Exigimos justicia para los que incumplen los derechos de mayores
“Verdad, justicia y reparación” para los 35.000 que murieron en las residencias se pedía en una reciente protesta de nivel estatal, al tiempo que pedían un cambio de modelo en las residencias.

También desde esta campaña Madrid tiene el dudoso honor de encabezar la lista de comunidades con el 77% de muertos 7291 sobre los 9470 residentes sin que les permitieran acceder a los servicios hospitalarios aunque es la comunidad que mas servicios médicos puede ofrecer, contando hospitales públicos y privados, claro a que a estos no se derivaron enfermos del Covid-19, solo iban los que tenían seguro médico.

No se trata de protestar por el número de fallecidos. Con solo un fallecido sin atención médica por culpa del protocolo que fue aprobado el 18 de marzo de 2020 que restringía la derivación hospitalaria de personas con gran dependencia o discapacidad, es decir a los más débiles, los que tenían un alto nivel de deterioro cognitivo, con independencia de que tuvieran Covid o no, protocolo que no solamente se aprobó sino que fue ejecutado de forma sistemática, habría que denunciar porque se conculca el artículo 3 de los Derechos Humanos: “Todo individuo tiene derecho a la vida” y del artículo 50 de la Constitución Española referido a las personas mayores: “Los poderes públicos garantizarán y promoverán un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud…”, asimismo el artículo 15: “Todos los españoles tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte…”.

Es evidente que quienes aprobaron ese “protocolo de la Vergüenza” o quizás haya que llamarlo “protocolo asesino” debieron leer los artículos constitucionales, porque hicieron todo lo contrario de lo que dice la Constitución Española.

También Alberto Reyero, entonces Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, en junio de 2020 en una intervención en la Asamblea Regional consideró que “no debían existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia y discapacidad. No es ético y probablemente no sea legal”.

Parece muy evidente que hay mucho que tapar cuando el gobierno de la Comunidad no quiera poner en marcha ninguna comisión de investigación. Y tampoco se puede entender que de 441 diligencias de investigación abiertas entre 2020 y 2022 por los fiscales, 414 acabaran archivadas.

Y como parece que no ocurrió nada, no solo no hay “verdad, ni justicia” y mucho menos reparación y continua una “obscena privatización” y unas normas que ya se han estudiado por cuantos profesionales, familiares de residentes han estudiado los servicios que se prestan en las residencias. Pero que aún no están funcionando.