La ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, ha manifestado su satisfacción por el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y los Sindicatos y que ha sido formalizado esta mañana en una reunión previa al Consejo de ministros, que garantiza “las pensiones de hoy y las de mañana”, reforzando la sostenibilidad del sistema público de pensiones en las próximas décadas.

Rodríguez ha querido dejar claro que “la defensa de un sistema público de pensiones es una prioridad para el gobierno que hoy da un paso más en su compromiso para lograr un pacto intergeneracional de rentas”. “No nos conformamos solo con dar tranquilidad a los pensionistas de hoy sino también a los de mañana y vamos a volver a llenar la hucha de las pensiones”, ha destacado.

Rodríguez, que ha comparecido en rueda de prensa tras el Consejo de ministros, acompañada por la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, y por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para informar de los asuntos aprobados, ha resaltado que el acuerdo alcanzado es importante porque revierte la situación anterior, heredada del gobierno del PP. “El PP recortó las pensiones y vació la hucha y nosotros las hemos subido y vamos a garantizar las pensiones de mañana”.

“El mecanismo que se va a poner en marcha es equitativo. Si no lo afrontamos la situación ahora, nos enfrentamos a una pérdida del poder adquisitivo del pensionista estimada en el 20%, unos 300 euros, cuando ahora hablamos de una aportación del trabajador en torno a los dos euros mensuales”, ha resumido.

“Este gobierno está avanzando en una recuperación justa que llegue a todos y en la que nadie se quede atrás” y ha recordado algunas iniciativas puestas ya en marcha por el Ejecutivo como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del SMI, la subida del 3,7 % a los empleados públicos o la cobertura de ERTES.

La portavoz ha abordado, antes de dar la palabra a las ministras, otros asuntos aprobados hoy en la reunión. En primer lugar, se ha referido a la concesión del indulto parcial a Juana Rivas. Se rebaja de pena de prisión de dos años y seis meses a un año y 3 meses. También se rebaja la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad respecto de sus hijos por la pena de ciento ochenta días de trabajos en beneficio de la comunidad.

A continuación, ha informado del anteproyecto de Ley por el que se regulan los servicios de atención al cliente para “garantizar nuestros derechos como consumidores y obtener una atención profesionalizada, gratuita, eficaz, accesible, no discriminatoria e inclusiva”. Profundiza en la atención profesional y personalizada y afecta a empresas privadas y empresas públicas de más de 250 trabajadores o con un negocio que supere los 50 millones de euros anuales. Esta norma legal ha pasado por Consejo en primera vuelta.

El anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones actualiza la ley anterior, adaptándola a las tecnologías del momento actual y busca una mayor transparencia. Incentiva la inversión en redes de comunicaciones, impulsa la coordinación de las Administraciones y la armoniza con la normativa europea.  Regula los servicios de telecomunicaciones electrónicas, garantiza su seguridad y forma parte en las reformas comprometidas con la UE. “Nuestro compromiso para 2025 es extender la conexión y la conectividad del 100% de la población española” y ha recordado que España es el tercer país en Europa con mejor conectividad.

En relación con este anteproyecto, el Consejo ha aprobado un Real Decreto de concesión de ayudas a las CCAA con fondos europeos dirigidos a la digitalización para impulsar la conectividad en centros en centros públicos de referencia como hospitales, centros de salud, centros educativos o polígonos industriales. Tiene una dotación de 360 millones de euros. Otro RD aprobado hoy, crea un bono social de acceso a banda ancha de hasta 240 euros al año para personas y familias en situación de vulnerabilidad. Con estas iniciativas e, Ejecutivo pretende acelerar la universalidad del acceso a la banda ancha en todo el territorio español.

65.000 NUEVAS PLAZAS DE EDUCACIÓN DE 0 A 3 AÑOS

Por su parte, la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha explicado el reparto de más de 670M€ a las CCAA para la puesta en marcha, en los próximos años, de 65.382 nuevas plazas públicas y gratuitas de educación infantil de 0 a 3 años; “una medida que fundamental para este Gobierno y presumo que muy bien recibida por cientos de miles de familias españolas”, señaló.

Junto a los aspectos positivos de esta medida en favor de la “equidad” y la “igualdad de oportunidades”, así como la “mejora de la calidad del sistema” que implica la educación temprana, Pilar Alegría se ha referido al “importante impacto social” que tendrá el dar “una nueva oportunidad a muchas familias que podrán así escolarizar a sus hijos en los primeros meses de su infancia”, y que ahora se enfrentaban a la imposibilidad de poder asumir su coste.

Esas más de 65.000 plazas públicas, gratuitas, que se van a crear en centros de máxima calidad educativa, “aliviarán claramente la economía de muchas familias, especialmente las más jóvenes, permitiéndoles además esa necesaria conciliación laboral, personal y familiar” -destacó la ministra- y crearán igualmente puestos de trabajo, sobre todo de mujeres.

“Por lo tanto estamos poniendo en marcha nuevamente el ascensor social, desde las edades más temprana, para avanzar en una verdadera igualdad de oportunidades para todos”.

El Ejecutivo ha aprobado también la distribución entre las CCAA de 87,7 M€ para la mejora de la cualificación, la recalificación y el reciclaje de trabajadores y desempleados, dentro de los programas de Formación Profesional para el Empleo. Y una tercera medida como es un Real Decreto de evaluación de las distintas etapas del sistema educativo.

PLAN ESTRATÉGICO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

Intervino también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para presentar el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social aprobado en el Consejo de ministros, al que se refirió como “una de las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales de nuestro país”, con el que “estamos anticipándonos a cualquier posibilidad de fraude masivo que pueda existir -como existe- en el mercado de trabajo”.

Diaz destacó el cambio de paradigma que supone el plan para la inspección de trabajo tal y como la conocemos hasta ahora, ya que “abrimos el foco y ampliamos la mirada hacia todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero en el sostén de relaciones laborales que han de ser de calidad, basadas en la lucha contra la precariedad y, sobre todo, contra el fraude”, desde los falsos autónomos hasta muchísimos sectores que son nuevos.

Recordó en este punto que, de enero a mayo de este año, se han multiplicado en un 355% la actividad de la Inspección de Trabajo, lo que supone “un récord” histórico y que, gracias a campaña desplegadas en determinados sectores y cruzando datos de temporalidad, en tres meses se han conseguido convertir en indefinidos 267.000 contratos de trabajo.

Resaltó también que la estrategia vaya acompañada de un “hito”como es que, por primera vez, la Inspección de Trabajo cuente con “un presupuesto propio”, y la creación de dos nuevas oficinas laborales, una para la lucha contra la discriminación y otra para la lucha transnacional contra el fraude.