• La llamada ‘Ambulancia Vida’ funciona con la autorización de la Comunidad desde 2016, según reconoció la propia Consejería de Sanidad en respuesta a una iniciativa del Grupo Socialista a principios de 2020
• “Pedimos al Gobierno que establezca convenios dignos con las Clínicas IVE mientras no se dote de recursos la red pública”, reclaman también los socialistas

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) entiende que la Comunidad de Madrid “da amparo” a los vehículos antiabortistas desde el momento en que autoriza su presencia en las inmediaciones de las Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), como reconoció que hizo la propia Consejería de Sanidad en respuesta a una pregunta escrita que registró en febrero de 2020 Lorena Morales, diputada socialista electa y responsable del Área de Igualdad en la Gestora del PSOE-M.

En su contestación, la Comunidad de Madrid confirmó que el vehículo antiabortista ‘Ambulancia Vida’, del que es voluntaria la diputada regional de Vox, Gádor Joya, está activo desde 2016, tras comprobarse “el cumplimiento de la normativa vigente”, según figura en el escrito.

“¿Qué control tiene la Comunidad de Madrid sobre la información que reciben estas mujeres cuando son abordadas por estos colectivos que acuden a las puertas de las Clínicas IVE? ¿Dónde van a parar esas ecografías y los datos confidenciales de las mujeres que acceden a estos vehículos autorizados por el Gobierno regional?”, se pregunta Morales, después que un boletín del Colegio de Médicos de Madrid se publicase ayer solicitando voluntarios para la denominada ‘Ambulancia Vida’.

“Abortar en España es legal. Pero en Madrid no se puede hacer en la sanidad pública”, ha aprovechado para denunciar la socialista. Este es el motivo por el que las pacientes embarazadas acuden a las Clínicas IVE, derivadas desde el sistema sanitario público. Morales ha puesto en valor el “enorme trabajo que llevan a cabo las profesionales de estos centros”, pero ha lamentado que desde la Comunidad “no se les ofrezca ni un contrato ni un convenio” que formalice un marco jurídico que asegure unas garantías en la atención que reciben las pacientes. “A día de hoy, no existe. Lo que se hace es darles una carta de pago, como ‘de tapadillo’, como si fuera una vergüenza para la mujer”, ha reprobado la socialista.

Sin embargo, las Clínicas IVE reciben en Madrid numerosos controles e inspecciones ante “la más mínima denuncia de las entidades anti elección y que no se dan en otros ámbitos”, explica la responsable de Igualdad de la Gestora. Este sería el caso de plataformas como Hazte Oír y otros colectivos antiabortistas, que han protagonizado recientemente manifestaciones en los alrededores de estos centros, ofreciendo a las mujeres embarazadas panfletos y ecografías en estas ‘ambulancias’ para que escuchen el latido del feto.

“Este acoso aumenta el dolor de las mujeres en un momento difícil, mientras que el Gobierno de la señora Ayuso se desentiende de garantizar la seguridad de las pacientes, en riesgo de sufrir la injerencia de estos grupos”, ha incidido la diputada regional electa, en línea con la Proposición de Ley presentada el pasado 12 de mayo por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, que recoge que “el que hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” podrá incurrir en “un delito de obstaculización del derecho al aborto”.

Un plan anunciado “a bombo y platillo” pero jamás aprobado

El GPS en la Asamblea viene reclamando la aprobación del Plan Integral de Abordaje de Embarazos No Deseados (2017-2020), anunciado “a bombo y platillo” ya en 2017 por el actual consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pero que “nunca llegó a aprobarse formalmente”, tal y como reconoció el propio Ejecutivo regional en respuesta a una Petición de Información realizada por Morales.

Este plan llegó incluso a figurar en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid y contemplaba la financiación de los métodos anticonceptivos, así como la educación afectivo-sexual, dos de las propuestas que el Grupo Socialista viene reclamando desde Vallecas desde hace años para la tercera Comunidad Autónoma de España en número de interrupciones voluntarias del embarazo.

Otras iniciativas socialistas

Por último, los y las socialistas señalan la dejación de funciones en la prevención y educación sexual del Ejecutivo de Díaz Ayuso, cuya única medida regional ha sido un taller en el año 2019 de 3 meses de duración que alcanzó a un 4% de los alumnos y alumnas.

Ya al comienzo de la XI Legislatura, el GPS sacó adelante una Proposición No de Ley (PNL) que incluía la educación afectivo-sexual en todas las etapas educativas de manera urgente, una iniciativa que ha sido ignorada desde entonces por la Consejería de Educación.