Los Presupuestos Generales del Estado para 2022 han superado este jueves su primer trámite parlamentario, al ser rechazadas de manera contundente por el Pleno del Congreso las siete enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox, Cs, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria.

LOS PGE para la recuperación justa inician su tramitación parlamentaria en el seno de la Comisión de Presupuestos, donde se incorporarán las enmiendas parciales que se acuerden. La semana del 22 de noviembre, las cuentas públicas volverán al Pleno del Congreso para su aprobación y envío al Senado, para completar su tramitación y así poder entrar en vigor el 1 de enero.

Durante dos jornadas, la Cámara Baja acogió el debate protagonizado por la ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, que ha defendido unas cuentas públicas para salir de la crisis provocada por la pandemia y lograr una recuperación económica y social justa, que llegue a todos los ciudadanos. Unas cuentas que permiten el fortalecimiento del Estado del Bienestar y de los servicios públicos, además de favorecer la vertebración y la cohesión social.

Para los socialistas, la ley de PGE es la más importante del año. Por eso son unos PGE sociales y progresistas: nunca antes ha habido una inversión tan considerable, ni se han destinado tantas partidas a gasto social -seis de cada diez euros-. Hay dos formas de abordar una crisis: el Partido Popular aprovechó la crisis anterior para realizar recortes en derechos, en servicios públicos, en prestaciones sociales y en calidad del empleo. El mensaje que la derecha mandaba a la sociedad era que había que elegir entre tener empleo o tener derechos. El Gobierno del Partido Socialista está demostrando que se puede salir de la crisis con más derechos y más empleo.

La ministra Montero defendió en sus intervenciones unas cuentas públicas para “encarar el futuro con determinación, optimismo y esperanza” y que sitúan “las necesidades y expectativas de las personas, en el centro de las políticas”. Explicó que estos Presupuestos reafirman “los valores y compromisos de este Gobierno progresista, basados en la justicia social, la defensa de los servicios públicos, de la libertad, el compromiso con la calidad democrática, la apuesta por el diálogo y el refuerzo de la cohesión territorial”, “principios- dijo- que han guiado a este Gobierno desde el principio”

En este sentido, aseguró que van a ser un “antídoto contra el populismo de aquellos que prometen soluciones sencillas a problemas complejos”, al tiempo que “revitalizan el Estado del Bienestar” y defienden “el valor de lo público. La ministra argumentó que “invertir en gasto social no es un despilfarro, es la garantía de una sociedad justa y cohesionada. Es la base para un crecimiento económico más equilibrado” y va a ser la palanca para “la modernización del tejido productivo” y forjar “un crecimiento económico sólido, inteligente, más equilibrado y sostenible, y, sobre todo, más justo.”

Montero aseguró que “el Gobierno trabaja hasta la extenuación para defender el interés general y lo hace desde diálogo y respeto al conjunto de las fuerzas políticas” y solicitó el apoyo de los Grupos para su tramitación. “Intentar que un proyecto de Presupuestos recabe el mayor número de apoyos posibles, no es ninguna excentricidad. Es la obligación de cualquier Gobierno que quiere estabilidad, gobernabilidad y busca el interés general”.

“A este país le sobra crispación y la política de tierra quemada, porque no es útil para los ciudadanos y le falta la crítica constructiva que tiene que hacer una oposición a la altura de las circunstancias”, destacó.

La ministra desglosó las numerosas partidas que forman parte los Presupuestos para 2022, “los PGE más sociales” que tienen “el mayor techo de gasto de nuestra historia”, y no suponen aumento de impuestos ni de la presión fiscal. El 55,7% se destina a gasto social, 240.375 millones, la mayor cifra de la historia. Además, se incrementa la partida para pensiones un 4,8%, para que las contributivas se revaloricen según el IPC medio de noviembre y las mínimas y no contributivas subirán un 3%. Se actualiza un 3% el Ingreso Mínimo Vital, y suben las partidas para servicios sociales y promoción social en casi 1.000 millones. La prevención contra la violencia de género se dota con 209 millones. El IPREM aumenta en un 2,5%, la partida para el bono social térmico sube en un 44% y se elevan las cantidades destinadas a protección a la familia y a la infancia.

Contempla más de 6.600 millones para reforzar el sistema sanitario, especialmente en áreas como la Atención Primaria o la salud mental, y más de 5000 millones para Educación en becas; impulso a la Formación Profesional y la extensión de la Educación Infantil de 0 a 3 años, con más de 65.000 nuevas plazas de titularidad pública.  Recoge una dotación histórica para Vivienda, con cerca de 3.300 millones para facilitar el acceso y el fomento de la edificación, un 46% más que en el ejercicio actual.