La vicepresienta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha afirmado que «ha sido un semestre muy intenso en el que hemos activado nuevos resortes para generar un cambio socioeconómico y una verdadera transformación ecológica y ambiental del país».
La Moncloa | viernes, 30 de julio de 2021
Una primera Ley de Cambio Climático guiada por la ambición de transformar el país, el paquete de medidas coyunturales y a largo plazo para reformular el sistema eléctrico español y ajustarlo a las necesidades del consumidor, y el diseño de un nuevo marco legislativo que dé soporte a la Estrategia de Economía Circular han protagonizado la acción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el primer semestre del año. El MITECO ha impulsado además políticas transversales para afianzar la cohesión social y territorial en el marco de la lucha contra la despoblación y el reto demográfico.
Teresa Ribera ha afirmado que «avanzamos en el cumplimiento de la estrategia global de políticas verdes que el Gobierno se fijó desde el principio de la legislatura, hemos logrado hitos y sentado las bases para alcanzar otros a lo largo del año en materias como la gestión de residuos, calidad del aire, planificación hidrológica, energía y movilidad, con el objetivo de hacer a la sociedad española más resiliente frente al cambio climático y capaz, a la vez, de aprovechar las oportunidades de crecimiento sólido y equitativo que ofrece la transición hacia la descarbonización».
Una ley histórica
Por su trascendencia histórica, la ministra subrayó la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética por las Cortes como la piedra angular en el balance de su departamento. Una herramienta imprescindible para articular el resto de políticas y orientar así el proceso de recuperación hacia un modelo de prosperidad duradero y respetuoso con los límites del planeta, en línea con la estrategia climática la UE y el Acuerdo de París en la lucha contra la crisis climática y la adaptación a los desafíos del calentamiento global.
El compromiso de España con la descarbonización quedó reflejado en los objetivos de reducción de emisiones en sectores difusos (movilidad, usos térmicos en edificios, residuos o agricultura) que, con un recorte del 39%, está 13 puntos por encima de la meta del 26% fijada por la Unión Europea. Asimismo, mientras la UE establece una penetración de renovables entre un 38% y un 40% en el consumo final de energía para 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece para España un 42%. En lo que respecta a eficiencia energética, Europa considera necesario un aumento de entre el 36 y el 37% para 2030, mientras que el objetivo español se sitúa en el 39,5%.
Dentro de lo previsto en la propia Ley de Cambio Climático, en mayo el MITECO presentó a información pública la Orden ministerial para la organización de la Asamblea Ciudadana para el Clima, un instrumento de funcionamiento independiente con el que se deben reforzar las vías de diálogo y participación ciudadana, que permita establecer un debate social sobre la búsqueda de soluciones a la crisis climática. Se trata así de generar reflexión, conocimiento colectivo y consensos sobre las soluciones a las grandes transformaciones que es necesario acometer.
Un sistema eléctrico adaptado al consumidor
El enfoque social ha guiado toda la actuación del MITECO en materia energética, con especial énfasis en la protección los consumidores vulnerables en el contexto de la pandemia, manteniendo la prohibición de cortar los suministros básicos de luz, gas y agua, que durará hasta el próximo 31 de octubre. Además, sigue trabajando para optimizar los bonos sociales eléctrico y térmico, en línea con la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética.
La reforma estructural del sistema energético para avanzar en la senda de la sostenibilidad y reducir el precio de la electricidad de todos los consumidores es otra de las prioridades. Así, en enero se celebró la primera subasta renovable con el nuevo sistema retributivo -desarrollado en 2020-, que arrojó precios un 75% por ciento más bajos que los actuales. Además, está aprovechando las oportunidades que brinda el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia (PRTR) para acelerar la transición ecológica y el ahorro, y ha activado 2.370 millones en ayudas para fomentar la movilidad eléctrica, el autoconsumo, el uso de baterías y de sistemas de climatización renovable, así como para facilitar la restauración ambiental de zonas degradadas por la minería.
Objetivo, rebajar la factura
Parte de esta reforma estructural son dos proyectos normativos en avanzado estado de tramitación que rebajarán la factura final de los hogares un 15% cuando se apliquen en su totalidad: el primero es el anteproyecto para Ley por el que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido en el mercado eléctrico, que detraerá ingresos de las centrales atómicas e hidráulicas; el segundo es el proyecto de Ley por la que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que retirará más de 6.000 millones en cargos de la tarifa eléctrica.
Además de esas medidas estructurales -hay otras, como la introducción de criterios socioeconómicos y ambientales en los concursos que otorgarán el acceso a las redes eléctricas de las nuevas plantas renovables para que beneficien más a las zonas donde se ubiquen, o el lanzamiento de la normativa sobre nuevos mecanismos de capacidad-, el MITECO ha participado en dos medidas coyunturales clave para atajar la escalada del precio de la luz que está provocando la subida de la cotización del gas natural y el CO2 en los mercados internacionales: la reducción del IVA desde el 21% al 10%, y la suspensión del impuesto de sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que, combinadas, bajan la factura de un hogar medio más de un 12%.
Transición Justa
Además, se sigue avanzando en el desarrollo del PNIEC, refrendado con honores por parte de la Comisión Europea durante el pasado semestre, con actuaciones como la aprobación de la Estrategia de Almacenamiento Energético, o la salida a información pública de la propuesta de Hoja de Ruta de la Eólica Marina y las Energías del Mar, y de la Hoja de Ruta del Biogás.
Todo este proceso se acompaña de la aplicación de la Estrategia de Transición Justa, para no dejar atrás a quienes sufren temporalmente efectos negativos de la descarbonización y encauzar el impulso socioeconómico hacia las regiones donde cierran centrales de carbón o nucleares -como Los Barrios, As Pontes y Garoña-. Este semestre se ha firmado un acuerdo único en el mundo, junto al Ministerio de Trabajo y Economía Social, los sindicatos y las empresas, para amparar a todas las centrales térmicas de carbón del país y canalizar mejor los programas de ayuda.
Economía circular
Desde comienzos de año el MITECO ha avanzado también en la ejecución de los compromisos adquiridos en la Estrategia Española de Economía Circular aprobada en 2020. En mayo se aprobó el I Plan de Acción de Economía Circular (PAEC), dotado de 1.529 millones para financiar un total de 116 medidas que la Administración General del Estado ejecutará entre 2021 y 2023 a fin de consolidar progresivamente el despliegue de un modelo económico sostenible y descarbonizado.
El PAEC sienta las bases para un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos y aprovechando los que no se pueden evitar. Junto con la futura Ley de Residuos y Suelos Contaminados -cuyo proyecto aprobó el Consejo de Ministros del pasado 18 de mayo y se debate ahora en las Cortes-, conforma la clave de bóveda de todo el paquete de economía circular, una de las reformas estructurales más relevantes incluidas en la componente 12 del PRTR.
La futura Ley de Residuos fija por primera vez limitaciones a los plásticos de un solo uso, como los vasos para bebidas y los recipientes alimentarios destinados al consumo inmediato, cuya comercialización ha de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030. Prohibirá -a partir de su entrada en vigor- la introducción en el mercado de ciertos productos como pajitas, bastoncillos, cubiertos, platos, cualquier producto hecho con plástico oxodegradable así como las microesferas de plástico de menos de 5 mm. Y establece un impuesto sobre los envases no reutilizables, y tasas sobre el depósito en vertederos e incineración para incentivar la prevención, la reutilización y el reciclado.
Reto demográfico, reto de país
El reto demográfico, como expresión más evidente de las desigualdades territoriales en nuestro país, ha cobrado especial relevancia en la agenda del MITECO durante este curso político. En marzo se aprobó el Plan de 130 Medidas frente al Reto Demográfico, resultado de la acción transversal del Gobierno para combatir la despoblación y garantizar la cohesión social y territorial, al incorporar a las áreas rurales y los pequeños municipios en la implementación de la agenda de recuperación verde, digital e inclusiva. Con una perspectiva de Estado, se trata de garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio, gracias a la cooperación de todas las Administraciones Públicas, la estrecha colaboración público-privada y el aprovechamiento sostenible de los recursos endógenos.
Durante estos meses el MITECO ya ha puesto en marcha diferentes líneas de acción contempladas en el Plan en materia de movilidad sostenible, regeneración, transición energética o saneamiento. En julio presentó -junto con el Ministerio de Universidades y las universidades públicas- el Programa Campus Rural para favorecer la reconexión de los estudiantes universitarios con el territorio a través de una bolsa de prácticas académicas a desarrollar en el medio rural o en zonas en riesgo de despoblación. El Programa beneficiará a 200 universitarios en el curso 2021/2022 con experiencias de inmersión rural de entre 3 y 5 meses, que contarán con una ayuda de 1.000 euros al mes.
Nueva planificación hidrológica
En junio el MITECO dio a conocer su propuesta para los planes de cuenca del período 2022-2027. Los planes hidrológicos de tercer ciclo, que estarán en consulta pública hasta el próximo mes de diciembre, constituyen una herramienta esencial que permitirá abordar la gestión del agua en España durante los próximos seis años, en sintonía con los principios y estrategias del Pacto Verde Europeo y con los objetivos de adaptación al cambio climático.
La nueva planificación hidrológica no solo establece el volumen de agua del que disponemos en cada demarcación, sino cómo debemos priorizar sus usos y cómo gestionar riesgos crecientes de grandes avenidas y las fases de sequía. Además, definirá unos caudales ecológicos que aseguren la protección de las aguas y sus ecosistemas, reducirá las presiones que soportan las masas de agua, mejorará los sistemas de depuración, la gran asignatura pendiente en nuestro país, y fomentará el ahorro y la reutilización de este recurso esencial.
La mejora del tratamiento de las aguas residuales es otro de los grandes ejes en materia de aguas. El MITECO ha aprobado el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan DSEAR), un instrumento con el que revisar las estrategias de intervención en las políticas del agua y mejorar la eficacia de las acciones públicas en este ámbito. También, y con cargo a fondos del PRTR, se ha habilitado una primera partida de 100 millones para financiar las inversiones destinadas a mejorar el saneamiento y la depuración de aglomeraciones urbanas de menos de 5.000 habitantes equivalentes.
España es el primer país de la UE en número de presas y el quinto en el mundo en este tipo de infraestructuras. A propuesta del Ministerio, el Consejo de Ministros aprobó en abril la actualización de las normas técnicas para las presas y sus embalses, reforzando las exigencias de seguridad y graduándolas por tamaño y por los daños potenciales que puedan ocasionar aguas abajo.
Crece la Red de Parques Nacionales
La Red de Parques Nacionales ha incorporado recientemente a un nuevo miembro. Después de un largo proceso de planificación y tramitación, el Parque Nacional Sierra de las Nieves se vio finalmente reconocido con la máxima figura de protección ambiental y conservación en España. Se ha creado así el decimosexto parque nacional, tercero de la comunidad autónoma de Andalucía. Sus 23.000 hectáreas en el extremo occidental de la cordillera Bética acogen el 65% de la superficie de pinsapar en la península y se distingue además por sus raros afloramientos de peridotitas.
El trabajo del MITECO en la protección de la biodiversidad y el patrimonio natural se ha plasmado también en la reciente puesta en marcha del Plan para la Protección del Borde Litoral del Mar Menor. Elaborado por la Dirección General de Costas, incluye el Mar Menor y el tramo de costa que va desde el puerto de Pilar de la Horadada hasta Cabo de Palos. Se ha diseñado a fin de identificar las presiones que existen en este tramo de costa y establecer medidas para su protección y recuperación según lo establecido en la Hoja de Ruta del Mar Menor, con el doble objetivo de frenar el deterioro de la laguna salada, única por su alto valor ecológico, y contribuir a la recuperación de su dinámica natural.
Infraestructuras verdes
Este mes de julio, además, se aprobó a instancias del MITECO y otros ministerios la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas. Con un horizonte temporal hasta el año 2050, marca las directrices para identificar y conservar los elementos que componen la infraestructura verde del territorio español, terrestre y marino, y para que la planificación territorial y sectorial que realicen las administraciones públicas asegure la conectividad ecológica y la funcionalidad de los ecosistemas, su adaptación a los efectos del cambio climático, la desfragmentación de áreas estratégicas para la conectividad y la restauración de ecosistemas degradados.
Y el lince ibérico, especie icónica de la fauna ibérica y símbolo también de las amenazas contra la biodiversidad, proporcionó este semestre una gran noticia: el último informe de situación coordinado por el MITECO mostró que la población de Lynx pardinus en España y Portugal ha alcanzado los 1.111 ejemplares, la mejor cifra en dos décadas. Aunque sigue en peligro, la especie sale del estado de amenaza crítica gracias al esfuerzo conjunto de las distintas administraciones, propietarios de fincas privados y las instituciones europeas, que han contribuido con su financiación al éxito del programa de cría en cautividad.