Por Diego Cruz Torrijos El País. …

La empresa pretende subastar 46 propiedades por toda la Comunidad de Madrid sin hablar con los Ayuntamientos inmuebles, y ahora vuelve a las andadas pretendiendo subastar otras 46 propiedades. Estas ventas no han solucionado los problemas de equipamientos de la administración autonómica o de los ayuntamientos que pudieran dar servicio a la ciudadanía de la región.

Así lo comprobamos al recordar lo sucedido con el edificio de la calle de Buen Suceso 12, adquirido en 2014 por el Canal de Isabel II por 14 millones de euros. Este edificio nunca fue utilizado y tras múltiples preguntas desconocemos el verdadero objeto de la compra, así como la existencia de informes previos que aconsejaran la misma, algo lógico al tratarse de una compra por alto valor. Eso sí, sabemos por informaciones periodísticas que, siendo presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre, se tasó en 12 millones de euros…

Nuevamente hemos conocido la intención del Canal de Isabel II de subastar 46 propiedades en varios municipios de la región, otra vez sin mediar comunicación con los Ayuntamientos en los que se ubican esas propiedades. Algunos de estos Consistorios son accionistas del Canal, como paso previo a la subasta para conocer el posible interés del Ayuntamiento en esa propiedad. Estas operaciones están justificadas para “mejorar el control de las finanzas públicas y disciplina presupuestaria “, mientras el Gobierno regional viene considerando garantizada la solvencia y solidez financiera de Canal.

Una vez más, asistimos con indignación a la pérdida de patrimonio y recursos a manos de gestores que en lugar de cuidar lo que es de todos no dan oportunidad a estudiar el posible nuevo uso de esas propiedades para satisfacer necesidades públicas. Así envilecen el objeto esencial de la política, que debe ser promover el bien común y no ser fuente de alimentación para la voracidad depredadora de algunos mercaderes.
Estas dudosas operaciones no pueden producirse. A pesar de haberse iniciado el procedimiento de subasta de al menos seis viviendas y 16 solares en Leganés, Madrid, Navalcarnero y San Fernando de Henares, tenemos que exigir que no vuelva a suceder. El Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado una iniciativa para garantizar que no se procediera a ningún tipo de enajenación del patrimonio inmobiliario del Canal sin ponerlo en conocimiento de los Ayuntamientos en los que se ubiquen esas propiedades, la intención de proceder a esa enajenación, promoviendo en caso de que exista interés por las administraciones públicas, el diálogo necesario para un acuerdo entre ambas partes que contribuya a dotar de un nuevo uso público y social a ese patrimonio que, no lo olvidemos, es de todos.