El acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronales para la reforma laboral es un acontecimiento digno de mención por varios motivos. Seguramente, la Ley que ha sufrido más reformas desde aquel lejano 1980 es el Estatuto de los Trabajadores. La economía española ya entonces mostraba un gran problema: las elevadas tasas de paro, más altas en los períodos de recesión y más bajas en los de expansión, pero siempre mucho más altas que en los países de nuestro entorno. Todos los gobiernos han promovido reformas del Estatuto justificadas como necesarias para crear empleo y reducir el paro. Las reformas se han sucedido, una tras otra, sin ningún efecto apreciable sobre el nivel de paro, aunque sí han creado otro problema adicional: la precariedad laboral. En general, han sido reformas promovidas por la patronal que, casi siempre, han contado con la oposición de los sindicatos. Esta vez, es una reforma inspirada por el gobierno de PSOE – UP y que tiene el acuerdo de patronales y sindicatos, algo inédito en nuestro país. Recordemos que CC OO se opuso en 1980 al Estatuto de los Trabajadores, considerándolo la fuente de todos los males, para , poco después, reivindicarlo frente a las reformas que vinieron.

La razón del fracaso de las sucesivas reformas laborales es que la causa del elevado paro en España no está en el marco regulatorio. En estos 40 años de hegemonía cultural del neoliberalismo se tomaba como un artículo de fe que bajar el salario aumentaría el empleo. En consecuencia, todas las reformas laborales emprendidas iban en la dirección de facilitar la caída de los salarios de una buena parte de los trabajadores. Aunque ya Keynes demostró que el volumen de empleo de una economía depende, en lo esencial, de la demanda agregada y no tanto del nivel salarial, las derechas se han adherido a la falacia salarial como el santo grial de la economía. Como se aprecia con solo mirar la estadística, el paro endémico en nuestro país baja o sube dependiendo de la coyuntura económica y no se correlaciona tanto con la evolución de los salarios. Las reformas han servido, eso sí, para aumentar la participación de los beneficios en la distribución de la renta, reduciendo la de los salarios.

Esta reforma tiene objetivos aparentemente más modestos y se limita a dos «cositas» de cierta importancia: reducir la precariedad laboral y restablecer el equilibrio del poder de negociación colectiva, que la última reforma, la de Rajoy, alteró en favor de los empresarios. Con un añadido inmaterial: se consolidada la negociación público – privada y la concertación social. Importa mucho esto último porque la colaboración público-privada es clave para que la aplicación de los fondos europeos sea exitosa y ayude al desarrollo de una economía verde. Precisamente en eso está la mejor esperanza de reducir el paro en España.

El acuerdo laboral ha sido recibido con los más feroces ataques de la derecha. Ataques que se focalizan en Garamendi, el presidente de la CEOE. Es también inédito en nuestro país ver a la derecha mordiendo la yugular del representante de los empresarios. El desconcierto de la derecha es comprensible. Que un gobierno «radical», «social-comunista», se entiende con los empresarios no entra en sus esquemas y solo se explica porque Garamendi se ha entregado al enemigo. Debe ser muy sorprendente que este gobierno tan radical sea el que más acuerdos sociales ha logrado en los últimos 40 años. Desconcertante, sobre todo cuando al frente del Ministerio de Trabajo hay una comunista.

Importa recordar también que la reforma laboral es un compromiso adquirido con la UE para recibir los fondos europeos. Es público y notorio el papel de Yolanda Díaz para conseguir que los empresarios acepten esta reforma, pero mucho más callado y no menos eficaz ha sido el papel de Nadia Calviño para que Europa también la acepte.

A pesar del aval de los empresarios y de la UE, la derecha hará todo lo que pueda para abortar este acuerdo e impedir que se convierta en Ley. Nada raro si tenemos en cuenta que el PP también ha hecho todo lo que estaba en su mano para impedir que los fondos europeos lleguen a España. La tramitación parlamentaria será muy dificultosa, porque además de la oposición de las derechas hay que contar con la posición de Bildu que exige priorizar el marco autonómico de relaciones laborales y el poco entusiasmo de otros partidos que «esperaban más de la reforma». Esperemos que el niño nazca y se críe.

Dicho todo lo cual, el acuerdo es realmente modesto y, como todos los buenos acuerdos, se queda muy por debajo de las reivindicaciones. Según UP, había que derogar la reforma laboral de Rajoy. Según el PSOE había que hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores adecuado a la nueva realidad. Ni una cosa ni otra. Pero para valorar bien el acuerdo hay que tener en cuenta que desde hace 40 años y reforma tras reforma, hemos ido hacia atrás. Lo nuevo es que, por primera vez desde que aprobó el Estatuto de los Trabajadores se da un paso adelante. Es decir, la tendencia se invierte.

Siempre he pensado que la peor herencia del franquismo ha sido un capitalismo raquítico, acostumbrado a chupar de la teta del sector público, atrasado, con una estructura sectorial desequilibrada (con turismo y construcción destacando sobre el resto) y donde el fraude y la evasión fiscal ha sido cultura dominante. Un capitalismo incapaz de crear empleos en cantidad y calidad. Es cierto que en algunos sectores las cosas han cambiado: nuevas empresas y, sobre todo, nuevos empresarios han aparecido y prosperado. Pero una gran parte del pasado sigue igual. Por eso creo que la reforma más necesaria no es la del mercado laboral sino la del empresariado. Y eso es más difícil porque no se hace tramitando una ley.