El Consejo de Ministros aprueba el borrador de la futura Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.

ACTUALIDAD | martes, 15 de junio de 2021

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, lamentó este martes que el PP haya abandonado el Pacto Antitranfuguismo, al que calificó como «un instrumento fundamental» para las formaciones políticas, cuyo objetivo es «evitar y prevenir la corrupción, y la compra y venta de puestos, escaños o cualquier otro cargo público» entre los partidos, «soliviantando» así la voluntad democrática expresada en las urnas.

A criterio del Ejecutivo se trata de «una decisión impropia del primer partido de la oposición«, que constata así su «deriva irresponsable», al tiempo que pone de manifiesto que «estaba buscando excusas para abandonarlo y poder seguir en el futuro recurriendo a las malas artes en política, a la hora de configurar gobiernos en los distintos niveles administrativos».

«Desgraciadamente este transfuguismo es una forma más de hacer política del Partido Popular, que recurrirá a ello cuando le convenga, y le da igual si eso debilita o deteriora nuestra democracia«, añadió Montero.

APROBACIÓN DEL PLAN DE RECUPERACIÓN DE ESPAÑA

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha comparecido junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, la también ministra de Hacienda se ha referido a la magnífica marcha en el ritmo de vacunación en España y a las «revisiones al alza de las previsiones económicas» para nuestro país, que ha hecho pública ayer el Banco de España, y antes la Comisión Europea y la OCDE, manteniéndose así en la órbita de lo que el propio Gobierno había fijado en su plan de Estabilidad.

Un «clima económico positivo» al que «también hay que sumarle los fondos europeos», remarcó Montero, quien recordó que será mañana miércoles cuando la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen acuda a España para mantener una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y formalizar la aprobación del Plan de Recuperación presentado por nuestro país, «y con ello las transferencias que en los próximos tres años» recibiremos por un importe en torno a los 70.000 millones de euros. Unos fondos que «contribuirán a la recuperación económica, a que nadie se quede atrás y, en definitiva, a anticipar las grandes transformaciones que necesita nuestro país».

LEY DE ORDENACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA FP

En su reunión de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado también -en primera lectura-, el proyecto de Ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que en palabras tanto de la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, como de la portavoz del Gobierno, se sitúa como «una de las palancas de cambio más importantes que el Ejecutivo progresista tiene proyectadas a lo largo de la legislatura».

El texto, según Celaá, tiene por objeto transformar la FP para ofrecer una educación «de primer nivel» que sea «flexible, integrada y capitalizable», que «dé respuesta a las demandas del mercado laboral y responda a los intereses, expectativas y aspiraciones de cualificación profesional de las personas a lo largo de su vida».

La profunda transformación en la que el Ministerio de Educación lleva trabajando desde 2018 pretende situar a España entre los países más avanzados del entorno europeo en materia de Formación Profesional, e incluso, como ha afirmado la ministra, hacerla un «referente».

Para ello, se crea una oferta «única, modular y flexible» de formación dirigida, por primera vez, a estudiantes y trabajadores, y ordenada en itinerarios formativos que ofrece «todo un abanico de formaciones de distinta duración y volumen de aprendizajes» con la que, según la ministra, «cada persona puede diseñar sus propios itinerarios personales adaptados a sus expectativas profesionales, sus circunstancias personales o necesidades laborales».

Otra de las novedades que se incorporan en la nueva norma es que toda la oferta tendrá carácter dual y se dividirá en Formación Profesional Dual General y Formación Profesional Dual Avanzada, «reforzando la relación entre los centros de Formación Profesional y los centros de trabajo de su entorno», y haciendo que todos los alumnos cursen entre un 25% y un 50% de su formación en empresas. Asimismo, se crearán pasarelas con la universidad, de forma que los alumnos de estos estudios podrán cursar asignaturas en la universidad y viceversa, e incorpora el bilingüismo.

Igualmente, se internacionaliza la formación, no solo creando ciclos en los que el estudiante conozca, al menos una lengua extranjera, sino también regulando la participación en proyectos y organismos internacionales, la convocatoria de proyectos de formación entre centros españoles y extranjeros, así como la movilidad de alumnado y profesorado entre centros de distintos países.

En definitiva, el borrador del anteproyecto de la futura ley pretende dar respuesta a una serie de problemas estructurales como son: el desequilibrio entre formación y las necesidades del mercado laboral, la baja acreditación en competencias profesionales, el escaso tiempo que se atribuye a la formación de los trabajadores o la baja tasa de matriculación de alumnos en FP, y consolidar el sistema único de Formación Profesional impulsado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que integra la FP del sistema educativo y la FP para el empleo en un solo modelo al servicio de estudiantes y trabajadores empleados o desempleados.

«La nueva ley modernizará el sistema, pero es más, es un cambio radical en el cual construimos un sistema único, dejaremos de perder eficiencia, y transitamos hacia una formación absolutamente reconocible que suma y que además abarca todo lo que es la formación del estudiante y la formación de todos nuestros conciudadanos» ha concluido Celaá.

LEY ORGÁNICA DE LUCHA CONTRA EL DOPAJE

Asimismo, el Ejecutivo ha dado luz verde al anteproyecto de Ley orgánica de Lucha contra el Dopaje en el Deporte para, como ha dicho el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, adaptar la normativa española al Código Mundial Antidopaje, clarificando la división de responsabilidad en la lucha contra el dopaje, atribuida a la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el deporte y la protección de la salud de los deportistas, cuyo encargado es el Consejo Superior de Deportes.

Esta norma subraya y potencia tres grandes valores: la seguridad jurídica es decir, define mejor los ámbitos subjetivos y objetivos de aplicación de la norma; la eficacia en la lucha contra el dopaje y la justicia, puesto que procura ir al caso concreto, teniendo en cuenta las distintas situaciones y favoreciendo la distinción entre comportamientos dolosos y accidentales.

Entre las principales novedades que incorpora la ley destaca la clarificación de las infracciones y sanciones, el refuerzo y potenciación de la acción inspectora, la creación de un Comité Sancionador Antidopaje y el establecimiento de una especial protección para los menores.

En palabras de Uribes, se trata de una ley necesaria no solo porque «está vinculada a la traducción del código mundial antidopaje», sino también porque «completa el modelo del deporte vinculado a la idea de los derechos y de los valores» y refuerza «la necesidad de poner en valor el deporte como un derecho y como una práctica vinculada a la salud, a la vida saludable, al bienestar y a una serie de valores de fair play y juego limpio«.

MÁXIMA ALERTA ANTE LA VIOLENCIA MACHISTA

Montero inició la rueda de prensa trasladando «el dolor y la preocupación del Gobierno ante el incremento de los casos de violencia de género» que estamos viviendo en estas últimas semanas. Un repunte y un «goteo inadmisible» que «nos tiene que poner en máxima alerta a todas las instituciones y poderes públicos», así como «al conjunto de la sociedad, pues solo desde la unidad podremos combatir esta lacra», y frente a la que «la educación, la formación y la sensibilización son los verdaderos instrumentos de lucha».

Junto a ello, se mostró partidaria de «incrementar la capacidad de prevención y los recursos disponibles para que cualquier mujer que esté en peligro tenga la seguridad de que las instituciones estamos ahí para defenderla y ayudarla». En ese sentido, recordó los 100 millones de euros que la semana pasada el Consejo de Ministros repartió a las CCAA en el marco de Pacto contra la Violencia de Género, así como el trabajo que están llevando a cabo los ministerios de Interior e Igualdad para revisar y modernizar los protocolos de actuación y las herramientas de defensa ante esta violencia machista.