Durante la crisis sanitaria, provocada por la pandemia de la covid-19 con sus pavorosos efectos…

 por Toni Ferrer | jueves, 01 de julio de 2021

Durante la crisis sanitaria, provocada por la pandemia de la covid-19 con sus pavorosos efectos económicos y sociales, se ha puesto en evidencia la necesidad de un nuevo consenso a nivel internacional: no repetir las políticas de austeridad aplicadas durante la última crisis financiera. Como resultado de este cambio de orientación, la Unión Europea (UE) ha adoptado una decisión histórica con el Plan de Recuperación (Next Generation EU), pese las reservas de los sectores neoliberales a una acción económica y financiera común.

Cada vez hay más voces que defienden que la salida de esta pandemia y la recuperación de la economía y el empleo pasa por no repetir los recortes de los derechos laborales, en los servicios públicos y también en los sistemas públicos de pensiones impuestos por las políticas neoliberales en la crisis de 2008. En esa línea el Gobierno de PSOE-UP ha puesto en marcha un conjunto de medidas para proteger las rentas familiares y el tejido productivo, como las ayudas a las empresas, los ERTES, la prestación extraordinaria para los autónomos o el Ingreso Mínimo Vital.

La pandemia ha agudizado las desigualdades y pobreza laboral que ya existían en nuestro país, como consecuencia de la reforma laboral y de los recortes sociales del Partido Popular. Así, la etapa de recuperación de la economía desde 2014 se sustentó en la precariedad y los bajos salarios, pero ese modelo sociolaboral produce que la redistribución de la renta sea profundamente injusta y que las prestaciones sociales no den cobertura a todas las personas vulnerables.

Según un informe recientemente publicado por la Confederación Europea de Sindicatos (CES), los trabajadores pobres han aumentado un 12% en Europa y un 16% en España. El análisis de los datos refleja que, a pesar de la mejora de la coyuntura económica de 2010 a 2019, el porcentaje de trabajadores expuestos a la pobreza creció. Esto dejó a muchas personas en una situación de vulnerabilidad, incrementada con la llegada de la crisis del coronavirus. Una forma de abordar una recuperación justa es a través de la garantía de unos salarios dignos para las personas trabajadoras.

La economía a nivel global, europeo y de nuestro país ha iniciado una fase de recuperación, pero es aún insuficiente para superar el impacto de la crisis sanitaria sobre la economía y el empleo. La erradicación de las desigualdades sociales, que corren el riesgo de cronificarse como consecuencia del desempleo y del repunte de los precios que afecta a las rentas familiares, y en particular a los jóvenes y personas vulnerables, establecen un nuevo desafío: repartir la recuperación de forma justa. Y ello mediante el empleo con derechos y el crecimiento de los salarios impulsados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La nueva frontera de la recuperación justa ha sido explicitada con contundencia por el presidente de EE.UU, Joe Biden, al responder a los empresarios a una pregunta sobre la escasez de trabajadores en el país, especialmente tras la pandemia de coronavirus pese a los millones que aún permanecen en el desempleo. El presidente contestó: “’¡Páguenles más!». El presidente afirmó en mayo que la aceleración del ritmo de crecimiento de los salarios era una «característica» y «no un defecto» de la economía postpandemia; en abril había promulgado un decreto que establece que todas aquellas empresas “bajo contrato con el Gobierno federal paguen un salario mínimo de 15 dólares por hora” a sus trabajadores, anteriormente fijado en 10,95 dólares la hora. La medida para incrementar el salario mínimo a los trabajadores que sean contratados por empresas o subcontratas federales empezará a aplicarse a finales de marzo de 2022. Los salarios se aumentarán después en función de la inflación anual.

La Comisión Europea presentó en el mes de febrero un proyecto de Directiva de salarios mínimos, para garantizar que estos no sean inferiores al 60% de la mediana salarial y al 50% del salario medio de cada Estado miembro. La propuesta es un paso importante, pero adolece de naturaleza obligatoria, es decir, la Comisión Europea lo propone cono una guía indicativa para los Estados. Sin embargo la CES demanda que este “umbral de decencia” sea obligatorio, lo que permitiría que más de 24 millones de europeos pudieran beneficiarse de un aumento de sueldo.

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (Eurofound), ha elaborado un informe sobre los 22 estados europeos que tienen regulado el Salario Mínimo Interprofesional (SMI): de los estados analizados -21 comunitarios más el Reino Unido que tienen regulado el SMI (faltan Dinamarca, Croacia, Italia, Chipre, Austria, Finlandia y Suecia)- sólo España, Bélgica, Estonia y Grecia han congelado el SMI este año. Los otros 18 restantes lo elevaron en porcentajes que fluctúan desde el 1% de Irlanda, Francia y Malta hasta el 16,3% de subida de Letonia.

En 2019 el gobernador del Banco España, en una comparecencia en el Congreso, anunció los graves efectos negativos sobre la evolución del empleo que supondría la subida del SMI a 900 euros mensuales, ya que podría provocar pérdidas de empleo a los trabajadores jóvenes y los más mayores, llegando a cuantificar la destrucción de puestos de trabajo en unos 160.000 empleos (un 0,8% del total de los ocupados). Recientemente el Banco de España publicó un análisis sobre los impactos que tuvo en términos de empleo el alza del 22,3% en 2019, llegando a la misma y anticipada conclusión: la subida del SMI aprobada por el Gobierno pasó una elevada factura a los trabajadores que percibían esta remuneración. El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 restó al menos 100.000 empleos, especialmente entre los mayores de 45 años, mientras que la creación de empleo disminuyó entre los más jóvenes.

El Gobierno de Coalición adoptó en su programa el compromiso de elevar el SMI al 60% del salario medio de nuestro país al final de la legislatura, en cumplimiento de la Carta Social Europea. Para ello se creó una comisión de personas expertas para definir cuál es el 60% del salario medio y la senda para alcanzarlo en 2023. La comisión ya ha hecho públicas sus conclusiones a partir de tres escenarios: Desde el SMI actual de los 950 euros mensuales en 14 pagas, el objetivo del 60% del salario medio en España llegaría a los 1.011 euros brutos al mes, considerando que no suben los salarios en España en 2020, y los 1.049 euros brutos al mes en el escenario de mayor aumento de los sueldos. Por lo tanto, en los próximos tres años se tendría que plasmar ese aumento del SMI de los 61 a 99 euros en términos absolutos.

A principios 2021 el Gobierno de Coalición aplazó la actualización del SMI con el argumento de no dañar la recuperación económica y la eventual generación de empleo, esperando revisar esta situación en esta mitad de año según la evolución de la pandemia y de la economía y el empleo. UGT y CCOO ya han advertido al Gobierno de que sería un grave error político y económico congelar el SMI tras una crisis como la que se ha vivido y con el IPC en niveles superiores al 2,5%. Esta reclamación sindical se ha encontrado con la oposición de las organizaciones patronales.

La comisión de expertos prevé, en los tres escenarios, una posible subida para este año entre 12 y 19 euros, que dejarían el SMI en 2021 entre los 962 y 969 euros, pero dejando claro que no les corresponde a ellos decidir, al igual que el propio gobernador del Banco de España, que con prudencia ha reconocido que la decisión corresponde a los ámbitos políticos. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está recogido en nuestra regulación, en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, que atribuye al Gobierno la potestad para fijar su cuantía. También se establece que el Gobierno debe antes consultar a las organizaciones empresariales y social.