Rodríguez ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros acompañada por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, quienes han informado del Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, y del Programa Estatal para impulsar la Investigación Científico-Técnica y del Subprograma Estatal para desarrollar, atraer y retener Talento, respectivamente.

Rodríguez también ha informado de que hoy se ha reunido de nuevo la Comisión Mixta para La Palma, para evaluar el resultado de las medidas que se acordaron y pusieron en marcha la semana pasada. Como ejemplo del compromiso del Gobierno con la isla, ha anunciado que este miércoles, el presidente del Gobierno volverá a visitar La Palma.
Asimismo, la portavoz ha señalado que, en la reunión del Consejo de hoy, se han destinado 13 millones de euros para mejorar las redes de vigilancia ante emergencias sanitarias. “Este es un ejemplo de la voluntad del Gobierno de mejorar y modernizar la Sanidad Pública, completando la financiación para las Comunidades Autónomas”.
Por último, Rodríguez ha informado que el Consejo ha acordado la supresión del límite de acceso a los aeropuertos, cumpliendo siempre con los requerimientos sanitarios. “Es una medida importante de vuelta a la normalidad, gracias a la vacunación y a la buena situación epidemiológica de nuestro país.

Luis Planas
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha desgranado las principales características del Anteproyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario aprobado hoy en el Consejo de ministros, un anteproyecto que tiene por objeto reducir las pérdidas y el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria y facilitar la donación de alimentos a la población más vulnerable, en línea con el ODS 12.
Una ley, que, para el ministro, “pretende impedir la prohibición de donar alimentos en los contratos de la cadena alimentaria”, además prevé la “creación de zonas de productos feos o imperfectos en las grandes superficies”, obligando a adoptar políticas públicas para adaptar las fechas de consumo preferente y a aprobar un plan estratégico, un plan nacional de control de pérdidas, así como un informe anual sobre los resultados de este último y establece un régimen sancionador.

Según datos ofrecidos por Planas, “tres de cada cuatro hogares españoles desperdician alimentos por un volumen global de 31,3 kg por habitante y año” unos datos correspondientes a 2020, que sumando las cantidades, cada año se desperdician aproximadamente 1.364.000 toneladas de alimentos y bebidas, la FAO a nivel internacional sitúa entre un 25 y un 30%, las cantidades que son desperdiciadas, “en ese contexto hemos decido actuar para terminar con este problema, en primer lugar queremos atajar el desperdicio económico”, también ha recordado que existe un desperdicio desde el punto de vista medioambiental, ante esta situación ha destacado que ”el fututo de los sistemas agroalimentarias debe ser sostenible y formar parte de una economía circular, muy distinta a la que nos encontramos hoy”.
Desde el punto de vista moral, ha denunciado un auténtico dilema en la destrucción de los alimentos, “estamos en un mundo donde más de 800 millones de personas pasan hambre”. “Este proyecto de ley introduce unas obligaciones para el conjunto de la cadena alimentaria, en todos los eslabones, para que no se produzca despilfarro”.
Asimismo, Planas ha hecho referencia a una jerarquía de prioridades, destacando las fechas de caducidad y la referencia de consumo preferente “la primera prioridad es que esos alimentos en perfectas condiciones, puedan ser objeto de donación para que sean aprovechados en la alimentación humana”. Otra opción para Planas sería la “posibilidad poder ser utilizados pero no vendidos”, como en zumos o mermeladas”, la tercera prioridad es su uso como subproducto de alimentación animal o también, que puedan ser utilizados por otros sectores de la industria, como compostaje o en materia energética.
Una ley que introduce, además, un mecanismo para realizar estadísticas más fiables en relación con el consumo alimentario o con el desperdicio.
En resumen, para Planas, “la intención del Gobierno es llamar a un debate social sobre la necesidad de tener una alimentación, sana, segura, sostenible, sabrosa y a buen precio«, y ha sentenciado, que “no hay producto alimentario más caro que aquel que acaba en la basura”.

Diana Morant
“Con la pandemia y la anhelada vacuna, el mundo entero hemos aprendido dos reglas de oro: la ciencia salva vidas y solo desde el conocimiento se podrán guiar las mejores decisiones en cualquier ámbito y el gobierno de España demuestra que lo sabe”, así comenzaba su intervención la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant dando cuenta de un importante paquete de ayudas dentro del Programa Estatal para impulsar la Investigación Científico-Técnica y del Subprograma Estatal para desarrollar, atraer y retener talento.

Unas ayudas dotadas con 412 millones de euros, dirigidas a la investigación de nuestro país y a la incorporación de investigadores e investigadoras, “que permitirá dar respuestas a los retos de investigación de futuro”.
Para la ministra y, “por segundo año consecutivo, la comunidad científica vuelve a contar con una potente vía de financiación para generar conocimiento y soluciones específicas que mejoren la vida de las personas, que financien proyectos de investigación orientada”. Gracias a estos recursos, “se financiará la lucha contra el cáncer, la lucha contra el cambio climático, o para generar energías limpias que también son más baratas”, los resultados de estas investigaciones cambiarán para Morant, “el modelo energético de nuestro país y nos ayudarán a medio plazo a solucionar problemas diarios como el de la factura de la luz”.

Unas ayudas también destinadas a la investigación no orientada, básica, anticipándonos al futuro y que también salva vidas, unas ayudas que durarán entre 3 y 4 años, incorporando también a los jóvenes investigadores que empiezan su carrera científica.
Otra de las convocatorias aprobadas, dotada con 110 millones de euros “generar la primera oportunidad para nuestros investigadores, con el fin de retener nuestro talento”, se tiene pensado contratar un total de 1.100 nuevos investigadores para los próximos 4 años.
La ministra ha recordado que el gobierno ha destinado 3.943 millones para el ministerio de ciencia e innovación, duplicando el presupuesto en dos años, “ lo que supone más ayudas para la investigación y más oportunidades para nuestros investigadores e investigadoras”.