El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado luz verde este jueves a dos reformas legislativas que marcarán un antes y un después para la ciudadanía, porque dan respuesta a las reivindicaciones y demandas del colectivo de pensionistas y del mundo rural. Se trata del proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, que ha sido aprobado para su remisión al Senado y de la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que entra en vigor.

No hay recuperación justa si no se garantiza una subida justa de las pensiones y su sostenibilidad para el futuro. Por eso, el proyecto de Ley de Pensiones tiene un doble objetivo: garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo mediante el criterio de revalorización, vinculado a la evolución del IPC, y las no contributivas un 3% y fortalece la estructura de financiación de la Seguridad Social para asegurar las pensiones del futuro.

Acaba con los elementos centrales de la reforma que el PP impuso en 2013 cuando gobernaba con su mayoría absoluta como el factor de sostenibilidad que, de facto, establecía una reducción en la cuantía de las pensiones.

El ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, destacó que la reforma da certidumbre a los pensionistas tanto de hoy como del futuro y que nace desde el consenso, teniendo en cuenta las recomendaciones que aprobó el Pacto de Toledo. Ha recordado que su aprobación figura en la lista de compromisos adquiridos con Bruselas para recibir los fondos europeos Next Generation. Ha puesto en valor que es un marco estable, que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo y permite la transparencia en las cuentas del sistema de pensiones.

La Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, pasa al Senado para continuar su tramitación, con el objetivo de que esté en vigor el próximo 1 de enero.

Además de incluir la revisión anual de la cuantía de las pensiones de acuerdo con el IPC, incorpora el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)que contempla una subida de las cotizaciones sociales durante diez años de 0,6 puntos (0,5 puntos pagados por la empresa y 0,1 puntos por el trabajador) con el fin de volver a llenar “la hucha de las pensiones” que el Gobierno de Rajoy esquilmó.

Ley de la cadena alimentaria 

Debemos garantizar precios dignos para agricultores y ganaderos. De esta manera, la Ley de cadena alimentaria, que la Cámara Baja aprobó definitivamente este jueves, cumple con las reivindicaciones que hace años demandaba el sector y asegura la viabilidad de las explotaciones agrarias y de la economía del medio rural, un sector estratégico para la economía nacional, que aporta al PIB nacional cerca del 10 % y genera casi 2.600.000 empleos.

Esta ley es un claro ejemplo de cómo este gobierno está trabajando para que la recuperación justa llegue a todos los sectores, a todas las personas. En este caso, se va a proteger al eslabón más frágil de la cadena agroalimentaria, los productores, que a partir de ahora van a saber cuánto se les va a pagar, quedando prohibida la compra por debajo de su coste de producción.

Para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, esta Ley supone un antes y un después para el sector agroalimentario, consagrando la prohibición de la venta a pérdidas. La Ley dota de mayor transparencia a la formación de precios y a las transacciones comerciales en la cadena, con el objeto de lograr un equilibrio entre los tres eslabones (producción, industria y distribución) y que los productores dispongan de mejores instrumentos de apoyo y protección en sus negociaciones.