Monseñor Martínez-Camino es un obispo muy activo en los medios de comunicación y otras actividades. Acaba de dirigir un seminario en los cursos de la Granda en Asturias con resultados, cuanto menos, sesgados y con cierto nivel (alto) de manipulación. …
lunes, 30 de agosto de 2021 | http://revista.lamardeonuba.es/
Domingo, 29 de agosto de 2021. Monseñor Martínez-Camino es un obispo muy activo en los medios de comunicación y otras actividades. Acaba de dirigir un seminario en los cursos de la Granda en Asturias con resultados, cuanto menos, sesgados y con cierto nivel (alto) de manipulación. Hace un par de días, nuestro simpar monseñor, se ha descolgado con un artículo acerca de la ecología humana, una curiosa denominación de “su” origen. Este artículo pretendía ser contestación a otro más sobrio publicado por la Diputada por Asturias y ex Ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Luisa Carcedo Roces.
La comparación de ambos artículos resulta de gran interés, pues en uno se muestran los fundamentos jurídicos y sanitarios de los contenidos en la ley de la eutanasia (LORE) y en el otro se nos relata una visión parcial y sesgada acerca del origen humano, de la vida y de la muerte.
Este sacramental artículo va dirigido a sus feligreses, lo que sería respetable si así lo planteara, pero no lo hace así. Pretende desde su posición, muy determinada, generalizar, incluso a los que no se consideren como su mies y, además, contiene algunos errores de fondo que es preciso clarificar al portavoz de los obispos católicos.
Vd es muy libre de realizar los seminarios que desee e invitar como docentes a los profesionales que crea pertinente, faltaba más. Pero si vd convoca de forma monocolor, luego no se erija en paradigma de la libertad de expresión y de contrastación de las ideas.
La LORE es una ley producto de un trayecto legislativo de más de tres años de recorrido y que se ha debatido en sede parlamentaria guardando todos los requisitos y, por lo tanto, ha sido promulgada en tiempo y forma.
Dice vd que no se han tenido en cuenta las posiciones en contra de la población y de organizaciones científicas y médicas. Verá esta afirmación realizada por vd parece un sarcasmo y no guarda exactitud con los datos existentes, le digo datos, no generalizaciones.
La opinión de la ciudadanía se ha recogido a lo largo del tiempo, pasando de ser algo más de la mitad favorable a estar mayoritariamente a favor de la eutanasia. Según la agencia Metroscopia (2019), la aceptación ciudadana a una ley reguladora de la eutanasia pasó de ser el 58% en el año 1988 a representar el 87% de la población favorable en abril del año 2019. En ese mismo estudio de Metroscopia, las personas con postura favorable a la eutanasia superaban el 80%, en todos los tramos de edad.
En el contexto político se debe aclarar que la ley obtuvo 198 votos de parlamentarios, lo que quiere decir que el apoyo fue mayoritario y de forma bastante transversal, salvo los partidos de derecha y extrema derecha que votaron en contra.
En la citada referencia de Metroscopia del año 2019, se preguntó: ¿Cree vd que un enfermo incurable tiene derecho a pedir a los médicos que le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? El 87% de los encuestados contestaron que sí y de todas las ideologías, incluida la extrema derecha, contestaron afirmativamente por encima del 60%, en los votantes de la izquierda superaban al 90%. Los católicos practicantes aceptan la eutanasia en el 59%, los católicos no practicantes en el 86-91% y los no creyentes superior al 95%.
Afirma vd de forma rotunda que los Colegios de médicos están en contra, no estaría de más que aportara cuales son. Aquí le ofrezco cuatro ejemplos que le pueden hacer pensar, a la pregunta realizada por los propios colegios oficiales de médicos a sus colegiados sobre los médicos que aprueban los contenidos de una ley de eutanasia: En el colegio de Médicos de Madrid responden afirmativamente en el 69% y estarían dispuestos a aceptarla un 17% más; en el Colegio de Médicos de Bizcaia lo aceptarían el 67% y estarían dispuestos a aceptarlo el 19%; en el de Tarragona están a favor el 76% y estarían dispuestos aceptarla un 15% más y, por fin, en el de Las Palmas de Gran Canarias lo aprobarían en el 68% y estarían dispuestos a aceptarlo en el 13% más. En todos ellos la oposición a la LORE y las dudas hacia el no oscilan en los cuatro en torno al 10%.
Según el Hasting Centre (1996), muy respetada institución internacional sobre ética médica, publica que se debe asegurar, al conjunto de la ciudadanía, la muerte de una forma digna en todos los sentidos, aquella en la que el dolor y el sufrimiento han sido minimizados mediante los cuidados paliativos adecuados, en la que los pacientes nunca son abandonados o descuidados y la atención asistencial de quienes no van a sobrevivir, se considera igual de importante que la de quienes sí sobrevivirán.
El Tribunal Supremo de España confirma (sentencia de la sala 5ª de lo Contencioso Administrativo) que la Asociación Derecho a morir dignamente (fundada y presidida por el Dr. Luis Montes) es de utilidad pública, porque “asesorar a las personas en el momento final de su vida debe estimarse como promoción del derecho fundamental a la vida que recoge la Constitución”. La argumentación de la sentencia tiene un gran interés: Entre “obligar a vivir y provocar la muerte existen estadios intermedios a los que el Derecho no puede ser indiferente”, desde los ámbitos social y jurídico “deben darse respuesta” para que las personas que por “la evolución de la enfermedad incurable y con agónicos padecimientos físicos, sin expectativa alguna de recuperación, puedan adoptar decisiones con el fin de terminar con su propia existencia”.
Como ve vd, monseñor, los datos se fundamenta poniéndolos en evidencia, no improvisando argumentaciones que están ya precocinadas.
Vds, en su seminario, defendían desarrollar una legislación que desarrollara los cuidados paliativos. No hay nada en contra, pero es que no hace falta. Los cuidados paliativos ya están en la Cartera asistencial, por lo que es responsabilidad de cada Gerente de Hospital ponerlo en marcha.
No confundan vds, los cuidados paliativos tienen una función incompleta, según la RAE paliar significa mitigar la violencia de ciertas enfermedades, disculpar o justificar algo y encubrir y disimular. Vean los significados, ya que mitigar no significa abordar, sino que comporta disculpar o justificar el hacer algo que, por propia definición es incompleto e insuficiente. La eutanasia aborda en una solución definitiva y bajo la solicitud del sujeto y solo de esa persona, nadie puede solicitarlo por la persona enferma, ni la familia, ni las instituciones sanitarias ni las organizaciones sociales o políticas, así de rotunda es la LORE.
La LORE tampoco es un suicidio disimulado. El suicidio lo lleva a cabo una persona por su propia decisión pero que no está en relación con un proceso grave de salud, mientras que la eutanasia comporta una enfermedad grave o invalidante de base y, por lo tanto, se transforma en una solicitud al sistema sanitario y se incluye en cartera de servicios.
Voy a poner dos ejemplos históricos que aclaran esta posición: Sigmund Freud: padecía Cáncer oral (Carcinoma de células escamosas), había tenido 33 intervenciones, los dolores eran insoportables, tras su exilio a UK por la persecución nazi a los judíos, el 23 de septiembre de 1939, su amigo el Dr. Schur cumple el acuerdo que ambos tenían y le administra 400 mgr de morfina, es un claro ejemplo de eutanasia y estaría en los supuestos de la LORE. David Goodall, a los 104 años decide que no desea seguir viviendo, científico, ecologista, Premio Nobel de Física señaló: «No soy feliz. Quiero morir. No es particularmente triste. Lo triste es que me lo impidan. Lamento mucho haber alcanzado esta edad». Es un ejemplo de suicidio inducido por “cansancio vital”, no estaría contemplado en la LORE.
La LORE es una ley garantista, puesto que quedan fuera de la Ley: la infancia y adolescencia; lo tocante a la Salud Mental y los que no puedan definir ellos mismos y no lo hayan dispuesto en el testamento vital o documento de últimas voluntades. La duración máxima del proceso es 1,5 meses y busca la seguridad jurídica del paciente y su familia y la seguridad jurídica de los profesionales que intervienen.
En cuanto al informa de la Comisión de Bioética, representa la opinión de sus componentes de forma consultiva, no es vinculante, además sus integrantes tienen caducado su mandato. La Comisión de Bioética es una comisión consultiva para el Ministerio de Sanidad, no para el Parlamento u otras instituciones del Estado, eso también se debe tener en cuenta y es bueno informarlo.
Pues, señor Martínez Camino, estos son comentarios que tienden a completar su visión, para que los lectores puedan acceder a una información veraz y, de forma libre, se formen una opinión sin dogmas de partida.