Por eso creo que el pasaporte de inmunización puede y, en mi opinión, debe ser implementado, al menos a nivel europeo.
Quizás una de los aspectos más importantes, o el más importante, a la hora de discutir este tema sean las consideraciones éticas de su puesta en marcha. Entre ellos la presión involuntaria que se ejercería sobre cierto grupo de población joven para adquirir la enfermedad y conseguir el pasaporte, la obligatoriedad o no de la vacunación, la diferenciación en la igualdad de oportunidades para viajar, trabajar , o cualquier otra actividad entre la población inmunizada y la no; el problema de la falsificación del pasaporte ( que creo puede ser evitado hoy día , basado en la informática y los bancos de datos), incluso posiblemente la inexistencia de un marcó legal que justifique la obligatoriedad de la vacunacion en algunas profesiones, más allá de lo estableció en La Ley General de Salud Pública,que permite «Establecer mecanismos de coordinación en caso de pandemias u otras crisis sanitarias, en especial para el desarrollo de acciones preventivas y de vacunación» . Quizás en algunas profesiones, pudiera considerarse la obligatoriedad, como ya existe en otros casos como es la hepatitis B. Extremadura (Decreto 181/2004, de 30 de noviembre, art. 6.1), Cataluña (Decreto 28/2001, de 23 de enero, art. 8.1); o Madrid (Decreto 35/2005, de 10 de marzo, art. 7).
Hechas estas consideraciones, creo que aparecen otras muy importantes que también merece la pena considerar. La pregunta fundamental sería, ¿En qué momento se podrán restablecer todos los derechos de la población? ¿En qué proporción de población inmunizada se acabaran las restricciones para que la humanidad, Europa, o España se pueda restablecer todos los derechos de la población .¿Deberá ser a la vez para toda la humanidad, para cada uno de los continentes, de Europa, de los países o de las autonomías, o de otros territorios o agrupaciones menores?, Si no es por territorio, deberá ser por ciudadanos? Y en ese caso deberá ser por el estado de inmunización o no, frente al Covid19.
Las consecuencias de la restricción general de estos derechos lo estamos viendo en términos económicos, de pobreza, de desigualdad y de las consecuencias sanitarias y de enfermedad y muerte que estas traen consigo.
La vacuna es eficaz. La infección pasada también, y en mi opinión (revisada la literatura científica) aún mayor que la vacuna. La infección pasada confiere una inmunidad fuerte y robusta frente el Covid19, al menos en los 8 meses siguientes- único periodo que hasta ahora ha podido estudiarse por lo reciente de la pandemia, pero que muy probablemente se extenderá a varios años, por los conocimientos previos de la infección por SARS- COV. Además dela realidad demuestra la casi inexistencia de reinfecciones, y no solo con la variante original, sino que tampoco se refieren, en los países en que conviven varias variantes, que sea frecuente la reinfección de los previamente infectados por la covid 19 original, mientras algunas informaciones hablan de menor eficacia de las vacunas frente a la variante surafricana y quizás la brasileña.
Con estas dos premisas y conociendo los estragos económicos de la situación actual. ¿no sería necesario extender un pasaporte de vacunación o infección pasada para que la población inmunizada que se incrementara rápidamente según sea vacunada- pudiera ejercer todos sus derechos? ¿podríamos considerar esta opción, más como un mecanismo de solidaridad con los demás, por los beneficios económicos, que una situación de discriminación entre inmunizados y no?. La situación de inmunizado es, (mayoritariamente – al poder renunciar a vacunarse-) no elegida por las personas. La forma y momento de vacunación es implementada por las autoridades sanitarias en función de la escasez mayor, o menor, de las vacunas y de su capacidad sanitaria para realizarla, y el pasar la infección tampoco es elegido.
Si se permitiera a las personas inmunizadas, o a los turistas, con pasaporte de inmunización que tuvieran libertad de desplazamiento por el país ,asistencia a espectáculos, como teatro , bares, restaurantes, campos de futbol etc., esta población gozaría de ciertos privilegios sobre los no inmunizados. Cierto, indiscutible.
Pero ahora imaginémonos que estamos en el inicio del verano, que un 40 % de la población está protegida frente al infección por vacunación y otros 3 millones (más de un 10 % de población mayor de 18 años) han pasado la infección y un 50 % de la población es susceptible de infectarse y esta situación es muy parecida en el resto de Europa. El turismo y la hostelería y otros tipos de actividades relacionadas, son fundamentales en la economía española y mucho más en estos meses, (en otoño se espera que haya inmunidad de grupo por la vacunación) y de su apertura, y actividad lo más plena posible depende una importante parte de los ingresos de este sector y por lo tanto de la economía española y de los posible ingresos del estado, que permitirían por un lado, disminuir el coste de los ERTES, al aumentar el empleo en este sector, y por otra un aumento de ingresos por IVA o impuestos sobre beneficios. ¿Deberíamos restablecer todos los derechos en esta población dado que no entrañarían riesgos y por lo tanto no extenderán la pandemia ni sobrecargaran los hospitales, y se beneficiarían también de la mejora psicológica que lleva esta situación consigo? Además cada semana se irían integrando un importante grupo de personas vacunadas al grupo de inmunizados. El mantenimiento de restricciones en la población no inmunizada, podría ser más una actitud de solidaridad con los demás, que de discriminación.
En mi opinión esta posibilidad debería ser considerada, pues la mayoría de la ciudadanía entendería esta posición en aras de prevalecer el interés general sobre el interés particular, dado que cualquier otra opción, no otorgaría más derechos a los no inmunizados, y entrañaría perdida de beneficios para la sociedad en general. Por eso creo que el pasaporte de inmunización puede y, en mi opinión, debe ser implementado, al menos a nivel europeo.