Tribuna de Raquel Sánchez Jiménez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
El Socialista número 123 | sábado,30 de octubre de 2021
Hay una frase de Adam Smith, el considerado padre del liberalismo, que los que hoy en día se consideran sus seguidores y todo lo encomiendan a esa mano invisible del mercado deberían aprenderse de memoria. Reza así: “Ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si la mayoría de sus miembros son pobres y desdichados”. Yo diría más: no hay sociedad que avance si la mayoría de quienes la componen han de acarrear sobre sus hombros un peso insoportable, una preocupación que anula cualquiera de sus proyectos vitales. Durante demasiados años esa losa en España ha sido la vivienda.
Los socialistas hemos estado detrás de las grandes transformaciones que ha experimentado este país a lo largo de su historia. Hemos sido decisivos para poner en pie un estado del bienestar del que la educación, la sanidad, las pensiones o la dependencia han sido sus grandes puntales. Creo sinceramente que la futura Ley de Vivienda a la que hemos dado luz verde en el Gobierno, es el quinto pilar que faltaba a esa estructura.
Con ella, lo que era el reconocimiento de una aspiración pasa a convertirse en un derecho real que los poderes públicos han de garantizar, un derecho que es, además y sobre todo, una necesidad, porque es esencial en nuestra integración y en nuestro desarrollo personal. Su materialización es imprescindible para adquirir la plena condición de ciudadanos. De ahí que la función social que consagra sea incuestionable.
Esta es una ley que los socialistas debemos atribuirnos con orgullo. Nosotros no descubrimos ayer que la dificultad en el acceso a la vivienda era uno de los problemas más acuciantes al que nos enfrentábamos. O que la precarización de los empleos y la devaluación de los salarios -que la derecha impulsó desde el Gobierno como única receta en la pasada crisis financiera- lo agravó exponencialmente. La gran preocupación de los españoles ha sido también la nuestra.
Quizá la mejor forma de definir la ley sea por lo no es o por lo que no hace. No es una ley sobre alquileres, como algunos querían presentarla, sino que aborda el tema de la vivienda en toda su dimensión, desde el régimen jurídico básico de la propiedad a la regulación del derecho de superficie. No atenta contra la propiedad privada ni contra la economía de mercado y, por tanto, no lesiona ninguna libertad individual.
No legitima la ocupación, como la derecha ha vociferado antes incluso de conocer su articulado, sino la justicia y la protección social. Y tampoco invade competencias autonómicas, sino que delimita cuál es el campo de actuación del Estado para conformar parques públicos de vivienda, así como los mecanismos a su alcance para proporcionar casas dignas y asequibles a los sectores más débiles de la población.
A ellos, sin duda, se dirige esta norma, que no va contra nadie y que favorece a todos, incluidos los pequeños propietarios, mayoritarios en este país, a los que se ofrecen importantes incentivos fiscales para que pongan en alquiler sus viviendas.
Beneficiará, sin duda, a los jóvenes, atrapados en el laberinto de no poder adquirir una vivienda ni alquilarla, y a los que el mercado inmobiliario impedía ejercer el derecho a emanciparse de sus padres y emprender sus propios caminos. Para ayudarles hemos diseñado además un bono al alquiler de 250 euros al mes.
Será el instrumento que tendrán a su alcance muchas familias con pocos ingresos, cuyos esfuerzos para disponer de una vivienda digna, adecuada y a un precio asequible no habían dejado de aumentar pese al estallido de la burbuja inmobiliaria. Esta ley será un freno a la especulación.
Dará alivio a quienes residen en el escaso parque público que el PP dejó sin vender a fondos buitres, ya que tendrán la seguridad de saber que sus viviendas estarán protegidas permanentemente. Nadie podrá expulsarles de ellas ni someterles a acoso. Nunca más se verán expuestos a situaciones de inseguridad material y jurídica.
Nos conectará con la realidad de quienes ni siquiera pueden hacer frente a los suministros básicos y que serán los destinatarios de la vivienda protegida en alquiler a precio limitado que la ley va a incentivar. Y paliará, en último extremo, la angustia de los más vulnerables, aquellos que en situaciones de desahucio podrán conseguir de los servicios sociales una solución habitacional antes de verse empujados a la calle.
La ley obedece a la urgencia por controlar las subidas abusivas de los previos, detener la expulsión de las clases menos pudientes del centro de nuestras ciudades o combatir la degradación de los barrios más humildes. Representa el camino inverso al recorrido por la derecha de este país, que era el de la liberalización salvaje y el de las burbujas inmobiliarias. Es evidente que la derecha jamás deja de defender sus intereses. A quienes siempre defenderemos nosotros es a las personas.