La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de ministros, acompañada por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para informar de los acuerdos hoy adoptados en la reunión.

En su intervención, Rodríguez ha querido destacar “la trascendencia” que tiene la aprobación del anteproyecto de la primera Ley estatal de Vivienda porque desarrolla “el derecho a la vivienda” y añade “un quinto pilar al Estado del Bienestar”, además de “desplegar” nuestra Constitución. “El gobierno sigue cumpliendo con sus compromisos”, ha resumido.

La portavoz ha asegurado que la protección a los colectivos más vulnerables es una de “las señas de la identidad de este gobierno”, y, por ello, hoy se ha aprobado un RDL de medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, que supone la prórroga el escudo social hasta el 28 de febrero, coincidiendo con el período de aplicación de los ERTEs.

“El gobierno ahonda en su estrategia de garantizar la igualdad, la justicia social y el progreso consolidando la estructura del bienestar social”, ha destacado. Entre las medidas que contempla este RDL está la garantía del suministro de gas, de electricidad, y de agua; el bono social; la suspensión de desahucios para estos colectivos; la moratoria o condonación del pago del alquiler. Se ha incluido en la norma, un nuevo apartado que concierne a los autónomos de la isla de la Palma que han visto afectado su trabajo y les asegura una prestación económica extraordinaria.

En relación con la isla de la Palma, Rodríguez ha anunciado que se ha agilizado la tramitación de los presupuestos para financiar medidas contenidas en el RDL de La Palma. En concreto, 68 millones de euros para financiar el Plan de Empleo, casi 8 más en subvenciones directas a la comunidad autónoma para las ayudas en materia agraria y pesquera.

RDL sobre la Protección de consumidores de gas y electricidad
Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ha informado del Real Decreto Ley sobre la Protección de consumidores de gas y electricidad, un decreto que pretende impulsar de manera extraordinaria la protección de los consumidores más vulnerables, “hemos adoptado medidas especiales” que, por un lado, “incrementan la protección de los bonos sociales”, así como “la transparencia y la capacidad de supervisión en los mercados eléctricos”, “favoreciendo la estabilidad de las facturas”.

En este sentido, la ministra ha informado de la ampliación de la cobertura a los beneficiarios, tanto del bono social eléctrico como del bono social térmico, para la protección de 1,2 millones de hogares acogidos al bono social.

Con respecto al bono social eléctrico, se ha fijado que hasta el 31 de marzo de 2022, los consumidores más vulnerables cuenten con una cobertura adicional que iría del 25% al 60% del precio de la energía que consumen, y que estaría cubierta por parte de sus consumidoras, en el caso de los vulnerables severos, la esta cobertura aumentaría del 40 hasta el 70%.
Además, Ribera ha informado de la dotación de un cheque de 90 euros, con el fin de cubrir las necesidades de calefacción de las familias más vulnerables, un cheque que estará disponible durante el mes de diciembre, para “dar un mayor volumen de protección de confort térmico”.
Teresa Ribera ha destacado la importancia de la transparencia en los mercados minoristas, “es necesario en los mercados minoristas, conocer qué condiciones tiene sus contratos y eliminar cualquier riesgo de mala práctica en las tarifas”.
Otras medidas señaladas por la ministra se han centrado en “seguir reforzando la transición energética, incluyendo el autoconsumo renovable y la eficiencia, seguir trabajando con Europa”, así como el acompañamiento de los consumidores de gas y los pequeños comercializadores independientes.

Ley de Vivienda
Finalmente intervino la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien mostró su satisfacción porque el Consejo de ministros haya dado “luz verde” al anteproyecto de ley por el Derecho a la Vivienda. Una norma que va a ser tramitada por el procedimiento de urgencia para que pueda ser remitido a las Cortes Generales antes de fin de año.

Una ley que -como ha subrayado- “pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado de Bienestar en nuestro país”; que va a ser una “potente herramienta para facilitar la integración y luchar contra la desigualdad, la marginalidad y la exclusión”, y con la que además se muestra que “el Gobierno de coalición cumple con sus compromisos”.

Pretende por tanto “garantizar que el derecho a la vivienda es eso, un derecho, que los poderes públicos deben atender y no permanecer impasibles o mirar para otra lado cuando hay situaciones sangrantes que viven muchos ciudadanos y colectivos vulnerables”.

Además, es una ley que permitirá la emancipación de los jóvenes, que va poder “ofrecer un entorno seguro a los niños” en el seno de un hogar. “Protegemos también con ella la residencia de los más mayores, pues su casa es el lugar que más comodidad y tranquilidad les proporciona”, al tiempo que garantizamos ese derecho para el sector de la discapacidad con viviendas accesibles.
Estamos por tanto ante la aprobación de “una ley histórica, que servirá para combatir los excesos de acceso al mercado inmobiliario que se han producido hasta ahora” y que “va a ofrecer seguridad jurídica, porque la vivienda pasa de ser un bien de mercado a ser consagrada como un derecho”.
La ministra ha subrayado también que se trata de una norma “garantista”, que “protege al inquilino y al propietario y, desde esa perspectiva, también protege el derecho a la propiedad y en ningún caso invade las competencias de las comunidades autónomas”.
Para Raquel Sánchez “era urgente actuar ante una situación –producida durante los últimos años- de enajenación de un exiguo parque de vivienda pública”, de ahí que la nueva ley busque “revertir esa tendencia”, ya que actualmente el parque de vivienda pública da cobertura al 1,6% de los hogares en España, frente al 10% de los países de nuestro entorno.
Del mismo modo que “era urgente combatir las subidas abusivas de los precios, la creciente desigualdad y degradación de muchos barrios humildes, y hallar una salido al laberinto en el que muchos estaban por no poder asumir el pago de su vivienda en propiedad o pagar el alquiler”, dado que no era razonable.

En definitiva, con esta ley “asumimos el camino inverso a la liberalización y las burbujas inmobiliarias, y nos conecta con la realidad de miles de familias” que no pueden hacer frente a los suministros básicos.