y obligado, el marco legislativo estatal, se debe profundizar en un nuevo concepto de autonomía de los centros educativos, que abarque elementos de gestión, organización y pedagógicos. Para ello se debe potenciar el papel decisorio de la comunidad educativa a través del consejo escolar, respetando la Administración educativa su papel y funciones, así como lo correspondiente a la dirección escolar y el claustro, sin que ello signifique ausencia de rendición de cuentas. Y se deben aumentar los recursos humanos y económicos que permitan desarrollar una autonomía real dentro de las competencias dadas.
     
     
188. Es fundamental potenciar y mejorar la función directiva con una modalidad participativa, de equipo, basada en un proyecto de centro y orientada a garantizar una escuela democrática que asegure la participación de profesorado, familias y alumnado en el control y la gestión del mismo. La escucha activa de quienes ejercen esa función debe ayudar a configurar el nuevo modelo de dirección escolar.

189. Una seña de identidad clara del proyecto socialista en el ámbito educativo, del municipalismo que defendemos y practicamos, y de nuestro modelo de ciudad educadora, es la participación real y efectiva de la sociedad en la cogobernanza.
     Empoderar a toda la comunidad educativa es clave para tejer alianzas que transformen la realidad y que mejoren la vida de la gente. Se debe mejorar la cooperación entre el centro, las familias y el resto de la comunidad, aprovechando los cambios realizados por la LOMLOE en materia de participación, y lograr que ésta sea real y efectiva en los consejos escolares de
     centro, en el Consejo Escolar autonómico y en los locales, y generando o recuperando consejos municipales inactivos y, donde sea posible, de distrito, potenciando de nuevo la figura del representante municipal. Todo ello también en los SAE, que deben ser reformulados para, entre otras cosas, garantizar su total transparencia.
     
     
190. Por otra parte, se debe respaldar económicamente y con espacios el asociacionismo de los diferentes sectores y a su coordinación a escala regional y municipal, estableciendo encuentros muy frecuentes de rendición de cuentas en cada uno de los niveles y para acordar los objetivos estratégicos de la planificación educativa, así como la traslación de ese proceso participativo a los presupuestos educativos regional y municipales.
     
     
191. La comunidad más rica de España no puede ser por más tiempo la que menos invierta por alumno/a. Esta paradoja debe terminar, no solo por ser injusta y atentar contra la equidad, sino porque obliga a las familias y a otras Administraciones, en especial a los ayuntamientos, a realizar sobreesfuerzos imposibles para no quedarse atrás. Por tanto, debe establecerse un
     incremento de la inversión educativa en la Comunidad de Madrid, situada actualmente en el 2% de su PIB, para llegar en el futuro a alcanzar la inversión media de la Unión Europea, que se encuentra actualmente en el 4,7%.
     
     
192. Se han de alentar políticas inversoras para mejorar la asignación a los centros públicos, muchos de los cuales subsisten gracias al apoyo municipal, y en nuevos sistemas de cofinanciación autonómica del mantenimiento, limpieza, vigilancia y conservación de los centros educativos. Y, por supuesto, se debe exigir a la comunidad autónoma que: amplíe el escudo social que revierta la actual situación de hipergasto educativo al que muchas familias no pueden hacer frente; financie de forma adecuada todas las enseñanzas y todos los centros educativos
     de titularidad pública; y garantice los fondos suficientes para también ampliar y consolidar las plantillas de personal no docente de los centros educativos, en especial, de Personal de Administración y Servicios (PAS) y de enfermería escolar.
     
     
193. Se necesita que la inversión educativa dedique un especial esfuerzo al capítulo de becas y ayudas para el alumnado y sus familias, para cumplir los objetivos sociales de garantizar el derecho pleno a la educación a quienes tienen menos oportunidades, lo que conlleva que siempre sean en función de la renta, teniendo cobertura total para las rentas más bajas y desfavorecidas. Y, entre otras cuestiones, deben abordar siempre: el material escolar, en tanto no se garantice su gratuidad total; descenso sustancial de los precios de comedores y transporte escolar; eliminación o, al menos, bajada hasta los niveles de 2011, como se regula en el R.D. 17/2020, de las tasas por estudios no obligatorios, especialmente en las enseñanzas de carácter profesional de los centros públicos; gratuidad de primera matrícula de los estudios superiores en las universidades públicas; equiparación de precios de grado y máster; exenciones totales para poblaciones en situación de vulnerabilidad , como, por ejemplo,
     víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos; y becas salario para poder continuar estudios sin tener que verse forzado a abandonarlos para insertarse prematuramente en el mundo laboral.
     
     
194. Por tanto, se debe desarrollar el derecho subjetivo a una beca, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y aumentar significativamente los recursos destinados a este asunto. Para lograrlo, en lugar de tener una serie de ayudas, becas, cheques y tasas que funcionan de forma aislada desde un punto de vista normativo, se debe implementar un sistema integrado de becas y ayudas propio de la Comunidad de Madrid para todo el alumnado de los centros de titularidad pública, que forme parte de un ambicioso plan autonómico de política familiar.
     
     
195. La coherencia con un modelo laico de escuela pública exige la ausencia total de adoctrinamiento religioso, correspondiéndose con las convicciones, principios y valores de un estado aconfesional, por lo que se debe asegurar en la Comunidad de Madrid tanto el respeto a todas las confesiones religiosas como el libre ejercicio de no seguir alguna de ellas, para garantizar los derechos de todas las familias contemplados en la Constitución Española. Además, debe garantizarse en la Comunidad de Madrid el cumplimiento del mandato legislativo (LOE-LOMLOE).