Porque la decisión que tienen que adoptar los grupos parlamentarios el próximo 3 de febrero es tan fácil como esto. O se está a favor o se está en contra de elevar el salario de miles de trabajadores y trabajadoras, a los que, gracias a la reforma laboral, se les aplicará ahora un convenio sectorial más ventajoso.

El acuerdo alcanzado entre trabajadores y empresarios es mejorable, como casi todo. Pero los avances son innegables y sustanciales, en derechos para los trabajadores y en ventajas para la buena marcha de las empresas.

En estas condiciones, ¿quién explicará a esas limpiadoras o a otros miles de trabajadores y parados que la reforma se frustra porque algunas formaciones no han visto suficientemente satisfechas sus expectativas políticas? No les será fácil.

Todos los que conocen mínimamente el mundo laboral en nuestro país coinciden en sus tres taras sistémicas. Son las taras que, generalmente, saldan nuestras crisis económicas con más precariedad y más empobrecimiento para los trabajadores. Temporalidad excesiva, externalización precaria del trabajo, y desequilibrio en la negociación colectiva.

Pues bien, esta reforma, pese a las limitaciones que subrayan algunos, corrige de manera drástica estos tres rasgos problemáticos de nuestro mercado laboral.

La nueva tipología de contratos normaliza la contratación indefinida y castiga con dureza la temporalidad sin causa. En caso de crisis, la salida fácil del despido se sustituye por flexibilidad interna y ERTEs.

Los trabajadores subcontratados cobrarán los salarios dignos convenidos en el sector, y no los mínimos impuestos por las empresas de multiservicios. Y la reforma recupera la ultractividad de los convenios, clave para la fortaleza negociadora de los sindicatos.

Quienes califican de poco relevantes estos avances, o bien desconocen sus consecuencias prácticas en el mundo de las empresas, o bien actúan en función de intereses ajenos a los generales.

Se trata de un acuerdo sindical, además, que no beneficia especialmente a los trabajadores sindicados, como se dice por algunos. Los principales beneficiarios de las medidas que corrigen temporalidad y precariedad son jóvenes y mujeres, en el ámbito de las pequeñas empresas y del sector servicios, que no son precisamente los colectivos con más afiliación sindical.

Hay otros equívocos a despejar.

El acuerdo entre sindicatos y empresarios no reduce el papel de las administraciones autonómicas en las políticas de empleo. De hecho, no hay modificación alguna respecto al ámbito territorial de los convenios. Y si ya son de facto las partes las que determinan el alcance para la aplicación de sus acuerdos laborales, no cabe denunciar retroceso alguno al respecto.

Debe señalarse también que los recientes planes directores para el funcionamiento de las inspecciones de trabajo, abren nuevas posibilidades a los gobiernos autonómicos para influir decisivamente en la evolución los conflictos laborales que se dan en sus territorios.

Se habla también de las indemnizaciones por despido, asunto sobre el que tampoco se retrocede en esta reforma. Es más, se avanza de manera sustancial. Porque la primera demanda del trabajador temporal no consiste en que le paguen más tras su despido, sino en  evitar el despido. Y eso es lo que procura el acuerdo social.

En todo caso, la transformación ya señalada de contratos temporales en indefinidos conlleva, como consecuencia añadida, una mejora en las indemnizaciones tras la finalización de la relación laboral.

Dos argumentos determinantes más.

El diálogo social está legitimado por la Constitución Española, y existe anuencia general para potenciarlo. Parece razonable procurar la resolución de los problemas y la atención a los desafíos desde el entendimiento en lugar del conflicto. Pues bien, ¿dónde queda el diálogo social si los representantes parlamentarios tumban sus acuerdos?

Este pacto representa, además, una nueva definición para las estrategias políticas y sociales con las que afrontar las crisis económicas. La reforma laboral impuesta por el PP en el año 2012 apostaba por la devaluación de los salarios y las condiciones de trabajo. Esta reforma de ahora apuesta por mantener los empleos, subir los salarios y fortalecer a los sindicatos.

Si la reforma se tumba y se repone la legislación del PP, ¿cuál es el mensaje? ¿Los diputados prefieren el modelo de 2012?

Con todo respeto a las valoraciones y a las decisiones que corresponden legítimamente a cada formación política, el acuerdo laboral logrado entre trabajadores y empresarios merece el respaldo del Congreso de los Diputados.

Y, claro está, el Gobierno y los grupos que le apoyan seguirán trabajando de la mano del resto de los representantes sociales y políticos para continuar conquistando derechos.