La mayor parte de catalanes, vascos y españoles en general están hoy más atentos a la marcha la inflación, la calidad de la atención sanitaria y el futuro de sus empleos, que a la amenaza independentista. Y tal hecho ya es buena prueba del éxito del Gobierno de Pedro Sánchez a este respecto.

No obstante, basta revisar las declaraciones diarias de los portavoces políticos derechistas, así como las portadas y escaletas de los medios de comunicación afines, para concluir que la política del Gobierno ante el independentismo será uno de sus temas favoritos de conversación a lo largo del presente año electoral.

El Gobierno ha estado, está y estará, en sus hechos y en sus declaraciones, más cerca de los intereses reales de los españoles que de las paranoias interesadas de la derecha política y mediática. No obstante, cabe dejar respuesta constatada ante sus acusaciones. Porque estamos bastante satisfechos con el balance de lo hecho y lo conseguido en este tema.

Al asumir las responsabilidades de Gobierno en 2018, Pedro Sánchez y su equipo heredaron un conjunto de problemas que amenazaban gravemente tanto la institucionalidad del Estado como la convivencia democrática de los españoles, tras 40 años de vigencia del Pacto Constitucional.

El problema más importante, sin duda, era el de la ruptura emocional de millones de catalanes y catalanas con el resto de España y su realidad nacional. Un porcentaje muy relevante de la sociedad catalana “sentía” el divorcio inevitable con España. El deterioro de la convivencia entre catalanes había llegado hasta el seno de las familias.

Además, las declaraciones unilaterales de independencia, las leyes de desconexión y la respuesta inevitable del Estado con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, habían generado la mayor quiebra institucional desde la recuperación de la democracia. Estaba en cuestión la viabilidad misma del Estado de las Autonomías.

Por otra parte, la extraordinaria fragmentación de la representación política en el Parlamento español se veía agravada por la presencia determinante de grupos parlamentarios con militancia independentista, desprovistos entonces de cualquier compromiso con el funcionamiento del Estado, su estabilidad y su gobernabilidad.

Y un capítulo para otro análisis merece, por cierto, la ciénaga de corrupción política que la derecha dejó en herencia y que añadía a aquel oscuro panorama un descrédito ciudadano muy generalizado respecto al conjunto de la actividad política.

Cualquier análisis mínimamente objetivo y honesto, que compare aquella situación con la que vivimos cinco años después, ha de concluir que el éxito de la estrategia adoptada por el Gobierno de Pedro Sánchez es inapelable.

Aquel divorcio emocional de buena parte de la población catalana se ha reducido a la mínima expresión, hasta el punto de que las propias investigaciones demoscópicas de la Generalitat concluyen que hoy son minoría los partidarios de la independencia.

Las relaciones actuales entre el Gobierno central y el Gobierno autonómico catalán transitan en un marco de normalidad y respeto al marco jurídico vigente, donde prima la colaboración leal y productiva, no exenta de desencuentros y tensiones lógicas, en la misma medida, incluso menor, que las relativas a otros gobiernos autonómicos de identidad “constitucionalista”.

Hoy, los principales grupos independentistas del Congreso y del Senado de España participan de manera activa, estable y fructífera en ponencias, comisiones y plenos, habiendo contribuido ya a sacar adelante cerca de dos centenares de iniciativas legislativas de interés general. Y los más radicales se encuentran en situación clara de aislamiento y decaimiento.

Y, además, la primera fuerza política en Cataluña, en la actualidad, es el Partido de los Socialistas de Cataluña, una formación contraria a la independencia y plenamente comprometida con el progreso de la sociedad catalana en el marco de España y de Europa.

¿Cuál ha sido el camino? Lo han podido comprobar todos los catalanes y el conjunto de los españoles, porque ha sido tan valiente como transparente.

La apuesta por una Mesa de Diálogo ha devuelto al escenario del encuentro, la negociación y el acuerdo político lo que antes se dirimía exclusivamente en el ámbito judicial.

Los indultos y las reformas legales para equiparar nuestro Código Penal con la normativa europea han cumplido tres objetivos: garantizar el reproche penal para el incumplimiento de la ley; modernizar nuestra legislación penal, haciéndola inteligible y respetable ante nuestros socios europeos; y consolidar la convivencia en Cataluña.

Al mismo tiempo, el Gobierno de España ha desplegado un conjunto robusto de medidas para atender los problemas reales de la sociedad catalana, más allá de las ensoñaciones soberanistas. Los catalanes han comprobado cómo esa acción de Gobierno ha mejorado sus empleos, sus pensiones, sus infraestructuras, su capacidad adquisitiva ante la inflación, el respeto a su identidad y su lengua, sus derechos y libertades…

¿Y cuál era el camino alternativo? A juzgar por las críticas y planteamientos de la derecha política y mediática, la única alternativa a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez era la de persistir en la dinámica de confrontación que condujo en 2017 a la mayor crisis de nuestra democracia.

Los reproches de la derecha española, más radicalizada que nunca, con Casado, con Feijóo y con Abascal, que tanto montan, montan tanto, son a cada cual más infundados. No hay impunidad, como lo prueban los años de cárcel e inhabilitación aplicados por la Justicia. No hay ahora incumplimiento legal ni desafío institucional, cuando sí los hubo bajo gobiernos del PP. Y no hay avance político y electoral del independentismo, porque la primera fuerza política catalana es el PSC.

Lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez ha acertado en su estrategia ante el desafío independentista, en interés de Cataluña y del conjunto de España.

Y lo cierto, también, por desgracia para Cataluña y para el conjunto de España, es que la derecha española proseguirá su propia estrategia para excitar la confrontación entre territorios y entre ciudadanos, con el propósito de obtener votos, a costa del deterioro de las instituciones y de la propia convivencia democrática.