Por Juan López

El alumnado más desfavorecido es el gran reto de cara al próximo curso, para reducir la brecha digital que tiene su origen en la brecha social. Un millón de niños y niñas viviendo en la pobreza han de ser la prioridad, no sólo para combatir la pobreza infantil, insoportable en un país desarrollado como el nuestro, sino para sus condiciones de enseñanza.

Por Juan López Martínez Vicesecretario General de Chamberí. Inspector de Educación | domingo, 05 de julio de 2020

Para darnos idea de la dimensión del problema, estamos hablando de 8.276.528 de alumnado y de 724.803 de profesorado de educación no universitaria, con desgloses tan destacados como 1.278.189 de alumnado en el segundo ciclo de educación infantil, más 468.898 del primer ciclo
( el 42%  de cero a dos años),  así como de 2.905.640 de Educación Primaria y 2.651.467 de Educación Secundaria ( incluido el Bachillerato).  Datos que se distribuyen en 5.561.457 alumnado en centros públicos y 2.715.071 de alumnado en centros privados.
Cuando nos referimos a un abandono escolar prematuro del 18,5% a nivel nacional, que llega a un 43% entre la infancia que vive en la pobreza, estamos ante una población de miles de alumnos y alumnas, de miles de familias afectadas. 
El alumnado más desfavorecido es el gran reto de cara al próximo curso, para reducir la brecha digital que tiene su origen en la brecha social. Un millón de niños y niñas viviendo en la pobreza han de ser la prioridad, no sólo para combatir la pobreza infantil, insoportable en un país desarrollado como el nuestro, sino para sus condiciones de enseñanza.
Al inicio del próximo curso escolar hemos de contemplar, al menos, dos posibles escenarios:

  1. Una escolarización normal, pero con medidas de seguridad sanitaria, que en algunos casos exigirán desdoblamientos de grupos por carencia de espacios suficientes para mantener las distancias interpersonales.
  2. Rebrotes locales de la pandemia que obliguen al cierre de algunos colegios.

El Gobierno de España ha puesto sobre la mesa 2000 millones de euros con carácter finalista para repartir entre las Comunidades Autónomas, en apoyo de las nuevas medidas de organización escolar y recursos tecnológicos, que sean necesarios para desarrollar el curso dentro de la nueva normalidad.
En el segundo caso, si se ha de seguir la enseñanza a distancia, habrá que contemplar fórmulas de enseñanza presencial para aquel alumnado que por falta de recursos telemáticos no pueda recibir enseñanza por esa vía. No puede repetirse lo sucedido en el último trimestre de este curso escolar, en el que miles de alumnos y alumnas ha dejado de recibir enseñanza por falta de medios.
La enseñanza presencial es la que mejor garantiza unas condiciones básicas de igualdad educativa. Además de que la Escuela cumple también una función fundamental de socialización y desarrollo emocional, que va estrechamente vinculada a la presencialidad del alumnado y del profesorado con él.
Sin olvidar que la igualdad educativa, que se logra por la compensación de desigualdades, es la base de la cohesión social, fundamento de una sociedad mejor.
Y, en todo caso, hay una etapa educativa que debe tener carácter preferente, porque es la que tiene mayor efecto igualador desde el principio de la escolarización, desde la base, como es la Educación Infantil. Esta etapa es la que permite que todo el alumnado parta de la recta de salida en igualdad de condiciones educativas. Además de facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar de las parejas más jóvenes. De ahí la alta rentabilidad educativa, económica y social de invertir en Educación Infantil, una de las grandes apuestas de la nueva Ley de Educación (LOMLOE).
El Premio Nobel, James Heckman, ha demostrado que “por cada dólar invertido en Educación Infantil, se logra unan tasa de retorno social de entre el 7% y el 10%”.
Por eso“ la educación no es un gasto, sino la mejor inversión”.

CONCLUSIONES:

  1. Prioridad a la enseñanza presencial por razones de equidad, socialización y desarrollo emocional, especialmente en la Educación Infantil y Primaria.
  2. Dos mil millones de euros del Gobierno de España con carácter finalista, en apoyo de las nuevas medidas de organización escolar y recursos tecnológicos, que sean necesarios para desarrollar el curso dentro de la nueva normalidad.
  3. Fórmulas de atención presencial al alumnado más desfavorecido, en el caso de obligada enseñanza telemática por razones sanitarias.

No puede repetirse lo sucedido en el último trimestre de este curso escolar, en el que miles de alumnos y alumnas ha dejado de recibir enseñanza por falta de medios

JUAN LÓPEZ MARTÍNEZ.
Inspector de Educación.
Vicesecretario General de Chamberí

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