La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha asegurado que éste en un Gobierno “sensible con el apoyo a las familias y colectivos más vulnerables” y ha destacado que mantiene “la suspensión y la rebaja impositiva para amortiguar el precio de la energía en los mercados mayoristas” y que, de esta manera, las familias “puedan amortiguarlo también en la factura de la luz de sus hogares”. Rodriguez ha cifrado la implicación presupuestaria del Ejecutivo para los próximos cuatro meses, en más de 2.000 millones de euros.

“Apostamos por  una recuperación justa”, ha destacado Rodríguez y, por ello, se amplía  el compromiso de mantener el IVA súper reducido de las mascarillas hasta el próximo mes de junio del año 2022, “un acuerdo importante que tiene que ver con la economía de las familias por su uso habitual en nuestras vidas”. Formando parte del apoyo al sistema sanitario, se ha acordado un tipo reducido para la importación de material sanitario contra la COVID, por un importe de 225 millones de euros.

En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de ministros, Rodríguez acompañada por la vicepresidenta Ribera y la ministra Llop, ha señalado que el Consejo ha vuelto a estar muy marcado por el carácter económico de las decisiones adoptadas, que forman parte del Plan de Recuperación, y  el despliegue de los Fondos  Europeos, además de las iniciativas necesarias para ir cumpliendo con las reformas comprometidas con Bruselas.

También se ha referido a la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria y adicional, destinada a reforzar la plantilla de SEPES en 926 plazas. Para finalizar, la Portavoz ha informado de otro acuerdo “de estos que nos hacen sentir orgullo de país” y que supone prorrogar hasta diciembre del año 2022, todas las operaciones y misiones de las fuerzas armadas en el exterior, lo que, a su juicio, demuestran “el compromiso de España con la paz, que trabajan por el país y, en definitiva, hacen un país mejor”.

Paquete de medidas en el ámbito energético

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha explicado las medidas adoptadas para la reducción del precio de la factura eléctrica, como el mantenimiento de suspensión del impuesto a la generación eléctrica hasta el 31 de marzo de 2022. Por otro lado, también se amplía la reducción hasta el 10% en el caso del IVA y del impuesto especial de electricidad del 5,11% al 0,5% hasta el 30 de abril de 2022 en ambos casos. Por otro lado, “los beneficiarios del bono social mantendrán sus rebajas del 60% y 70%” para consumidores vulnerables y vulnerables extremos respectivamente.

Asimismo, Teresa Ribera ha anunciado el despliegue de medidas que realizará el Gobierno para aumentar el número de puntos de carga eléctrica para automóviles a 100.000 unidades antes de 2023. Se habilitará a los Ayuntamientos para bonificar el 50% del IBI y del impuesto de actividades económicas y hasta el 90% de la exención de los impuestos de obra para la instalación de estos puntos de recarga. El Gobierno pretende que estas instalaciones se ubiquen principalmente en las áreas de servicio de la red de carreteras, así como en los “edificios no residenciales con un alto volumen de aparcamiento de vehículos”. Concretamente, tendrán que disponer de un punto de carga por cada 40 plazas, reducido a 20 en el caso de que la instalación sea de la Administración General del Estado.

Por último, Ribera ha anunciado otro paquete de medidas para fomentar el autoconsumo energético. Estos acuerdos van destinados a tener instalados en España 9.000 megavatios de autoconsumo en 2020. Para ello, se facilitará dicha práctica facilitando fórmulas colectivas en el caso de personas físicas y pequeñas instalaciones de personas jurídicas. También se eximirá de presentar avales o garantías a instalaciones de menos de 100 kilovatios si vierten sus excedentes a la red eléctrica.

Reforma de la Ley Concursal

El Consejo de ministros también ha aprobado el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. “La norma garantiza un marco de gestión de crisis previsible, eficaz y estable”, ha asegurado la ministra de Justicia, Pilar Llop. “Es una oportunidad para España, sus empresas e inversores extranjeros”. El Gobierno quiere proporcionar ayuda a las empresas que realmente son viables y que no tengan que “bajar la persiana por dificultades económicas puntuales o que los emprendedores dejen de hacerlo”. De este modo, se mantienen también puestos de trabajo y se evita que incluso algunos empresarios pierdan su vivienda habitual por estos casos.

Las tres claves de la norma son la reestructuración temprana de las empresas viables, la exoneración de deuda para deudores de buena fe e incrementar la eficiencia en los procedimientos de reestructuración, es decir, “un marco más flexible”. “La clave es evitar la conocida ‘zombificación’ de las empresas que no son viables”.