Tribuna de Denis Itxaso, ponente del capítulo «España Autonómica y Reto Demográfico».
EL SOCIALISTA, Nº 116
Denis Itxaso, delegado del Gobierno en el País Vasco y ponente del capítulo «España Autonómica y Reto Demográfico».
EL SOCIALISTA, Nº 116
La política territorial y el reto demográfico constituyen parte de uno de los mayores desafíos que encara España, también en este inicio de siglo. Ambos ámbitos nos remiten a la necesidad de buscar el equilibrio y la vertebración necesarias para que los proyectos de vida de cualquier ciudadano/a español/a o los proyectos económicos, sociales o culturales de cualquier organización puedan encontrar ecosistemas ricos y fértiles para su desarrollo y culminación en un entorno de mayor globalización.
La Pandemia de la Covid19 es la quintaesencia de los grandes fenómenos globalizadores que desconocen fronteras, banderas e identidades y requieren un abordaje poliédrico. Las migraciones a gran escala, el cambio climático, las disrupciones tecnológicas, el multiculturalismo y hasta la seguridad frente a amenazas emergentes, ocupan la agenda de los gobiernos de todo tenor y lo harán aún más en los próximos años. Hablamos de cuestiones presididas por la interdependencia, auténtico signo de nuestros tiempos. Ello requiere desarrollar mayores destrezas políticas para la cogobernanza, partiendo obviamente del respeto a los respectivos niveles competenciales. Y exige también una actitud proclive hacia el multilateralismo, una disposición a compartir decisiones -soberanía, si se quiere- con quien, teniendo capacidades competenciales análogas, es fundamental coordinarse para afrontar soluciones eficaces, solidarias y coherentes.
La cultura federal que se está abriendo camino en España con ocasión de los múltiples foros de deliberación colegiada que la pandemia está obligando a activar entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, es una oportunidad para perfeccionar los mecanismos de cogobernanza y el compromiso común en un destino compartido como españoles/as. Los fondos europeos -un programa de genuina naturaleza federal- representan una ocasión única para contribuir a la transformación de la economía española y de su gestión concertada y multinivel depende también que seamos ágiles, eficaces y capaces de reducir las brechas de desigualdad, invirtiendo la peligrosa tendencia hacia la concentración de población en determinadas zonas y alcanzando mayores cotas de cohesión e integración social y territorial.
Los socialistas tenemos la obligación y la capacidad de comprender la auténtica dimensión de estos desafíos y hemos desarrollado a lo largo de los años las habilidades necesarias para abordarlos desde un profundo conocimiento y sensibilidad hacia la pluralidad y diversidad que atesoran las diferentes comunidades autónomas. Así lo hemos reflejado en documentos rectores de gran calado y capacidad de síntesis para nosotros como las Declaraciones de Granada y Barcelona. Nos preocupa que ante problemas comunes y universales se propaguen iniciativas desconectadas y aisladas, respuestas locales de corte cantonal y en clave de agravio. Reafirmar, a la vista de los nuevos retos, nuestra apuesta por la España Autonómica y su permanente actualización, es también una tarea que implica complicidad y cercanía hacia las legítimas aspiraciones de territorios que llevan tiempo reclamando mayor atención.
Como es lógico, también nos preocupa la amenaza del neocentralismo de quienes desprecian los logros evidentes del Estado de las Autonomías. La España multinivel moderna es la que ofrece cauces democráticos de diálogo y pacto en el marco de la Ley para dar salidas a situaciones como la de Cataluña, en términos de mayor profundización del estado de la autonomías. Nuestra historia reciente demuestra que el desarrollo del autogobierno no significa en modo alguno satisfacer anhelos nacionalistas. Muy al contrario, el fortalecimiento del proyecto de España se sustenta en la atención a las peligrosas brechas de desigualdad demográfica y económica que amenazan la cohesión e igualdad entre ciudadanos, en la promoción de los idiomas cooficiales, la sensibilidad hacia sentimientos de pertenencia diversos, el fomento del diálogo interterritorial o la cooperación leal entre administraciones. Cada vez que se han ignorado estos principios, se han sembrado problemas en cuyo encauzamiento hemos invertido extenuantes esfuerzos políticos que generan fatiga social y nos desvían de los verdaderos retos globales en los que los/las españoles/as nos jugamos nuestro futuro. La presente ponencia quiere ser, en este sentido, todo un alegato en favor de una agenda global de gobernanza progresista, frente a la miopía de quienes insisten en ejercer las soberanías en la soledad e impotencia del aislamiento.
Es desde este principio de realidad y compromiso histórico con España, desde el que los socialistas apoyamos sin fisuras devolver los problemas de naturaleza política en Cataluña, al cauce político del que nunca debieron salir. Sabemos que llevará tiempo templar la tensión máxima de ruptura que se alcanzó en el otoño de 2017, pero los socialistas nos vemos en la obligación y en el derecho de explorar las opciones constitucionales que puedan contribuir a un clima de reencuentro que mitigue el enfrentamiento social y permita reconducir las diferencias políticas. Los socialistas albergamos una visión muy distinta a la de la derecha, sobre la manera más inteligente de promover la unidad y la fraternidad entre españoles. La derecha lo intentó a su manera, fracasó, y ahora no aporta ninguna alternativa, fiel a su tradicional capacidad de dejar pudrir los problemas. Por eso reivindicamos, desde el más genuino espíritu constitucional de concordia, el derecho de este Gobierno a impulsar la convivencia por unos cauces que ya comienzan a surtir efectos.