España ya cuenta con una nueva Ley de la Cadena Alimentaria. 

El Congreso de los Diputados respaldó el 2 de diciembre la iniciativa legislativa liderada por este Gobierno para asegurar lo que es justo: que los hombres y mujeres que trabajan en el sector primario, y que nos garantizan alimentos de calidad, en cantidad y a precios asequibles, logren precios justos.

La modificación de la Ley es una respuesta a la primera reivindicación que me trasladó el sector: unas retribuciones dignas por su trabajo. Con escucha y mano tendida, asumimos el reto para cambiar las reglas del juego, poner de acuerdo a los distintos actores y establecer las medidas necesarias para asegurar buenas prácticas comerciales que permitan requilibrar la cadena para que todos sus eslabones se beneficien de la creación de valor.

Con su aprobación damos un enorme paso adelante en derechos y en la defensa de nuestros agricultores y ganaderos. Como socialistas, entendemos en clave de justicia y dignidad que un trabajo bien hecho esté debidamente retribuido de manera que asegure la rentabilidad y, por tanto, la continuidad de la actividad. Porque sin rentabilidad no puede darse sostenibilidad alguna y en el caso del sector primario, que es un pilar de la economía de España, nuestro compromiso es impulsar y apoyar una actividad agraria rentable, moderna, competitiva y sostenible social, económica y medioambientalmente. Por tanto, es de justicia que esta Ley obligue a que el precio que reciben por la venta de sus productos cubra los gastos de producción, que prohíba la venta a pérdidas blindando a agricultores y ganaderos frente a prácticas comerciales desleales y que dote de transparencia la formación de precios y las relaciones comerciales mediante la obligatoriedad de contratos escritos.

La complejidad que entrañaba el proceso con el que recogimos el guante para dar respuesta a una reivindicación histórica, ha sido un reto que hemos logrado superar con escucha, análisis y negociación. Con avance progresivo y firme, alejado del ruido. Porque cuando hablamos de algo tan central como es lo que cobran nuestros agricultores y ganaderos, se ha de acometer bien, con visión y responsabilidad. Con política útil. Así lo hemos hecho, tanto en la primera reforma que llevamos a cabo en febrero de 2020 y ahora con esta segunda modificación que transpone legislación europea que nos permite ampliar el ámbito de aplicación y, por ende, de protección. 

Las medidas que introducimos, tienen también una lectura en términos socioeconómicos que van de lo micro a lo macro. A fin de cuentas, la fortaleza de nuestro sistema agroalimentario que registra cifras de exportaciones record en los mercados internacionales (más de 58.000 millones de euros en el año móvil hasta septiembre, un 8,9 % más que en el mismo periodo anterior,

y con un saldo positivo de 20.000 millones de euros) radica en cada uno de los eslabones, siendo los productores la base que lo sostiene. A mayor margen de rentabilidad, mayores oportunidades para invertir, modernizar, crecer y ganar en competitividad, que repercute directamente sobre el conjunto de nuestro sector agroalimentario que es líder y pilar de la economía de nuestro país. 

Con  valentía, cambiamos de forma paulatina las reglas del juego. El cambio no será de la noche a la mañana y se requerirá tiempo y adaptación para que las medidas cobren efecto. 

Este Gobierno está firmemente comprometido con su cumplimiento.

Compromiso es precisamente el elemento clave para su éxito. En tanto que ley, obliga jurídicamente a todas las partes a cumplir lo establecido. Pero es preciso que todos los actores asuman su papel y responsabilidad para que su aplicación se traduzca en dignificación, protección y justa retribución de quienes alimentan nuestra vida. 

Debemos estar todos implicados. Nuestro sector primario cuenta con una particularidad en comparación a cualquier otra actividad económica y es que, sus márgenes de rentabilidad dependen de factores externos difíciles de controlar, como puedan ser la climatología o la volatilidad de los mercados. Por eso hay que apoyarles. Son la base de una de las actividades económicas más potentes de España.

Cada uno de nosotros y nosotras tiene una relación directa con nuestros agricultores y ganaderos. Cada vez que adquirimos alimentos y bebidas somos actores de la transformación hacia un sistema de garantías y justicia económica y social que va de las explotaciones agrarias a nuestra mesa. Hace treinta años, la alimentación representaba un 30 % de nuestra cesta de la compra junto a otros productos. Los tiempos cambian y hoy en día, los alimentos y bebidas que compramos suponen apenas el 15 % de nuestra cesta. Por ello también debemos reflexionar y, como consumidores, sentar nuestras prioridades, así como poner y pagar un valor justo por los alimentos sanos, seguros y sabrosos que nos ofrecen a diario gracias a su esfuerzo. Tengamos esto siempre presente cuando compremos. Con esta Ley, miramos por las mujeres y los hombres del campo, como ellos y ellas nos cuidan a nosotros.  

Hemos logrado sacar adelante una Ley que es buena. El sector y el conjunto de la cadena así lo consideran. Nos hemos dado la mano afianzado la fortaleza de la unión entre eslabones para avanzar juntos, mejorando las condiciones de quienes han sido el centro de la resistencia y son pilar de la recuperación. 

El sector primario siempre contará con los socialistas y con este Gobierno para seguir trabajando conjuntamente en la mejora de condiciones. Es el momento de que los actores de la cadena alimentaria, productores, industria y distribución, aprovechen bien la gran oportunidad que brinda la modificación que hemos acometido, para reequilibrar la cadena y para que todos los participen y se beneficien de la generación de valor. La equidad en la distribución de riqueza en el sector primario es clave para que avancemos como sociedad en conjunto sin dejar a nadie atrás.