Podríamos preguntarnos qué hace un grupo de empresarios farmacéuticos en una manifestación de sindicatos de sanidad. La respuesta es mucho más lógica de lo que  parece. Solo hay que ampliar algunos conceptos que ya se han quedado estrechos como es la oposición radical entre público y privado y considerar que los recursos sanitarios pueden ser además centralizados o cercanos y personalizados o burocráticos.

Estas distinciones bastan para entender que la Atención Primaria tiene en las farmacias comunitarias unos de sus pilares: el más olvidado y maltratado concretamente.

Son establecimientos privados, pero brindan un servicio público y con su gestión cercana ahorran dinero al Sistema Nacional de Salud. No sólo porque resuelven pequeñas dolencias que de otra forma  colapsarían los centro de salud, sino porque los trámites burocráticos de gestión y dispensación corren por su cuenta.

Sin embargo, los recortes en sanidad siempre empiezan por los del gasto farmacéutico que no llega a superar el 14% del total pero que de cara a la opinión pública sirve para dar la sensación de los gestores de sanidad hacen algo de su función. Esta debería ser también la de controlar los impactos de las medidas que se toman en la población afectada y eso no es tan habitual.

Durante las sucesivas crisis se fueron aplicando descuentos al beneficio de la farmacia con la promesa de ser retirados cuando la situación mejorara. Promesa nunca cumplida. Se exigió a los farmacéuticos una “subvención” para el Sistema Nacional de Salud que no se le ha exigido a nadie más y que ha ido gravando paulatinamente sus cuentas. En la actualidad, muchas farmacias son solo autoempleo y en las zonas rurales subsisten con unos horarios casi insufribles de guardias que dañan su vida personal. En esos últimos casos, son además el único recurso sanitario disponible para una gran parte de la escasa población de la España vaciada, lo cual permite que la desertización no sea más completa. Frente a 13000 centros de salud, hay en toda España más de 22000 farmacias.

La nueva Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica en la Comunidad de Madrid supone un golpe mortal al actual esquema de implantación de las farmacias y sería la puntilla para la Atención Primaria. Concentra la dispensación desde hospitales y con otros cambios sutiles permitiría la aparición de grandes farmacias que distribuirían a domicilios o se permitiría que esto se hiciera desde grandes distribuidores. La atención médica se jerarquizaría aún más y no serían necesarios los Ambulatorios, pasando toda la sanidad a hospitales tanto de la red pública como de la concertada o privada.

Lejos de actualizar aspectos necesarios y debatir ampliamente la mejor forma de aplicar nuevas tecnologías para servir a las personas, se pretende un trámite de urgencia con el que no de tiempo más que a imponer soluciones no pactadas y perjudiciales para el sector.

Esta centralización alejaría los recursos sanitarios de la población y haría aún más catastróficas posibles situaciones de pandemia como la actual. Así pues, la atención cercana y personalizada a la población son enfoques que se comparten desde todas las profesiones sanitarias. @mundiario