Publicado por Toni Ferrer | Fundación Sistema

El Consejo de ministros de hoy, 16 de marzo de 2023, ha aprobado la segunda fase de la reforma del sistema público de pensiones, que fue previamente consensuada por los socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos y obtuvo el visto bueno de la Comisión Europea. El Gobierno y las organizaciones sindicales UGT y CCOO firmaron ayer un acuerdo para culminar la reforma de la Seguridad Social. Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, que también firmaron la primera fase de la reforma de las pensiones, han manifestado su rechazo frontal a este nuevo acuerdo.

Con el acuerdo se concluye el extenso proceso negociaciones llevado a cabo por la Mesa de Diálogo Social en materia de pensiones, la segunda fase de la reforma del sistema público de pensiones se inscribe en el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las medidas adoptadas han sido objeto de negociación con los interlocutores sociales. A su vez el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones compareció ante la Comisión del Pacto de Toledo para presentar los cambios de la nueva norma, que próximamente se tramitará en el Parlamento.

La segunda fase de la reforma de las pensiones está formada por un conjunto de medidas que tienen como objetivos principales modernizar y reforzar el sistema público de pensiones para los próximos 30 años, que se complementan con aquellas que se adoptaron en 2021 en el acuerdo de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de garantía del refuerzo de la sostenibilidad, firmado por el Gobierno con CEOE, CEPYME, CCOO y UGT. Las medidas más significativas, entre otras, que configuran este nuevo acuerdo para la reforma de las pensiones son las siguientes:

Para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, se subirán las bases máximas de cotización, entre 2024 y 2050, sumándole a la cuantía anual del IPC una cuantía fija de 1,2 puntos porcentuales. Por su parte, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,0115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050. También con la finalidad de elevar los ingresos para hacer frente al mayor gasto que implicarán las jubilaciones de los ‘baby boomers’, se propone subir la cotización al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). del 0,6%, actual al 1,2% (0,2% por el trabajador y 1% por la empresa) en 2029, a un ritmo de una décima por año, que se destinará a rellenar el Fondo de reserva que tendrá limitado la disposición de los activos.

Con el objetivo de mejorar los ingresos se propone una “cuota de solidaridad” para la parte del salario que actualmente no cotiza por superar el tope máximo de cotización. Ésta será del 1% en 2025 e irá creciendo a razón de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% por la empresa y 1% por el trabajador). Esta cuota sólo se aplicará a salarios superiores a la base máxima de cotización (53.946 euros en 2023). Esta cotización para fomentar la mejora de la solidaridad del sistema no conlleva una contraprestación ni genera nuevos derechos, pues su naturaleza no es contributiva sino solidaria.

Se podrá elegir el periodo de cómputo para calcular la pensión, que puede ser calculada en base a los últimos 25 años de cotización, actualmente vigente, o con los 29 años de los cuales se podrían excluir los dos años peores, de manera que, en la práctica, el periodo en este último caso será de 27 años. Este régimen dual del periodo de cómputo estará vigente durante los próximos 20 años. La nueva opción que se introduce (29 años excluyendo dos) se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026, lo que beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares o despedidos al final de su vida laboral. Se ofrecerá al pensionista ambas posibilidades con la idea de aplicar lo que resulte más ventajoso para el trabajador que se jubile.

La mejora de las pensiones mínimas, mediante la convergencia de las pensiones mínimas contributivas para asegurar que alcancen el 60% de la renta mediana, con un procedimiento parecido al desplegado para elevar el SMI al 60% del salario medio, tomando como referencia la evolución de la pensión mínima con cónyuge a cargo, que alcanzaría entre 2024 y 2027 el 60% de la renta mediana correspondiente a un hogar de dos adultos. Respecto a las pensiones no contributivas se prevé su evolución hasta converger en 2027 con el 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

El modelo actual de cobertura de lagunas de cotización se mantiene (entendiendo por lagunas aquellos meses en lo que no existe obligación de cotizar y que son tenidos en cuenta para calcular las pensiones), aunque con mejoras para las mujeres. Así, los vacíos de cotización se compensarán con el 100% de la base mínima los primeros 48 meses (4 años), y con el 50% de la base mínima a partir del mes 49, añadiendo para las mujeres asalariadas el 100% de la base mínima entre el mes de vacío 49 y el 60 (hasta el quinto año) y el 80% de la base mínima entre el mes 61 y el 84 (del quinto al séptimo año).

La medida anterior estará vigente mientras la brecha de género sea superior al 5 por ciento y también se aplicará a los hombres que estén en situaciones comparables. El complemento de brecha de género de las pensiones se incrementará un 10% adicional a su revalorización anual en el bienio 2024-2025. Reconocimiento de los períodos cotizados por cuidados de hijos y familiares. También se establecen otras medidas como, un Observatorio sobre al cese de actividad de los autónomos, las cotizaciones de los becarios y se fija una fecha tope para renovar la regulación de la jubilación parcial y el contrato de relevo.

Para la evaluación de la sostenibilidad del sistema de pensiones, se encomienda a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la supervisión de la evolución de los ingresos y de la previsión del gasto en pensiones hasta 2050. Cuando el gasto pueda superar 15% del PIB se prevé que el Gobierno traslade la cuestión al diálogo social y al Pacto de Toledo para negociar las medidas necesarias para su reducción, ya sea sobre los ingresos o los gastos. Si no se adoptaran medidas se incrementará progresivamente el MEI. También se crea una comisión de seguimiento del acuerdo.

Las organizaciones sindicales firmantes del acuerdo han puesto en valor que se blindan las pensiones y se refuerzan los ingresos de la Seguridad Social, ha sido valorada positivamente por amplios sectores de la opinión pública, por los expertos en Seguridad Social y también por la mayoría de los colectivos de los pensionistas. Una vez ultimada la reforma, después ser evaluada por Bruselas, el Gobierno podrá solicitar el cuarto tramo de las ayudas directas, 10.000 millones de euros, de los fondos Next Generación para impulsar la economía y el empleo de nuestro país.

Por el contrario, las organizaciones empresariales han manifestado su total oposición, con el argumentario de que perjudicará al empleo, a las empresas y autónomos por la “desorbitada” subida de los costes laborales y han anunciado que tendrá consecuencias en la negociación salarial. Estas críticas son completamente infundadas, pues según los datos presentados por el ministro Escrivá la subida prevista de las cotizaciones sociales representa 37 céntimos por hora y nuestro país seguiría teniendo sus costes laborales muy por debajo de los países de nuestro entorno.

El PP y los otros partidos de la derecha y extrema derecha se han sumado al rechazo defendido por las patronales junto aquellos medios de comunicación que están anclados en el ataque permanente al Gobierno España. También se han cuestionado la viabilidad de las medidas acordadas determinados expertos, vinculados a empresas del IBEX o a sectores con afán de privatizar el sistema público. Todos ellos comparten como modelo reducir el gasto en pensiones y por lo tanto recortarlas, que es lo que impuso el PP con la derogada reforma de 2013.

Con la segunda fase de la reforma de pensiones se profundiza en la orientación progresista de la primera fase, pues está basada en medidas para mejorar los ingresos del sistema, la equidad y la garantía de las pensiones. La norma aprobada por el Gobierno de PSOE-UP dota de sostenibilidad social y financiera al sistema de la Seguridad Social y blinda la suficiencia y la revalorización de las pensiones, favorece especialmente a los jóvenes y a las mujeres. En definitiva, se refuerzan la solidaridad y la cohesión social en nuestro país.