Estas Navidades la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha vuelto a dejar llevar por su afán populista y ha anunciado una campaña de entrega de test de autodiagnóstico para covid gratuitos desde las farmacias sin antes cerciorarse de las posibilidades de esa campaña y sin consultar siquiera a los farmacéuticos sobre la oportunidad de la medida. Aunque a decir verdad ha consultado con un farmacéutico, que es el presidente del COFM, el cual tiene por costumbre decirle siempre que sí, caiga lo que caiga. En este caso, una abrumadora carga de trabajo para las farmacias de la Comunidad de Madrid. Y todo ello sin que la Consejería de Sanidad contemple ninguna compensación para estos sufridos sanitarios que van a tener que soportar el peso de esa campaña y correr con los gastos derivados a su cargo.

Dada la población de Madrid y el colapso que eso producirá en las líneas telemáticas del sistema SISCATA, probablemente, se necesitará un promedio de 830 horas de trabajo en cada farmacia para atender a los ciudadanos. Es decir, el salario de un mes entero de un farmacéutico. Pero ese gasto, nuestra presidenta ha decidido ahorrárselo y que paguen otros por ella. Un impuesto revolucionario que, para mayor escarnio, Ayuso piensa “compensar” con el desmantelamiento de las pequeñas farmacias, tal y como se pretende en la nueva LOAF.

Por añadidura, al no haber consultado  los stocks de test se ha tenido que retrasar la campaña y se ha generado una alarma en la población que solo sirve para aportar más sufrimiento a la situación de la pandemia.

Da la sensación de que la presidenta después de arrasar con la atención primaria ahora quiere acabar con el único eslabón de sanidad cercana a los ciudadanos que quedaría: las farmacias comunitarias. 

Mientras en toda Europa el papel de estos establecimientos se ha reforzado y se les ha dotado de mayores competencias para paliar la pandemia, en la Comunidad de Madrid se pretende lo contrario: desplazar al máximo sus competencias a hospitales, cosa que arruinaría a estas pequeñas empresas cercanas a la población y que gozan de valoraciones muy favorables por parte de la misma.

Para conseguir la aprobación de la mencionada norma, se ha habilitado un trámite torticero en la Asamblea de Madrid. Un tipo de procedimiento de urgencia que consigue acortar el período de alegaciones contra la nueva ley y que haya el mínimo de controles parlamentarios sobre ella.

Quizás la enorme deuda que tiene la Comunidad de Madrid con los hospitales privados que va aflorando a golpe de notificación de la UE, tenga algo que ver con este nuevo intento de centralizar los recursos sanitarios y alejarlos de la población. @mundiario