– Agrupación de Chamberí el lunes 5 de mayo del 2025

En febrero del 2025 fin fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados y por la inmensa mayoría de los grupos la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que previamente fue consensuada en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.

Salió un nuevo Pacto mejorado y ampliado: contiene 461 medidas y presenta importantes novedades en materia de violencia vicaria, económica y digital. Incorpora con mayor énfasis las perspectivas de infancia, juventud, mujeres mayores, migrantes, y pone especial atención, también, en las mujeres rurales y la discapacidad.

El nuevo texto contempla un 50% más de dotación económica y supone un compromiso de 1.500 millones de euros para los próximos 5 años. Y algunas características novedosas en un momento en el que el negacionismo está haciendo mella en la sociedad, especialmente, entre los jóvenes.

-Se amplía respecto del primer pacto: Pasa de 290 medidas a 461. Hay medidas que son totalmente nuevas, mientras que otras corresponden a una revisión y actualización de las del pacto firmado por los grupos parlamentarios en el año 2017.

– Es la Renovación del compromiso político adquirido por todos los grupos políticos del Congreso (PP-PSOE-SUMAR-JUNTS-ER-PNV-HB-Mixto) excepto VOX, único grupo que ha votado en contra, por ser negacionista de la Violencia de Género.

-Una renovación que llega cuando acaban de cumplirse 20 años de una ley pionera, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que sigue siendo referente mundial en la lucha contra la Violencia de hacia las mujeres.

-Mantiene los 10 ejes que originariamente incluía el pacto, y se actualizan con la introducción de tres nuevos: violencia vicaria, económica y digital. Con especial atención a la protección de las y los menores frente a la violencia.

VIOLENCIA VICARIA

Se plantean medidas para prevenir y detectar este tipo de violencia y para mejorar la protección de las y los menores, con el objetivo de erradicar este tipo de violencia que en los últimos años se ha manifestado de forma muy grave con un repunte de los asesinatos de menores. En este apartado se ha tenido especialmente en cuenta el informe de recomendaciones emitido por el Defensor del Pueblo.

– VIOLENCIA DIGITAL

Se recoge en un apartado específico atendiendo al rápido avance que esta tipología de violencia contra las mujeres ha experimentado en los últimos años. Se plantean medidas tanto para formar a niñas, niños y adolescentes en el uso crítico de Internet y las redes sociales y evitar así conductas violentas, como para detectar dicha violencia, combatirla y reparar a las víctimas.

– VIOLENCIA ECONÓMICA

Se propone por primera vez la tipificación como delito de la violencia económica como una forma de violencia de género y se plantean medidas específicas para detectar, castigar y combatir este tipo de violencia.

SUPONE UNA MIRADA MÁS TRANSVERSAL

El nuevo texto supone una mirada más transversal y atiende a distintas especificidades, con perspectivas de infancia, juventud, mujeres mayores, migrantes, y con especial atención, también, a las mujeres rurales y a la discapacidad. Como consecuencia de estos nuevos enfoques:

– Se ha creado un subapartado específico dedicado a la prevención del acceso de las y los menores a la pornografía y otras formas de violencia, con medidas para que se apliquen sistemas efectivos de verificación de la edad y controles para evitar el acceso de menores a contenidos de pornografía.

-Asimismo, profundiza en otras formas de violencia contra las mujeres, ya contempladas en el pacto anterior, como la violencia sexual (para la que ahora, a diferencia de en 2017, ya hay una ley integral) o la trata con fines de explotación sexual (con un anteproyecto de ley en tramitación), desde aquellos aspectos que tienen que ver con la prevención, detección y atención a las víctimas. En este sentido, el Pacto recoge el compromiso del Convenio de Estambul y amplía su mirada a otras formas de violencia contra las mujeres.

Además, este nuevo Pacto:

Reconoce el papel fundamental de la educación para erradicar las conductas y comportamientos machistas y apela a un incremento de la formación para todos aquellos profesionales que, de una manera u otra, intervienen de manera directa o indirecta en la detección, prevención atención, y reparación de las mujeres y los menores que son víctimas de violencia de género.

La mejora de la formación se señala de forma expresa para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y para operadores jurídicos. El impulso a la formación y la colaboración del sector hotelero, turístico y del ocio por su papel clave para detectar y actuar en situaciones de violencia contra las mujeres.

Otorga un mayor protagonismo a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a las entidades y organizaciones especializadas en la atención a las víctimas de violencia de género.

Refuerza la coordinación de las acciones entre administraciones, para compartir buenas prácticas y trabajar en red. Se plantea un enfoque transversal contra la violencia en el que, con respeto al régimen competencial, se complementen las actuaciones de unas instituciones y otras para mantener un frente común.

Incorpora medidas novedosas relativas al diseño de planes de protección de las mujeres para situaciones de catástrofe o emergencia.

En definitiva, el nuevo pacto aborda mejoras de nuestro sistema en todos los ámbitos, busca perfeccionar una estructura de prevención de la violencia y de protección a las víctimas y reparación que es pionera en el mundo, pero que precisa de mejoras para erradicar los asesinatos machistas, para dar seguridad a las mujeres y para estrechar cada vez más el círculo sobre los agresores.

INCLUYE UN COMPROMISO ECONÓMICO FIRME CON MAYOR DOTACIÓN ECONÓMICA, NUEVAS MEDIDAS PARA REFORZAR LA TRAZABILIDAD Y EL CONTROL DE LOS FONDOS:

El nuevo pacto contará con una dotación económica total de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia -un 50% más- para la administración del Estado, además de un 15% anual más para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

160 millones anuales para las CCAA (un 60% más que en 2017)

40 millones anuales para los ayuntamientos (un 50% más que en 2017)

100 millones anuales para la AGE (20 millones más que en 2017