La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presidido la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un órgano de coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en el que también participa la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias).

El objetivo de este encuentro no es la distribución de recursos -eso corresponde a las conferencias sectoriales de cada ministerio-, sino realizar el seguimiento y la evaluación de la implementación de los fondos europeos que recibirá España procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Durante la reunión, que se ha celebrado de forma telemática, la ministra Montero ha comunicado a las Comunidades Autónomas los avances realizados en el desarrollo del Plan de Recuperación que han permitido, entre otras cosas, la distribución de más de 7.250 millones de euros a las Comunidades Autónomas. Unos recursos fundamentales para llevar a cabo inversiones en materias claves para la transformación y modernización del país como la transición ecológica, la vivienda, la educación o la sanidad.

El encuentro también ha servido para anunciar los pasos a seguir en el despliegue de los elementos de control y seguimiento exigidos por la Comisión Europea para recibir unos recursos -hasta 140.000 millones en seis años- que deben servir para sentar las bases de la España del futuro.

En este sentido, la titular de Hacienda y Función Pública ha recordado los hitos ya completados en los últimos meses. En concreto, España fue de los primeros países en recibir la aprobación de Bruselas del Plan de Recuperación. Y lo hizo además con una calificación de excelente. El documento presentado plantea 110 inversiones y 102 reformas para lograr no solo la recuperación económica y la creación de empleo después de la crisis desatada por la pandemia de la COVID-19, sino para impulsar un cambio estructural en el tejido productivo que lo haga más competitivo, basado en cuatro ejes vertebradores: la transición ecológica, la digitalización, la cohesión territorial y social y la igualdad.

De esta forma, tras el visto bueno final del Ecofin el pasado 13 de julio, España recibirá en las próximas semanas un anticipo de 9.000 millones de euros, que será seguido de otro desembolso de 10.000 millones también durante este año.

Distribución de fondos

En su intervención en la conferencia sectorial, la ministra Montero ha destacado el trabajo realizado durante estos meses previos, tanto por el Gobierno como por las Comunidades Autónomas. De hecho, cabe destacar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se incluyeron las partidas para los fondos europeos, lo que ha permitido que se hayan podido asignar ya parte de esos recursos sin esperar a la aprobación del Plan de Recuperación por parte de Bruselas.

De esta forma, se han distribuido, asignado y acordado más de 7.250 millones a las Comunidades Autónomas entre las diferentes conferencias sectoriales.

Uno de los ámbitos prioritarios es avanzar hacia una economía más sostenible. Así, en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente se ha debatido, acordado y asignado el reparto de recurso de 2.147 millones de euros para, entre otras medidas, apoyar la implementación de la normativa de residuos, corregir tendidos eléctricos que eviten daños a la fauna o mejorar los servicios de saneamiento y depuración de aguas en municipios menores de 5.000 habitantes. En esta misma conferencia se analizó también los 400 millones del Plan Moves III para incentivar la movilidad eléctrica o los 660 millones para ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo.

También destacan los 1.631 millones repartidos en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo. Los 1.410 millones distribuidos en la Conferencia Sectorial de Educación, destinados, principalmente, a un plan de modernización de la formación profesional y a reducir la brecha digital dotando de dispositivos portátiles al alumnado más vulnerable.

Asimismo, se han distribuido en la Conferencia Sectorial de Derechos Sociales 731 millones entre las comunidades para reforzar la ‘economía de los cuidados’, las políticas de igualdad e inclusión social. O los 399 millones repartidos en la Conferencia Sectorial de Sanidad para invertir en equipos de alta tecnología sanitaria.

La ministra de Hacienda y Función Pública ha explicado que en los próximos meses se aprobará el reparto de fondos para la modernización y digitalización del sistema universitario español y para la rehabilitación energética de edificios. Asimismo, está pendiente de aprobación una orden del Ministerio de Transportes para conceder subvenciones a los municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano.

Por tanto, todas las medidas adoptadas a favor de las Comunidades Autónomas en las diferentes conferencias sectoriales remarcan la política de cogobernanza puesta en marcha por el Gobierno. Una estrategia que ya ha permitido la distribución de más de 7.250 millones a las Comunidades Autónomas, una cantidad que seguirá aumentando en los próximos meses en línea con los 10.500 millones comprometidos por el presidente del Gobierno el pasado viernes en la Conferencia de Presidentes celebrada en Salamanca.

Mecanismos de gestión y seguimiento

La ministra ha incidido en que los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación siguen una estructura novedosa que no se parece al diseño de los fondos europeos anteriores. De hecho, el Mecanismo de Recuperación es un instrumento finalista de financiación vinculado a la consecución de hitos y objetivos. Unos recursos que se reciben según se produce el cumplimento de esos objetivos o hitos indicados en el Plan de Recuperación, lo que requiere un cumplimiento por parte de todas las administraciones públicas.

Por este motivo, el Gobierno considera fundamental profundizar e intensificar la coordinación técnica entre los actores implicados en estos fondos de los distintos niveles de la administración. Para ello, la Secretaría General de Fondos Europeos, dependiente del Ministerio de Hacienda, trabaja en el sistema de gestión del Plan de Recuperación, que integra las reglas de seguimiento, así como de suministro de información para hacer efectivo dicha evaluación. Un sistema en el que participan todos los actores implicados en la ejecución de estos fondos, es decir, la administración central, autonómica y local.

En este sentido, la ministra Montero ha anunciado que en breve firmará dos órdenes ministeriales para poner en marcha este sistema de gestión y seguimiento. En dichas normas se recogerá todo lo relacionado con los datos de gestión e información de los fondos que permitirá conocer, entre otras cosas, el grado de ejecución de las medidas y el cumplimiento de los objetivos, que se incluirán en los informes de gestión que realizará de forma individualizada cada administración.

Asimismo, en septiembre se celebrará una reunión de responsables del Plan de Recuperación a nivel de Secretarios Generales y de Directores Generales para concretar con ellos todos los detalles técnicos de la puesta en marcha del sistema de gestión y seguimiento.

Otro aspecto importante es la manera en que computarán estos fondos europeos en las cuentas públicas, que será neutral en términos de déficit. Es decir, en términos de contabilidad nacional, cada vez que se refleje un gasto derivado del Plan de Recuperación, se recogerá simultáneamente y por el mismo importe un ingreso.

Por tanto, los fondos europeos permitirán consolidar la recuperación y la creación de empleo tras la pandemia e impulsarán procesos transformadores ya iniciados, que supondrán la transformación del modelo productivo que marcarán las próximas décadas. Y lo harán respetando el sostenimiento de las cuentas públicas.

Por último, la ministra Montero ha recordado que las comunidades están decidiendo libremente a qué áreas, dentro de las autorizadas por la normativa comunitaria, destinar los 10.000 millones procedentes de los Fondos REACT asignados para 2021 (8.000 millones) y 2022 (2.000 millones). Se trata de otro de los fondos habilitados por la UE para combatir los efectos de la pandemia que tienen a las Comunidades Autónomas como sus principales destinatarias.