En este quinto consenso que alcanzan Gobierno y agentes sociales para proteger a trabajadoras y empresas, se incentiva con mayores exoneraciones la reactivación laboral.
ACTUALIDAD – EL SOCIALISTA | sábado, 29 de mayo de 2021
El Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto-ley para la defensa del empleo y la reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre de 2021, con el objeto de «adaptar y reforzar la protección de rentas» de trabajadores y autónomos que viene practicando el Ejecutivo, para así «evitar su salida del mercado laboral» a consecuencia de la pandemia.
En la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, en la que han comparecido la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, Montero ha destacado el hito que suponen estos acuerdos y el que además sean fruto del diálogo social que «es imprescindible para seguir avanzando en la recuperación del país» y «darle confianza y estabilidad».
«Queremos reconocer la altura de miras de empresarios y trabajadores en ese objetivo de mitigar, en la medida de nuestras posibilidades, los efectos económicos y sociales» de la crisis sanitaria, y «poner las bases para la recuperación económica a partir de los indicadores incipientes que ya empezamos a observar«, añadió.
Por su parte la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que nuestro país «sea un ejemplo en desplegar con máxima eficacia el diálogo social«, sobre todo en «momentos de turbulencia» como los actuales y con un mecanismo, los ERTE, que son «el mayor amortiguador social en el histórico de la democracia española».
A su juicio, «hoy muchos trabajadores y trabajadoras, también muchos empresarios y empresarias, muchas familias, van a poder dormir tranquilas porque tienen la certeza de que, si lo necesitan, cuentan con un mecanismo de protección, sin el cual habría más de 6 millones de desempleados, y no es así».
También intervino el ministro Escrivá, quien –además de recalcar que éste es el quinto consenso que alcanzan Gobierno y agentes sociales en materia de ERTE desde el comienzo de la pandemia- puso el acento en «la búsqueda del equilibrio entre mantener un grado de protección muy alto para los trabajadores y empresas que siguen teniendo dificultades», y la aplicación de «incentivos a la activación de trabajadores» para «impulsar» ese proceso que ya en el verano del año pasado dio signos «muy positivos», y que en esta ocasión han sido rediseñados.
Por tanto, «ahora mismo estamos en un proceso creciente de reactivación y el esquema de ERTEs debe acompañarlo en elementos fundamentales de su diseño«. Junto a ello, seguimos dando «protección» a los 550.000 trabajadores que necesitan continuar en ERTE y a las empresas asociadas, así como «certidumbre» puesto que se ha aprobado un nuevo marco de aplicación de cuatro meses. A esto se suma el que se ha alcanzado por «consenso», algo a lo que damos «un gran valor».
El acuerdo permite prorrogar la aplicación de las medidas de flexibilidad que se han adoptado desde el comienzo de la crisis sanitaria y en los términos previstos en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, y las medidas extraordinarias en materia de exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas. También prorroga las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y, por último, prorroga todas aquellas medidas complementarias de protección necesarias para garantizar la estabilidad en el empleo, evitando despidos y destrucción de puestos de trabajo.
Mantendrán su vigencia las medidas extraordinarias recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, relacionadas con extinciones y despidos, la interrupción del cómputo de los contratos temporales, la salvaguarda de empleo, así como los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal y el uso de horas extraordinarias y nuevas externalizaciones.
En cuanto a los llamados sectores ultraprotegidos, tendrán exoneraciones diferentes en los casos de trabajadores en suspensión de empleo frente a los que se activen en un contexto de mayor recuperación que en meses anteriores. Con el objetivo de incentivar la activación de empleo, en esta ocasión se incluyen unas exoneraciones mayores para los casos de los trabajadores que se reincorporen a la actividad: del 95% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 85% para las que tienen 50 o más en los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Cuando se mantenga a los trabajadores suspendidos, habrá una exoneración del 85% en junio, julio y agosto y del 70% en septiembre si la empresa tiene menos de 50 trabajadoras. En el caso de contar con 50 trabajadores o más, las exoneraciones serán del 75% en junio, julio y agosto y del 60% en septiembre.