Alvaro Frutos

La pérdida de la cultura del debate en la política española no solo está poniendo en peligro la salud democrática, sino que produce deterioros materiales en la ciudadanía al hacer quebrar políticas públicas esenciales para el futuro de la sociedad 

Por Álvaro Frutos Rosado | 09 de febrero de 2022

El sociólogo norteamericano y gran estudioso de la realidad sociopolítica española Robert M. Fishman lleva tiempo dedicando sus estudios a establecer parámetros de medición de la calidad democrática. Hace tiempo manifestaba que «el debate y el desacuerdo son muy sanos, incluso necesarios, en una democracia, pero (en contraposición) la falta de tolerancia mutua solo trae problemas». Sin duda es una reflexión intemporal, pero hoy tremendamente dramática en España. En momentos confusos y complejos la ausencia, tanto de dialogo como de tolerancia, a lo único que contribuye es a que la situación empeore. Fishman reflexiona sobre dos retos de la democracia actual en los países de la UE. Por un lado, las dificultades que se encuentran para avanzar en la capacidad de decisión y elaboración de las políticas públicas compartidas (valga como ejemplo la decisión de la Comisión Europea de mantenimiento de la nuclear y el gas como energías verdes). Por otro, la falta progresiva de la pedagogía del respeto mutuo y la tolerancia política. Son esenciales en una democracia avanzada.

Es obvio que en los sistemas democráticos son los electores los llamados a regir los destinoscolectivos a través de su voto. Por ello, siempre es bueno y necesario que conozcan con cierto detalle ante los procesos electorales las propuestas de los candidatos. La confrontación de ideas y opciones es democracia y su conocimiento la mejor forma de implicar a los ciudadanos en la política. Sin embargo, la experiencia nos viene demostrando que los debates electorales sirven para cualquier cosa menos para lo que debía servir: el enriquecimiento y cualificación de la cultura democrática. 

Dicho esto, en una democracia la discusión serena y el debate no pueden ser más que divertimento ocasional en tiempo electoral. El valor de las palabras, el diálogo sobre los problemas cívicos y las posibles alternativas para su solución es lo que hace que los ciudadanos sientan y crean en la democracia. 

En todo momento, la cultura del diálogo es inescindible a la concepción, elaboración y ejecución de las políticas públicas. Ello contribuye al buen funcionamiento de una gobernanza de lo público, haciendo que esta sea comprometida, transparente y eficiente como consecuencia del consenso. La cultura del debate es más que una herramienta de los sistemas políticos democráticos. Es un armazón para dotar de nexos entre los diversos operadores legitimados en las sociedades (empresarios, sindicatos, ONGs, corporaciones, universidades y la llamada sociedad civil) para encauzar la voluntad popular más allá de los partidos. Es por ello que un objetivo a perseguir por una sociedad democrática es fortalecer la calidad de las políticas públicas propiciando una interacción constante, desde la cultura del debate, para que el grado de capacidad de transformación social de la política sea mejor en cantidad y consistencia.

No hay duda de que la vis atractiva que para los ciudadanos tiene lo debatido y consensuado es proporcionalmente mayor que lo impuesto o, por el contrario, la práctica del no diálogo, que es solo producto de una de las llamadas batallas culturales que padecemos en búsqueda de la discrepancia con la única finalidad de hacer crecer la crispación política. 

En España esta situación está adquiriendo tintes muy preocupantes. La pérdida de la cultura del debate en la política española no solo está poniendo en peligro la salud democrática, sino que produce deterioros materiales en la ciudadanía al hacer quebrar políticas públicas esenciales para el futuro de la sociedad en su conjunto. 

No se pone en cuestión la eficiencia de las políticas por su oportunidad o idoneidad de los proyectos, calidad técnica o capacitación de los gestores. Lo que se cuestiona es “la arbitrariedad de su asignación por razones territoriales¨. Veladas insinuaciones de corrupción sin fundamento legal ni político, solamente ruido mediático para generar alarma colectiva. 

Poner en entredicho, como se está haciendo, los estratégicos, para el futuro de España, Fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es de una gravedad de difícil calificación

La pérdida de la cultura del debate en la política española no solo está poniendo en peligro la salud democrática, sino que produce deterioros materiales en la ciudadanía al hacer quebrar políticas públicas esenciales para el futuro de la sociedad 

Los efectos de este ruido no van a ser solo los que se están evidenciando ya, serán de doble calado. Uno, la herida que dejará deteriorando la imagen reputacional de la cultura democrática española, especialmente entre nuestros socios europeos. Bastante deteriorada como consecuencia de los juicios de corrupción producidos en España y que motivó la caída de un gobierno. Y, en segundo lugar, la desafección y descrédito que en los ciudadanos se van a producir al percibir una falta de transparencia en los dineros destinados a construir su bienestar de futuro. Si alguien piensa que eso penaliza a unos y no a otros, es una alicorta mirada partidista. Grave error, la imagen de España es una. 

Es bien cierto que los planes de recuperación han estado ayunos del debate, diálogo y consenso público que hubieran sido necesarios. La cuestión lo merecía, sin duda. La millonada de euros europeos que la UE ha puesto como destino a España y, lo que no es menos importante, el objetivo que tienen de transformación de nuestro sistema de producción de bienes y servicios de una manera neutra para el medio ambiente, basada en las nuevas tecnologías más limpias y eficientes y persiguiendo que el bienestar y el empleo de los ciudadanos no solo no se vea mermado, sino que se fortalezca.



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