La Carta de Derechos Digitales presentada hoy sitúa a España en la vanguardia internacional de la protección de los derechos de la ciudadanía
Actualidad | martes, 14 de julio 2021
“Necesitamos una sociedad con más derechos” pero sobre todo, “necesitamos una sociedad que sepa proteger en los nuevos tiempos los derechos ya conquistados que son, los derechos humanos”. “Una sociedad que emplee la ley y los instrumentos oportunos para mantener el Estado social y democrático de Derecho que representa nuestro país”, ha afirmado hoy el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación de la Carta de Derechos Digitales.
Para el presidente del Gobierno, esta Carta, que sitúa a España en la vanguardia internacional de la protección de los derechos de la ciudadanía, es un paso más a la hora de establecer unas “reglas justas” para poder convivir en la nueva realidad digital, garantizando “el carácter humano de la transformación tecnológica».
Como ha subrayado, “debemos ser capaces de poner límites y de regular éticamente cualquier interacción social que ponga en riesgo los derechos fundamentales”, así como generar “certidumbre”, “tranquilidad” y “confianza” al conjunto de la ciudadanía en la nueva realidad digital.
La Carta de Derechos Digitales que el presidente del Gobierno ha presentado hoy en la Moncloa junto con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, es uno de los “compromisos más importantes del Gobierno”, pues como ha reiterado Sánchez, los poderes públicos “tenemos que cerrar con urgencia todas las brechas” digitales en un tiempo en el que los avances de las tecnologías, a menudo, “han ido más rápido que las políticas públicas”.
Asimismo, ha recordado el presidente, la Agenda Digital es uno de los grandes hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayer mismo aprobó el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN). Un Plan que va a dedicar el 28 % de sus casi 70.000 millones a la transformación digital de nuestra economía, en múltiples ámbitos y sectores.
Un texto que “no trata de regular sofisticadas cuestiones tecnológicas” y “legislar para una minoría”, sino de reconocer “derechos y libertades de protección” y de “ensanchar esos derechos y libertades a la mayoría de la población española”.
CARTA DE DERECHOS DIGITALES
La Carta de Derechos Digitales que se ha presentado hoy es el resultado del trabajo de un grupo de expertos con perfil multidisciplinar, constituido por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
También han formado parte de él, representantes de la Vicepresidencia Primera, del Ministerio de Justicia y de la Agencia Española de Protección de Datos.
La elaboración ha seguido un proceso participativo lo que ha hecho que, según el presidente, haya sido, sin duda, un trabajo comprometido, el cual ha agradecido expresamente.
La Carta, tal y como se ha mostrado en un video, incluye seis categorías principales de derechos: libertad, igualdad, participación y conformación del espacio público, derecho al entorno laboral y empresarial, digitales en entornos específicos y derechos de garantías y eficiencias.
Con todo ello, el presidente ha destacado el “carácter pionero” de esta Carta en algunos derechos, como aquellos relacionados con la inteligencia artificial, la no discriminación algorítmica o el derecho de la persona a solicitar una supervisión o intervención humana. Derechos que resultan novedosos y sitúan a España como país en una “posición de liderazgo”, demostrando una vez más que España “está dispuesta a abrir el camino de la conquista de derechos en todo el mundo”, para “no dejar a nadie desprotegido”.
La Carta, que no goza de carácter normativo, tiene por objetivo proponer un marco de referencia para la acción de los poderes públicos. Un marco que, siendo compartido por todos, como ha subrayado el presidente, “permita navegar en un entorno digital que facilite, aproveche y desarrolle todas las oportunidades y potencialidades de los ciudadanos”. Pretende, por tanto, “servir de guía para futuros proyectos legislativos” y “desarrollar políticas públicas más justas”, que protejan a todos.