Montero ha reiterado que el Gobierno “le pese a quien le pese” va a seguir “desarrollando esta línea de conquistas sociales y de derechos civiles” frente a aquellos “que pretenden limitar esos avances recurriendo las leyes al Tribunal Constitucional”
marte, 29 de junio de 2021 | Consejo de Ministros del día 29 de junio
El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde en primera vuelta al anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Una ley que, en palabras de la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende “superar la histórica invisibilidad, la estigmatización y también, la falta de reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI”.
Con esta ley, el Gobierno muestra su compromiso con el colectivo, desarrollando, garantizando y promoviendo el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, así como de sus familias, erradicando situaciones de discriminación y asegurando el libre desarrollo de su personalidad.
Según la portavoz, este nuevo avance reafirma el carácter “plural” de la sociedad española que reconoce la igualdad y la diversidad, y que es mucho más “madura” y “progresista” de lo que “algunos sectores conservadores quieren hacer creer”.
Por ello, Montero ha reiterado que el Gobierno “le pese a quien le pese” va a seguir “desarrollando esta línea de conquistas sociales y de derechos civiles” frente a aquellos – en referencia al Partido Popular y VOX – “que pretenden limitar esos avances recurriendo las leyes al Tribunal Constitucional”.
Y es que, como ha destacado la portavoz, los gobiernos progresistas acompañaron los diferentes avances que se han producido en derechos y libertades -como es el caso de la ley del divorcio del aborto o del matrimonio igualitario- y seguirán haciéndolo para garantizar que los deseos de la sociedad española sigan cumpliéndose “frente a las posiciones que anteponen una supuesta moral a la libertad”.
Finalmente, la portavoz del Gobierno ha subrayado que con este nuevo hito, España se sitúa a la vanguardia de Europa en la defensa de los derechos de los colectivos LGTBI, convirtiéndose así en el decimosexto país del mundo que permite la libre determinación de género, después de Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta o Argentina, entre otros.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha informado sobre el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al nombre y sexo del interesado, que reconoce la voluntad libremente manifestada, despatologiza el procedimiento y elimina la mayoría de edad para solicitar la rectificación.
Además esta nueva norma, que según Campo viene a permitir que “los derechos sean reales y efectivos”, permitirá la filiación de los hijos de las madres lesbianas y bisexuales sin necesidad de matrimonio, garantizará el acceso de lesbianas, bisexuales y trans a tratamientos de reproducción asistida, prohibirá las terapias de conversión para modificar la orientación, identidad o expresión sexual y las cirugías de modificación genital de bebés intersexuales y establecerá un régimen de infracciones y sanciones, de entre 200 y 150.000 euros, que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI.
Además, la nueva norma prevé una batería de medidas en diferentes ámbitos. En el ámbito educativo se contempla la formación del profesorado y la introducción de referentes positivos LGTBI en los materiales escolares. En el ámbito laboral se prevén incentivos para la contratación de personas trans. También, se modifica el Código Civil para que el matrimonio tenga los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo y se contempla la creación de un Consejo de Participación de las Personas LGTBI.
OTROS ASUNTOS APROBADOS EN EL CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno, en su misión de consolidar su apuesta por las becas y ayudas al estudio como instrumento esencial para lograr la equidad de la educación, ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el Real Decreto por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso escolar 2021-2022. Se trata de una inversión de becas de 2.038 millones de euros para 850.000 alumnos el próximo curso, lo cual supone un incremento de un 39,6% desde el 2018. Una inversión récord dirigida a cubrir la entrada de nuevos beneficiarios como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19.
Asimismo se ha dado luz verde al Real Decreto por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La dotación de partida es de 660 millones que se ampliarán hasta llegar a los 1.320 millones de euros.
Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autoriza la propuesta de distribución territorial entre las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, de 159 millones de euros destinados a la financiación del Programa de Protección a la Familia y Atención a la Pobreza Infantil.
Finalmente, el Consejo de Ministros ha aprobado cuatro reales decretos que formalizan el traspaso al País Vasco de las competencias de Instituciones Penitenciarias, transporte por carretera, la asignación de los códigos de identificación con empresas y entidades radicadas en el País Vasco (International Standard Serial Number); y la gestión del edificio del Distrito Marítimo de Ondarroa.