Por Alfredo Liébana Collado. | https://www.diarioprogresista.es/

Es asombroso que, mientras los ciudadanos han pasado muchos meses angustiados por una pandemia desconocida, la sociedad intentando sostener con grandes dificultades un mínimo de actividad laboral a pesar de las circunstancias de emergencia, —científicos y sanitarios buscando soluciones cada uno en su ámbito a toda prisa en condiciones muy difíciles—, algunos partidos políticos no hayan dejado de estar cambiando de posición sin excesivas explicaciones, más preocupados en rentabilizar el cansancio de la sociedad que en ayudar a que los técnicos fueran paliando las dificultades ante lo desconocido. Mientras tanto, algunos juristas en el Tribunal Constitucional discuten sobre el sexo de los ángeles y algunos políticos proponen como solución una Ley de pandemias, con las dificultades de tiempo y complejidad que el procedimiento legislativo conllevaría.

Pero lo importante hoy son las consecuencias de la desautorización del Tribunal a las medidas coercitivas utilizadas, porque supone un grave quebranto a la autoridad y a la imagen de los cuerpos policiales, favorece la impunidad de los insolidarios y da alimento a aquellos que dicen que la epidemia no va con ellos.

¿Cuál es la realidad? La renovación del Tribunal Constitucional, así como la de otros órganos como el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal de Cuentas, que requieren una mayoría cualificada, siguen bloqueadas por el mal perder de una derecha que está anclada en la descalificación y el chantaje. En este panorama, esta resolución obtenida por una mayoría muy ajustada en un tema esencial para reafirmar la autoridad del ejecutivo, causa perplejidad. Que Vox recurra era esperable, a pesar del apoyo inicial, pero en absoluto que no se hayan medido las consecuencias del embrollo administrativo creado por el Tribunal Constitucional. Tanto dolor, tantos esfuerzos sufridos por los ciudadanos parece importarle un pimiento a tan egregio tribunal que dicta una sentencia de elevado nivel bizantino y de taimado interés político, en el evidente ánimo de desacreditar al gobierno por el detalle de no querer cumplir el trámite utilizado, ir a las cortes antes de tomar las medidas o después, que esa es la diferencia sustancial entre las dos normas en cuestión. ¿Alguien duda realmente de la urgencia en actuar? ¿No es eso gobernar? ¿La diferencia entre suspensión o restricción es útil para afrontar la resolución de este problema grave e imprevisto? Es aconsejable la lectura de los votos particulares, de una elevada sensatez.

En definitiva, esta resolución no pone en evidencia sino un uso abusivo de la autoridad de las puñetas…